Andalucía reserva 800 camas de UCI libres a la espera del pico
● La Junta garantiza que el sistema sanitario tiene “margen” para atender un aluvión de casos gracias a 12.000 plazas en hospitales ● Descontento entre el personal sanitario
Andalucía cuenta con alrededor de 800 camas de UCI con respiradores para atender a un hipotético aluvión de pacientes graves con coronavirus. La cifra, facilitada ayer por el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, está muy lejos del número de personas que actualmente están ingresadas en unidades de cuidados intensivos. En el parte difundido por el Ministerio de Sanidad ayer al mediodía figuraban 134 andaluces en UCI. Con estos números se puede afirmar que la infraestructura sanitaria de la comunidad tiene margen suficiente para atender a un número amplio de pacientes graves.
“No tenemos el desbordamiento de otras regiones”, defendió Bendodo antes de recordar que los planes de contingencia del Gobierno andaluz contemplan un número de contagios de 9.000 y 15.000 frente a los 3.406 registrados ayer. No hizo mención a la posibilidad de contar con 22.000 positivos por SARS-CoV-2 a la que se refirió el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en su comparecencia del miércoles en el Parlamento. El número de camas convencionales actualmente disponibles, tanto en los centros públicos como privados, asciende a 12.000, según Bendodo, que destacó la “fortaleza” del sistema de salud en Andalucía, donde la Junta incluye a los equipamientos públicos, a los privados y a los recursos extraordinarios que se movilizarán en caso de necesidad, como son los hoteles medicalizados, las residencias de mayores y los albergues públicos.
Todo ello dependerá de la evolución de la epidemia, aunque hay que diferenciar todavía entre el número de infecciones registradas y las reales. Hay estudios matemáticos que multiplican por cuatro o por ocho el número de casos de coronavirus. Para realizar este cálculo, parten de los datos de Corea del Sur, donde la incidencia oficial de la pandemia se acerca mucho a la real. Las autoridades del país asiático han logrado esta certidumbre realizando un enorme número de pruebas. En Andalucía, desde hace días, se realizan “2.000 PCR diarias”, como recordó ayer Bendodo. La Junta sigue a la espera de la llegada de los test rápidos anunciados por el Gobierno, aunque ya hay algunos en la comunidad. Son los que se realizan en los coches a los profesionales esenciales que presentan síntomas y lo solicitan. Todavía no pueden generalizarse para el total de los pacientes con síntomas leves, como pretende la Junta, por la falta de equipamiento. Sobre el asunto de los medios de protección y el resto de material
Elías Bendodo
Portavoz de la Junta
Nuestros profesionales sanitarios tienen toda la información, la formación y los medios”
sanitario, Bendodo reclamó ayer al Gobierno central que ejerza su “mando único” para evitar que las comunidades compitan entre ellas para obtener mascarillas, equipos de protección individual, guantes o viseras.
El principal destino de estas protecciones son las plantillas de profesionales sanitarios, los más expuestos al patógeno. El portavoz del Gobierno andaluz sugirió que el alto porcentaje de positivos en este sector, el 21% del total de contagiados, se debe a que son parte de la población diana que se realiza la prueba del SARS-CoV-2. Es decir, a mayor número de tests, más infecciones se registran. No obstante, defendió que los 659 profesionales sanitarios con coronavirus son sólo el 0,59% de las 110.000 personas que trabajan en el sector sanitario en la comunidad.
“Tenemos grandes profesionales sanitarios que tienen la formación, la información y los medios”, aseguró el portavoz del Gobierno andaluz, que ayer, en una reunión con los sindicatos ofreció datos distintos sobre el número de contagios entre las plantillas sanitarias. En dicha comunicación, se reconoce que la cantidad de profesionales afectados por el coronavirus –en estudio, aislados o contagiados– ronda los 1.800 sólo entre los trabajadores públicos. Mientras tanto, el sindicato de enfermería Satse comenzó ayer a presentar denuncias ante las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social, al entender que las administraciones sanitarias siguen “vulnerando” la normativa y protocolos establecidos en lo que respecta a los equipos de protección.