La gestión de las cuencas hidrográficas andaluzas
El autor reflexiona sobre los errores cometidos por la Junta en la administración de las políticas hídricas con especial atención a la presa de Rules (en Granada) bloqueada desde hace una década
EL modelo de gestión iniciado por España, con la institución de las Confederaciones Hidrográficas en el año 1926, se ha ido adoptando en todo el mundo y ha supuesto la mejor aportación a la gobernanza del agua.
La Ley de Aguas estableció dos tipos de cuencas hidrográficas, aquellas cuyo territorio se distribuye entre varias comunidades autónomas y se les denominaba intercomunitarias y las que tenían su territorio en una sola comunidad autónoma que se les llamaba intracomunitarias. Según los preceptos constitucionales las segundas se consideraban competencia exclusiva de la comunidad autónoma donde se encontraban y, consecuentemente, podían ser transferidas a la comunidad que lo solicitase.
Andalucía tiene varias cuencas mediterráneas intracomunitarias, desde la del río Almanzora en Almería hasta la del río Guadiaro en Cádiz. Asimismo tiene
otras cuencas atlánticas de esta condición, en Cádiz las de los ríos Barbate y Guadalete y, en Huelva, las de los ríos Tinto, Odiel y Piedras. A efectos de gestión, las mediterráneas se agrupaban en la Confederación Hidrográfica del Sur de España, con sede central en Málaga, si bien tenía oficinas en Almería, Granada y Campo de Gibraltar. Las atlánticas de Cádiz estaban adscritas a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y las onubenses a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Las transferencias de las cuencas mediterráneas (la Confederación Hidrográfica del Sur completa) se produjo mediante R. D. 29/10/ 2004; la de las atlánticas tuvo lugar por R.D. 23/12/2005. Como apoyo a las competencias asumidas el Ministerio de Medio Ambiente firmó, en mayo de 2005 un convenio de colaboración con la consejería análoga, por este cual comprometía 237 millones de euros para financiar obras en las cuencas transferidas, entre otras las conducciones derivadas del embalse de Rules (Granada). La obligación que contraía la consejería era redactar los proyectos necesarios para licitar las obras.
Con las transferencias citadas la Administración autonómica andaluza se hacía cargo de la gestión hídrica en el 37% de su territorio, donde se asienta hoy el 51% de su población y se genera el 42% del PIB.
Las principales fuentes de riqueza de las cuencas transferidas son la agricultura avanzada bajo plástico y los frutales subtropicales, así como el turismo. Es clara la importancia capital que cobran las presas transferidas y sus embalses, que suman en total 3984,4 millones de metros cúbicos de capacidad. Sin olvidar las necesidades del abastecimiento, considerado hoy ya en medios internacionales como un derecho humano.
Los responsables políticos de la Junta de Andalucía, obsesionados por conseguir más competencias, solicitaron la transferencia de la cuenca del Guadalquivir, la única que tiene territorio en las ocho provincias andaluzas. El R. D. 17/10/2006 en su propio título olvidaba la unidad de cuenca hidrográfica, pues aludía al “traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la comunidad autónoma de Andalucía(...) las aguas correspondientes a la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por el territorio de la comunidad autónoma”. Como se puede saber en la provincia de Jaén la procedencia de las aguas del Guadalquivir. La Junta de Extremadura recurrió el Real Decreto citado ante el Tribunal Constitucional, que en sentencia de 14/6/2011 lo anuló.
Las cuencas transferidas se adscribieron a la Agencia Andaluza del Agua, organismo autónomo, creado en enero de 2005. Este contaba con cuatro direcciones generales en Sevilla, eliminando la dirección de la Confederación Hidrográfica del Sur de España, que había estado siempre en Málaga; las dependencias territoriales que esta tenía se adscribieron a las delegaciones provinciales de agricultura. Qué extraña paradoja, cuando el mundo acepta la gestión hídrica por cuencas hidrográficas la Junta de Andalucía la hace provincial, ignorando que cuatro de sus cuencas importantes tenían territorio en dos provincias.
La sustitución de la Agencia Andaluza del Agua por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, degradó aún más la política y gestión hídricas, puesto que la Agencia se calificaba como ente instrumental de la Consejería de Agricultura.
Entre tanto vaivén de agencias, nadie en la consejería firmante hizo un seguimiento del convenio con el Ministerio. Consecuentemente no se redactaron todos los proyectos que la Junta se comprometió para contratar las obras previstas.
El proyecto de las conducciones del embalse de Rules, con cuyas aguas se podrían haber transformado en regadío diez mil hectáreas en la zona costera granadina, que habrían creado, únicamente en la producción, 10.000 puestos de trabajo. En el año 2012 la Junta aceptó eliminar del convenio el proyecto de las conducciones de Rules.
Ahora, siete años más tarde, se va a iniciar por la Administración central la información pública del Proyecto Básico de las Conducciones de Rules, que no es documento válido para la licitación. En España y Andalucía hay numerosísimas obras construidas sin proyecto básico, pero sí con un proyecto de construcción.
La Junta de Andalucía se convirtió en titular de la presa de Rules, donde había previsto un aprovechamiento hidroeléctrico en enero de 2005. Nueve años después la Consejería de Medio Ambiente convocó el necesario concurso, que se adjudicó a finales de 2018. Parece necesario que los actuales responsables de la gestión del dominio público hidráulico, investiguen las responsabilidades en que han podido incurrir sus antecesores, no sólo para exigirlas sino para evitar retrasos análogos en el trámite concesional, necesario para iniciar las obras, que necesitarán un año más. Es bueno saber que la oferta adjudicada ofrecía producir veintiséis millones de kilovatios hora al año
Se debe comentar para tener idea de las pérdidas económicas producidas, que la presa de Rules se liquidó en mayo de 2005 con un importe de 205 millones de euros, suma importante y aún no ha producido un céntimo.
Así pues la gestión de las cuencas andaluzas es muy mejorable, basta con seguir la experiencia de casi cien años de las Confederaciones Hidrográficas.
La Administración andaluza se hace cargo de la gestión hídrica del 73% de su territorio
Las cuencas transferidas se adscribieron a la Agencia Andaluza del Agua en enero de 2005