LOS PLANES PROVINCIALES EMPIEZAN A CONTRIBUIR AL DESARROLLO MUNICIPAL
Buena parte de la culpa de la modernización de los municipios de Córdoba las tienen las miles de obras a la que los distintos ayuntamientos se han acogido convocatoria tras convocatoria desde que en 1979 se pusieron en marcha unos primeros Planes Provinciales en los que se han invertido desde entonces muchos millones de euros
La Diputación ha jugado un papel protagonista y primordial en el desarrollo urbanístico de los municipios durante los últimos 40 años. La primera piedra para ello la puso l a primera Corporación postfranquista con la elaboración en brevísimo espacio de tiempo de los primeros Planes Provinciales de Obras y Servicios y de la Comarca de Acción Especial de la Zona Norte del ejercicio 1979. Más de 10,7 millones de euros –1.174 millones de pesetas de las de entonces– importaron esas actuaciones durante 1979 y durante 1980.
A la vista del elevado índice de paro que padecía la provincia “y en el deseo de que la Diputación colabore en aliviarlo en grado máximo dentro de sus posibilidades de actuación en materia de obras públicas”, según recoge el acta de la reunión de la Comisión de Obras Públicas celebrada el 21 de junio de 1979, se acordó “agotar el tope máximo de los recursos crediticios disponibles para su aplicación a los Planes Provinciales”. Además, se acordó asimismo elaborar planes extraordinarios de obras financiados con operaciones crediticias hasta llegar a un límite razonable de endeudamiento y “agilizar al máximo el proceso de adjudicación de obras favoreciendo la contratación directa. En dicha comisión también se puso de manifiesto la delicadísima situación económica por la que atravesaban los ayuntamientos, por lo que la Diputación se encargó de tramitar con el Banco de Crédito Local todas las operaciones crediticias que debían llevar a cabo los consistorios, así como de darle anticipos aquellos municipios a los que la necesidad de actuación se les hubiera calificado como urgente.
Para la selección de esas primeras obras que empezarían a modernizar a los municipios cordobeses se fijó un orden de prelación que le daba prioridad primero a las obras de abastecimiento de agua –captaciones, depuración, conducción y depósito– y después a los emisarios o colectores de saneamiento. Y es que en aquellas fechas en muchas localidades de la provincia, más bien en la mayoría, el agua no llegaba a las casas a través de grifos como ocurriría años más tarde, sino que las poblaciones se abastecían a través de fuentes y pozos.
Las siguientes actuaciones en prioridad eran los llamados “accesos imprescindibles” o aquellos accesos específicos a “centros de interés general” como escuelas o cementerios o bien a núcleos rurales que no disponían de ningún otro acceso de carácter municipal o provincial. A continuación se situaban las actuaciones en “caminos vecinales”, estas actuaciones comprendían la mejora y afirmado asfáltico de aquellos caminos o tramos cuya transformación se consideraba más urgente de acuerdo con el servicio que prestaban. Inmediatamente después se situaba la construcción y reparación de casas consistoriales “ya que se estima que las corporaciones municipales han de contar con un local digno donde tener su sede”. Y por último, las “obras de infraestructura urbana de difícil financiación”; o lo que es lo mismo, comprendían actuaciones de alcantarillado, distribuciones de aguas, pavimentaciones de rondas...que no afectaban a un grupo vecinal concreto.
Entre las decisiones de esa Comisión de Obras Públicas que luego aprobó el Pleno provincial también se fijaron las aportaciones económicas municipales para los distintos tipos de actuaciones. Esas aportación oscilaban entre el 5% para las actuaciones relacionadas con el abastecimiento de agua –sondeos, captaciones y conducción general–, y los colectores emisarios y el 50% para las urbanizaciones y pavi
mentaciones. Las obras relacionadas con la construcción de depósitos municipales de agua requerían de un 10% de inversión económica municipal; de un 15%, las de caminos municipales de acceso; de un 25%, la construcción o reparación de casas consistoriales; y de un 35%, las obras de alcantarillado y de redes de distribución.
En sesión plenaria de 30 de junio de 1979, la Diputación aprobó, de conformidad con la Comisión de Obras Públicas, aprobó la elaboración de los Planes Provinciales de Obras y Servicios y de la Comarca de Acción de la Zona Norte. Tan sólo casi dos meses después de que se constituyera esa primera Corporación provincial postfranquista.
Durante el ejercicio 1979 se desarrollaron 105 obras con un montante total de más de 523,5 millones de las antiguas pesetas, mientras que en el ejercicio 1980 se ejecutaron 111 obras con una inversión total de casi 638 millones de las antiguas pesetas.
En las sesiones plenarias de aquella primera Corporación se destacan “cuatro importantes proyectos que pueden servir de muestra de la visión de futuro que alienta los esfuerzos y gestiones de la Diputación para impulsar y colaborar con otros organismos y corporaciones públicas en la financiación y ejecución de obras que por su trascendencia afectan a grandes zonas de la provincia o, como en el caso de las comunicaciones con Ciudad Real, son de ámbito interprovincial. Uno de ellos era de esos cuatro “importantes proyectos” era el del abastecimiento conjunto a varios municipios del Valle del Guadalquivir mediante la construcción de una presa en el arroyo Martín Gonzalo. Este “ambicioso proyecto” iba a permitir llevar agua “en cantidad y calidad” a los municipios de Montoro, Villa del Río, El Carpio “con su poblado de Maruanas”, Adamuz “con su poblado de Algallarín”, Villafranca, Pedro Abad “con su aldea de Morente”. “Pueblos que actualmente la toman para suministro del contaminado Guadalquivir”, según aparece reflejado en la documentación de una de las sesiones de la Comisión de Obras Públicas.
El segundo de esos proyectos importantes era el del abastecimiento de agua a las aldeas de Fuente Obejuna, una actuación calificada como “urgente”. Mientras que el tercero era el de establecer comunicaciones directas entre las provincias de Córdoba y Ciudad Real, comunicaciones que en ese momento “exclusivamente las que permiten las carreteras de Posadas a Almadén y las de Córdoba a Tarragona por Cuenca, efectuándose el cruce de los límites entre ambas provincias, bien por Santa Eufemia, bien por Cardeña”. Se insistía en que ambas provincias contaban con comarcas totalmente incomunicadas, “el Valle de los Pedroches y el Valle de Alcudia” y se defendía que “son muy dignas y de la mayor consideración las justas aspiraciones de los pueblos del Valle de Los Pedroches, que desde hace muchos años vienen intentado un acortamiento de su distancia a Ciudad Real y Madrid”.
Y el cuarto de esos cuatro importantes proyectos era el de la comunicación directa entre los municipios de Adamuz y Obejo con la prolongación del entonces camino vecinal De Mirabuenos. En el proyecto se pone de manifiesto que había para ir de un pueblo a otro había que recorrer un centenar de kilómetros a través de la única comunicación existente entre ellos por Villanueva de Córdoba.