Economía de pandemia
● Las comunidades autónomas son actores importantes en la inversión pública y la actuación de la Junta no basta
CUANDO aún rugía la I Guerra Mundial en las trincheras, el 4 de marzo de 1918, comenzó en Fort Riley (Kansas) la mayor pandemia de gripe conocida. Se la llamó gripe española porque en nuestro país, neutral en la Gran Guerra, no había censura para las alarmantes noticias sobre la nueva plaga. Se estima que más de 50 millones de personas murieron en un mundo debilitado por la contienda, que no sabía cómo frenar la epidemia ni cómo actuar ante la enfermedad. España fue uno de los países europeos más afectados, con cerca de 8 millones de contagiados y casi 300.000 víctimas. En Andalucía aumentó la mortalidad un 35% ese año; 37.000 fallecidos más que el año anterior, en una población de algo más de 4 millones.
Las consecuencias económicas también fueron devastadoras. En aquella época los tres grandes sectores –la agricultura, la industria y los servicios– tenían parecido peso en la economía andaluza. El más afectado fue la industria, que cayó más de un 20%, seguido de los servicios, con el 5%. El PIB per cápita andaluz se redujo más del 9% y pasamos de representar el 82% de España al 75% en un solo año.
¿Qué aprender de aquel trágico episodio? Lo más importante es que no actuar es la peor de las soluciones. Hay que frenar la propagación y realizar todos los esfuerzos posibles para atender y sanar a los que enfermen. También hay que combatir de manera decidida los perjuicios en materia social, que sufren especialmente los sectores de la población más débiles.
La economía requiere similar determinación para evitar una prolongada recesión, con la consiguiente pérdida de empleos y empresas. Se trata de minimizar daños a corto plazo, pero, sobre todo, que no disminuya nuestro crecimiento potencial, ni desemboquemos en una crisis estructu
De la pandemia de gripe española se aprendió que no actuar es la peor solución
ral. Todos estamos implicados en este objetivo, cada uno en función de sus competencias y responsabilidades. Actuar con contundencia y decisión, y de forma cooperativa, es la mejor opción. Recuperando la expresión de Mario Draghi, cada cual debe, en su ámbito, hacer whatever it takes en esta lucha. Lo ha empezado a hacer el BCE con su plan de compra por valor de 750.000 millones, para evitar una crisis de deuda. El siguiente reto de la Comisión Europea es aprobar un fondo de rescate (MEDE) y la emisión de eurobonos.
Resulta también importante garantizar el buen funcionamiento de los mercados financieros con el
BEI. Dentro de cada Estado de la UE, es la Administración central la principal competente sobre la coyuntura, ayudando a empresas y autónomos a continuar con su actividad, para que el impacto sobre el empleo sea puntual y el menor posible. También se deben aliviar las tensiones sociales que sufren las familias, que verán disminuidos sus niveles de ingresos. Este es el sentido del Plan de Estímulo del Gobierno de España, por más de 200.000 millones.
Por su parte, las administraciones autonómicas son las responsables de que funcionen bien los servicios sanitarios, la dependencia y los servicios sociales. No lo olvidemos: además de ser lo justo, defender a las personas es la mejor decisión económica. La economía son las personas sanas, educadas y con libertad de movimiento, como estamos aprendiendo dolorosamente estos días.
Las comunidades autónomas son también importantes actores en políticas económicas estructurales y de oferta, en particular a través de la inversión pública. A la espera de la relajación de las reglas de estabilidad, existe margen para actuar de forma inmediata con los más de 4.500 millones de ayudas ya concedidas por la UE en el actual marco, pendientes de ser usadas, y que pueden movilizar más de 5.500 millones de gasto público directo en Andalucía.
La reprogramación de los fondos para combatir la crisis sería perfectamente justificable. Es más, la UE será reticente a aportar nuevos recursos, como se está pidiendo, hasta que no se haya hecho uso del actual marco.
Los programas a financiar podrían cubrir un amplio abanico de frentes afectados. Se pueden usar para apoyar la financiación de pymes y autónomos, con un fuerte programa de avales; para impulsar la comercialización exterior de nuestros productos, para apoyar el emprendimiento, para reforzar la competitividad a través del I+D+i, combatir el cambio climático, o promover inversiones en sectores como el turismo o el agroalimentario. También se pueden reforzar los programas sociales de lucha contra la pobreza, y los planes de empleo, en especial los dedicados al empleo juvenil.
Por el momento, la Junta de Andalucía anuncia actuaciones por un valor de 65 millones. Insuficiente.