El Gobierno no da su brazo a torcer con el 8-M
● Montero ve “interés partidista” de la derecha en las críticas ● “Es llamativo que sólo se haga hincapié en ese acto”, dice el titular de Interior
Arrecian cada vez con más contundencia las críticas al Gobierno por permitir el 8 de marzo, en plena expansión de la epidemia en España, las manifestaciones del Día de la Mujer. Y, todos a una, los miembros del Gabinete de Pedro Sánchez cierran filas para defender la decisión. La ministra de Igualdad, Irene Montero, que se encuentra “muy bien” tras haber pasado las dos semanas de cuarentena tras su contagio, acusó ayer a “la derecha y la extrema derecha” de “utilizando la crisis” para “atacar con saña a las mujeres y al feminismo”, pese a que, a su juicio, los intentos de vincular la propagación del virus con el carácter multitudinario de esas marchas “no responden a un dato científico sino al interés partidista”.
Tras volver a lamentar “la agresividad y el odio de la extrema derecha”, Montero admitió no obstante que “cuando esta crisis pase y nos podamos sentar a hablar con calma habrá que ver qué decisiones se podrían haber tomado y ver qué no se ha hecho bien”. “Hay que tener humildad –concluyó–, nadie puede decir que todo se ha hecho fatal, ni tampoco que no se haya ha cometido algún error”.
En el mismo sentido se pronunció la ministra de Eduación, Isabel Celaá. “Es muy fácil con el conocimiento que tenemos hoy analizar el pasado, pero no es justo”, lamentó Celaá antes de defender que “en todo momento” el Gobierno respetó las “indicaciones de los servicios sanitarios”. A aquellas alturas de marzo, declaró la ministra en Onda Cero, “no se había ordenado el confinamiento, sí los debidos cuidados, pero no el aislamiento social, y además ese día hubo otras convocatorias, partidos de fútbol, ferias de arte...”.
Horas después, en la rueda de prensa telemática que ofreció junto al titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, Fernando Grande-Marlaska abundó en estas mismas ideas. En aquel momento, sostuvo el ministro del Interior, no existía “ninguna circunstancia” ni dato de las autoridades médicas que aconsejaran la suspensión de las marchas del 8-M. “Llama la atención que únicamente se haga hincapié en este acto, cuando ese día hubo más, pero no es el momento de polemizar”, afirmó Marlaska, quien no obstante no dejó pasar la oportunidad de recordar que ese domingo hubo en todo el país “una pluralidad de actos públicos” tanto culturales como deportivos, amén de alguno convocado por un partido político “de todos conocido”, en evidente referencia al que celebró Vox en Madrid.
En el turno de preguntas, el ministro del Interior evitó pronunciarse sobre a qué administración le hubiese correspondido retirar el permiso de las concentraciones, si al Ministerio de Sanidad, a la Delegación del Gobierno correspondiente o a cada una de las comunidades autónomas en las que se desarrollaron las marchas.
Hay quien, en cualquier caso, ya ha elevado el tiro a la Presidencia del Gobierno: Víctor Valladares, el mismo abogado que ha logrado que una jueza de Madrid investigue al delegado de Gobierno en Madrid por estos hechos, presentó una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez por permitir concentraciones multitudinarias días antes de declarar el estado de alarma. Para el denunciante, esta decisión implica que el presidente incurrió en un delito de prevaricación administrativa por omisión.