IGLESIAS Y SÁNCHEZ, CONTRA LAS CUERDAS
Las cuentas públicas que presentó en ese acto tan milimétricamente preparado no las asume ningún economista cualificado
LO había organizado con gran alarde, Gobierno y figuras relevantes de la sociedad civil con especial atención a los relacionados con la economía; y una palabra de moda, resiliencia, la capacidad de salir fortalecido tras superar momentos dramáticos.
El acto, telemático con Pedro Sánchez exponiendo desde La Moncloa su proyecto económico de futuro, quedó empañado cuando en plena exposición del plan de reconstrucción que debe avalar la UE, llegó la noticia de que el juez García Castellón elevaba al Supremo el resultado de sus investigaciones sobre las andanzas del vicepresidente segundo del Gobierno en el llamado caso Dina: el robo hace pocos años, o supuesto robo, del teléfono móvil a quien era entonces una de sus principales colaboradoras, Dina Bussenhalm. García Castellón ve la comisión de tres delitos, daños informáticos, denuncia falsa o simulación de delito, y revelación de secretos con agravante de género.
No era difícil adivinar lo inmediato: Pablo Casado exigía el cese fulminante de Pablo Iglesias como vicepresidente del Gobierno y Podemos arremetía contra el juez García Castellón. Tampoco era difícil saber que a Pedro Sánchez le es igual lo que digan los jueces, aunque se le llene la boca con palabas en las que expresa su respeto a las decisiones judiciales. No es cierto, actúa en consecuencia sólo cuando le favorecen. Si es otro partido el que tiene que vérselas con decisiones judiciales incómodas, es Sánchez el primero que exige que se cumpla el compromiso de sacar de en medio a quien la Justicia considera un personaje turbio. Ahí es implacable, como ocurrió cuando echó a Rajoy del Gobierno a través de una moción de censura por supuesta corrupción … que posteriormente los jueces no vieron por ninguna parte.
La credibilidad del presidente ha sufrido un nuevo golpe. Las cuentas públicas que presentó en ese acto tan milimétricamente preparado, no las asume ningún economista cualificado. El plan además debe ser aprobado previamente por la UE, que ve obstáculos no solo en el diseño de la política económica, sino que empieza a considerar que el Gobierno español sufre déficit democrático. Por otra parte, las promesas de Sánchez se basan en la recepción de los fondos europeos, pero ni hace mención a que parte de ellos hay que devolverlos y a que aún se han aprobado por las instituciones europeas.
Sánchez era de los que clamaba por ceses fulminantes cuando alguien era imputado o se le iniciaba procedimiento judicial. Si no reacciona ante la exposición razonada de García Castellón quedará claro que el presidente de Gobierno español acepta las resoluciones judiciales según le convenga.