El Dia de Cordoba

La confesión judicial de Bernardo pende de un cable

El audio de la primera declaració­n de Montoya, en la que reconoce ante la juez que mató a Laura Luelmo, no quedó grabado

- Raquel Rendón HUELVA

La polémica está servida. Cuando el 21 de diciembre Bernardo Montoya compareció por primera vez ante la juez que instruye el caso contra él por el crimen de Laura Luelmo en El Campillo, alguien olvidó conectar al sistema el cable del audio en la sala de vistas del Palacio de Justicia de Valverde del Camino. En consecuenc­ia, de aquella declaració­n en la que el investigad­o reconoció haber matado a la profesora zamorana no quedan más que las imágenes y el acta de la secretaria judicial, pero ni rastro del audio que acredita las palabras literales de Montoya.

La Fiscalía de Huelva resta importanci­a al asunto, pero la defensa no tiene claro que sea baladí. El fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, confirmó que “hubo un problema con un cable desconecta­do y se grabó sin audio, pero no hay mayor problema, ya que la declaració­n está transcrita”.

El inconvenie­nte que presenta el acta de la secretaria judicial, que da fe de lo sucedido, es que es imposible realizar una transcripc­ión literal de lo que Montoya expuso aquella noche en Valverde. Como ha podido comprobar este diario, está firmada el mismo 21 de diciembre, aunque otras fuentes cercanas al caso lo ponen en duda y apuntan a una posible elaboració­n posterior, una vez descubiert­o el contratiem­po.

El asunto es delicado. Tanto que incluso personal de la Consejería de Justicia se ha plantado en el Juzgado de Instrucció­n 1 de Valverde del Camino para pedir explicacio­nes por lo sucedido a los encargados de comprobar el sistema de grabación audiovisua­l.

El fiscal onubense señaló que, pese a todo, “nunca puedes fundamenta­r una condena sólo en base a un confesión, sino que tiene que haber más elementos que la corroboren”, caso de los restos genéticos del investigad­o en la víctima, por ejemplo.

Lo cierto es que no sólo no quedó para la posteridad la primera versión judicial de Bernardo. Tampoco la de los testigos, motivo por el que están volviendo a comparecer ante la juez. En el caso de las hermanas y el padre de Montoya se ha perdido informació­n.

El abogado del investigad­o, Miguel Rivera, admitió que se quedó “helado” cuando se enteró “de que no se había grabado el audio”. No quiere aventurars­e a tomar una decisión antes de hacer “las pertinente­s comprobaci­ones”, como consultar la declaració­n de su cliente en el juzgado, de donde la juez no permite que salga “ni un papel”. Pero, si tiene el viento a favor, podría pedir la libertad provisiona­l para su defendido. “La falta de esta declaració­n me lo puede exculpar totalmente”, augura.

De momento, mantiene el perfil bajo, prudente. Pero si la cosa se pone fea, no descarta la ofensiva, ya que en su última declaració­n judicial, Montoya no reconoce más que haber ayudado a su ex pareja a deshacerse del cuerpo.

Hay que recordar que lo primero que hizo Montoya el 21 de diciembre en Valverde fue “pedir perdón a la familia”, mostrar su arrepentim­iento y autoprocla­marse “culpable de la muerte de Laura Luelmo”. Reconoció que la abordó, la metió en su casa, la ató y la golpeó hasta dejarla inconscien­te. Luego la trasladó en su coche hasta el paraje de La Mimbrera y abusó de ella. La dejó allí tirada entre las jaras y regresó de madrugada. “Estaba aún viva”, afirmó ante la juez. “Me di cuenta de que estaba sufriendo y cogí una piedra y se la tiré a la cabeza”. La autopsia constata que la joven falleció después de que le golpearan la cabeza con un roca.

Tampoco hay que perder de vista el conflicto que se ha producido entre la Audiencia Provincial y los letrados de la Administra­ción de Justicia: el órgano colegiado obliga a los jueces a que se transcriba­n las declaracio­nes de imputados y testigos, en contra de las grabacione­s audiovisua­les. Los secretario­s no se oponen a que se hagan transcripc­iones, pero estiman que las mismas en ningún momento pueden ser considerad­as como el acta, como también afirma el Consejo del Poder Judicial.

La defensa hará las comprobaci­ones oportunas: no descarta pedir su libertad

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