La Policía cierra la clínica Dentix por la aglomeración de afectados tras la quiebra
● Los pacientes reclaman la devolución de los préstamos para financiar tratamientos, algunos paralizados y otros no iniciados
Noelia Santos
La Policía Nacional ha acudido a la clínica dental Dentix, situada en la calle Cruz Conde, después de que varios pacientes se hayan concentrado a sus puertas. La cadena de clínicas dentales ha solicitado el concurso voluntario de acreedores ante los juzgados de Madrid debido “a la incertidumbre sobre la consecución de un acuerdo de refinanciación o inversión a corto plazo, y al deterioro constante del negocio”. Esto ha supuesto el cierre de 40 clínicas en toda Andalucía, y también se han quedado en el paro más de 3.200 trabajadores, muchos de ellos todavía en ERTE.
La situación de indefensión, eso sí, no pasa únicamente por sus empleados, sino también por los miles de clientes que tienen en toda España. En el caso de Córdoba, muchos de ellos se han congregado a las puertas de la clínica solicitando información, lo que ha supuesto la intervención de la Policía Nacional, que ha tenido que cerrar el local. Uno de los agentes ha explicado a estos afectados que las trabajadoras que aún quedaban dentro estaban “desesperadas” y han apuntado que si normalmente hay 15 trabajadores, “hoy han venido a trabajar solo tres” y lo han hecho “por ética”.
La Policía ha recomendado a las personas afectadas que pongan la reclamación correspondiente en las oficinas de Consumo, en Gran Capitán y les ha comunicado que la empresa se pondrá en contacto con ellos en caso de que tuvieran citas ya cerradas.
Sin embargo, muchos de los congregados han afirmado haber llamado decenas de meses sin que se les haya cogido siquiera el teléfono por parte de la empresa, a lo que la Policía ha respondido que “no se lo cogen ni siquiera a sus propias trabajadoras”.
Tras el estado de alarma, periodo en el que la cadena de clínicas dentales se vio obligada a cerrar, la dirección decidió reabrir un pequeño número de sus más de 350 clínicas repartidas por toda España, 40 de ellas en Andalucía y una de ellas la de Córdoba. A pesar de este intento de continuar los tratamientos, la empresa se ha visto obligada a declarar el concurso de acreedores acogiéndose a la ley de protección de quiebras ante su incapacidad de hacer frente a las deudas con KKR, BBVA y Cetelem, sus principales financiadores.
Por otro lado, la asociación de consumidores Facua ha asegurado que “a estas irregularidades se suman los casos que la asociación está recibiendo de afectados por mala praxis, una defectuosa prestación de los servicios y la falta de atención adecuados”, por las están recibiendo “multitud de solicitudes de asesoramiento”.