Las presas de embalse de la Junta
El autor reflexiona sobre la gestión que hace la Administración autonómica de estas infraestructuras hidráulicas y de la amplia variedad que hay a lo largo del territorio andaluz
LA transferencia a la Junta de Andalucía de sus cuencas intracomunitarias, tanto mediterráneas como atlánticas, mediante sendos reales decretos de octubre de 2004 y de diciembre de 2005 supuso lógicamente también el traspaso de 27 presas de embalse ubicadas en las cuencas referidas. La presa más baja, Guadalmina, tiene 21 metros de altura, y la más alta, Béznar, 134 metros. La altura de las demás se distribuye como sigue: dos superan los 100 metros, 16 los 50 metros y las siete restantes están entre 21 metros y 50 metros
La tipología de estas presas es muy variada. Hay once que son de hormigón, de las cuales siete son de gravedad, tres son de arco-gravedad y hay, finalmente, una bóveda de doble curvatura. Las otras dieciséis son de materiales sueltos, de las que para asumir la función de impermeabilidad, once tienen un núcleo interior de arcilla, tres son homogéneas y las dos que quedan tienen una pantalla superficial de hormigón.
La capacidad de embalse es de 3.984,4 millones de metros cúbicos. Estos embalses junto con los distintos acuíferos existentes garantizan las demanda de agua para los diversos usos: abastecimiento, regadío, industrial y recreativo. Todo ello sin olvidar la necesaria y prioritaria siempre, salvo en casos muy excepcionales, demanda ecológica.
Todos estos datos ponen de manifiesto la suma importancia económica y estratégica del patrimonio hidráulico transferido, que
quizá aún no ha sido suficientemente valorado por la Junta de Andalucía.
Las piezas clave de este patrimonio son las presas, sin ellas no hay ni embalses, ni agua guardada de las épocas en que llueve para cuando hay falta de lluvias. También se debe tener en cuenta que las presas son estructuras delicadas que requiere una explotación cuidadosa, especialmente en atención a su propia seguridad, pues el colapso de una presa puede suponer daños personales, incluso numerosas víctimas mortales y grandes pérdidas materiales.
En relación con la seguridad las normativa vigente las clasifica en tres tipos:
A: Cuando en caso de rotura los daños ocasionados son muy importantes y además hay víctimas mortales.
B: Cuando en caso de rotura los daños son importantes.
C: Únicamente hay en caso de rotura daños leves.
Las presas titularidad de la Junta de Andalucía, a excepción de cuatro de ellas, están a estos efectos clasificadas como A y B.
A título de ejemplo se puede citar la rotura de la presa de Tous en Valencia en octubre de 1982, que causó 40 muertos y obligó al Estado al pago de 300 millones de euros en concepto de indemnizaciones. La sentencia judicial estableció como causas: falta de personal especializado en la obra, déficit de mantenimiento y vulneración de las normas de conservación y seguridad. También en Sevilla el colapso de la presa de Aznalcóllar, en 1998, causado por el fallo de la cimentación, obligó a la Junta de Andalucía a gastar 90 millones de euros para limpiar el cauce y riberas del río Guadiamar en los parques Nacional y Natural de Doñana.
La seguridad de las presas es una cuestión primordial, por ello están dotadas de un sistema de auscultación, bastante sofisticado a veces, como ocurre en Béznar. Consecuentemente la normativa estatal exige para dirigir la explotación de una presa tener la titulación de ingeniero, formado curricularmente en la materia y con experiencia en esta.
Hasta el desafortunado Plan Bolonia, que España aceptó precipitadamente, la única ingeniería capacitada para esta función era la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Esperemos que no se obtenga la capacitación de los futuros ingenieros expertos en materia de presas por el método que se han obtenido tan escandalosamente algunos títulos de master.
Veamos a este respecto como se están dirigiendo las explotaciones de las presas que nos ocupan. Hay dos presas dirigidas por sendos ingenieros que cumplen la normativa; hay otro ingeniero asimismo cualificado, pero que está sobreexplotado pues lleva directamente cinco presas y coordina otras siete y otras cinco las lleva un ingeniero cualificado, próximo a la jubilación, en sustitución de un biólogo que fue cesado. En las demás, los directores de explotación no tienen ni la formación y experiencia necesarias para desempeñar la tarea encomendada, cuestión que es primordial.
No nos resistimos a citar un caso realmente sorprendente, el de las presas de Guadarranque y Charco Redondo ambas en el Campo de Gibraltar de más de 70 metros de altura, cuyos embalses superan los 79 millones de metros cúbicos, cuya explotación está encomendada a una licenciada en Biblioteconomía.
Tales dislates, sin duda peligrosos se deben al modelo con que se ha construido la Administración Autónoma Andaluza, que al bajar del habitual nivel 30 (Director General) en la Administración del Estado para los puestos de libre designación al 26 (Jefe de Servicio), para los funcionarios que optan a un puesto. Si además no se exige requisito específico alguno, para puestos como los de la seguridad de las presas, da la impresión que quizá se estén prefiriendo otros criterios al de la capacidad.
Haré un ruego final a los gobernantes actuales de la Junta de Andalucía, en especial al consejero que tenga encomendadas las presas, que no es responsable de los nombramientos hechos en su día para dirigir la explotación de las presas, titularidad de la Junta de Andalucía, pero si no corrige la situación lo antes posible, con el respeto debido a las personas que pudieran ser afectadas, podrá incurrir en responsabilidad ante cualquier accidente posible, que en modo alguno deseo.
La normativa exige que sea un ingeniero el encargado de dirigir la explotación de una presa