Las acusaciones recurrirán el fallo
● La letrada de la Asociación Clara Campoamor cree que el dictamen “es una carta blanca para abusos sexuales en manada” ● La defensa asegura que es un “bálsamo” para la joven
La abogada de la acusación popular recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba que condena a penas de entre dos años y diez meses y cuatro años y seis meses de prisión a cuatro miembros del grupo de la Manada por abusos sexuales sobre una joven en mayo de 2016 en la localidad cordobesa de Pozoblanco, con anterioridad al caso de los Sanfermines de 2016, por el que ya han sido condenados a 15 años de cárcel por violación junto a un quinto miembro más del grupo.
La letrada que representa a la Asociación Clara Campoamor, en su delegación en Andalucía, Patricia Catalina, ha calificado de “tremendamente ofensivo” el fallo de esta resolución contra la víctima y cree que “es una carta blanca para las agresiones y abusos sexuales en manada”, a la vez que ha advertido de que la joven “sí que tiene una condena”.
Tras lamentar haberse “enterado por la prensa del fallo, incluida la víctima”, la letrada ha manifestado que “la idea es recurrir”, puesto que “las penas son bajísimas conforme a los hechos que se han cometido”. “Con todos mis respetos al juez de lo Penal, pero me parece que se ha quedado muy corto”, ha apuntado la abogada, quien anima a que cualquier víctima acuda a la asociación ante hechos similares que haya sufrido.
Mientras, ha señalado que su análisis sobre la sentencia es “un poco contradictorio”. “Nos alegramos enormemente de que su señoría haya confiado en la licitud del vídeo que finalmente ha servido como prueba de cargo para imponer unas determinadas penas a los ahora condenados”, ha aseverado. Al respecto, ha destacado que esa fue “una de las bases, sobre todo principales, de todas las sesiones del juicio oral”, en la que cada uno hizo una serie de argumentaciones. “La mía era la del hallazgo casual, que la Policía tenía que estar obligada siempre en el caso de comisión de un delito investigarlo, porque además ellos lo que hicieron fue entregar voluntariamente un teléfono”, ha precisado, para asegurar que “no se vulneró ningún principio constitucional, ni se vulneró ninguna legalidad”.
Por tanto, “una vez que ya tenemos la seguridad de que van a poder ser condenados, llegamos a las penas”, que, en su opinión, “son muy bajas conforme a los hechos cometidos”, si bien ha defendido que “el Tribunal Supremo hace mucho hincapié en que las agresiones que sean abusos sexuales grupales tienen que ser castigadas de una manera firme y severa”. En este sentido, ha explicado que “si se habla de abusos sexuales de un año y seis meses de prisión, las víctimas están absolutamente desfavorecidas”, a la vez que cree que “se hace una especie de llamamiento a que no pasa nada”. “Si no hubiéramos tenido la desgracia de tener un delito contra la intimidad de la víctima, ¿de qué estaríamos hablando?”, ha cuestionado la abogada. “No es acorde con la brutalidad”, ha sentenciado.
De este modo, ha subrayado el hecho de tener a “una persona inconsciente en un coche, que va supuestamente protegida porque sabe que un guardia civil va en él, que la están llevando a su casa”. Por ello, ha aseverado que “la condena la tiene la víctima, porque esto no es una condena ni muchísimo menos acorde con la brutalidad y la desfachatez de estos hechos delictivos”.
Según ha detallado Patricia Catalina, “nos enfrentamos a que mis penas eran infinitamente superiores y en mi petición y calificación hablaba de cuatro años y tres meses por el delito contra la intimidad y por el delito de abuso sexual continuado pedía tres años para cada uno”. Ante ello, ha lamentado que “las penas no superan los tres años”.
También, ha enfatizado que “es en la víctima en la que hay que pensar y en las demás víctimas que puede haber, porque esto parece que es un llamamiento a que no pasa nada si las agresiones o abusos sexuales se cometen de forma grupal”. En su opinión, “no es una justicia justa”, al tiempo que ha trasladado toda su “admiración al juez y al Juzgado de lo Penal número 1, porque fue magistral”. De hecho, ha afirmado que está “convencida” de que la sentencia está “absolutamente motivada, que es una sentencia muy bien pensada, muy argumentada, pero nos hemos quedado cortos en las penas”.
Entretanto, la letrada ha adelantado que presentará recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, con el fin de que “estas penas se eleven, porque son ofensivas”, puesto que considera que “parece que va a ser verdad que una no puede salir sola, salir con los amigos y tomar unas copas”. “Gracias al ordenamiento penal hay una segunda instancia, que va a permitir, por lo menos, volver a argumentar todo lo que a lo largo de las sesiones de juicio se pudo defender”, ha matizado.
Por su parte, el abogado de la joven víctima, Blas Arévalo, ha mostrado su “satisfacción” por la sentencia, aunque estudia presentar recurso para agravar “un poco más” las penas. El letrado ha expuesto que siempre pretenden que “las penas sean lo más altas posibles, pero por lo menos hay una satisfacción de que ha sido atendida la petición de condena”, que también mantiene la joven, según ha comentado.
Y es que, según ha agregado a Europa Press, “si después de los cuatro años que luchando hubiera salido una sentencia absolutoria, hubiese sido más desagradable de aceptar”, a lo que ha añadido que “es una sentencia que ayuda también a las víctimas a denunciar estos casos y les da
Según Catalina, “esto no es una condena ni mucho menos acorde con la brutalidad”
La defensa dice que “si después de este tiempo salen absueltos, hubiese sido tremendo”
unos pocos de ánimos para seguir adelante, que ya de por sí es muy duro, sobre todo en este caso por la trascendencia mediática que ha tenido”. Ha remarcado que “tener una sentencia condenatoria es un bálsamo también para la joven”, dado que “si después de todo este tiempo sale una sentencia absolutoria, hubiese sido tremendo”, de ahí que “por ese lado” se muestre “satisfecho”, pero ha incidido en que “las penas que se han impuesto se pueden discutir si han sido bajas o no, porque se podía haber impuesto un poco más”.
En concreto, ha indicado que la condena a Prenda, con cuatro años y seis meses de prisión, es “una pena bastante próxima a lo que se pedía, pero para los otros es un poco más baja”, motivo por el que ha adelantado que estudiarán la posibilidad de recurrir, “teniendo en cuenta que se tiene una pena de multa que pudiera traducirse, en caso de incumplimiento, en siete meses más de prisión o 15 meses de trabajos en beneficio de la comunidad”.