Bravo extiende el control financiero permanente en el gasto de la Junta
● Hacienda sustituye la fiscalización previa por una fórmula más eficiente con el objetivo de agilizar trámites ● En la primera ola de la pandemia se utilizó para acelerar la concesión de ayudas
C. R.
El pasado 17 de abril se publicó en el BOJA una resolución en la que la Consejería de Hacienda sustituía el modelo de fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente. El objetivo de la reforma era agilizar la concesión y el pago de cuatro ayudas sociales en la cúspide de la primera ola de la pandemia: las subvenciones al alquiler de vivienda para jóvenes y personas en especial vulnerabilidad, las ayudas para familias numerosas y a las madres con partos múltiples, así como a familias que estén a cargo de menores en un acogimiento. No es una fórmula novedosa. Se viene utilizando desde 1999 en la Administración autonómica. Pero Juan Bravo ha dado un impulso a su uso, el último en el pasado Consejo de Gobierno.
En sendos acuerdos publicados ayer en el BOJA, la Consejería de Hacienda y Financiación Europea actualiza el número de organismos de la Junta que se someterán
Veiasa, Cetursa y Sandetel pasan a ser fiscalizadas por este método, más eficiente
a este control financiero permanente, que consiste en la realización anual de “auditorías de cumplimiento”, aunque el texto concede a la Intervención General de la Junta a potestad de ordenar estos análisis con una periodicidad distinta. La Intervención también puede imponer la realización de otro tipo de auditorías –financieras, operativas–, como las que se están sometiendo ahora mismo a muchas de las entidades del sector instrumental de la Administración por el acuerdo alcanzado por el Gobierno de PP y Cs con su socio parlamentario de Vox.
El control financiero permanente está también asociado a la emisión de informes a solicitud de la Intervención. Además, los responsables de las entidades sometidas a esta fórmula de fiscalización deberán elaborar, en el plazo máximo de seis meses tras recibir el análisis inicial, un documento que refleje el grado de implantación de las recomendaciones propuestas. Si se incumple este requisito, la Intervención General podrá emitir un informe de actuación. llo–
Los gastos, órganos y servicios que pasan a someterse a control financiero permanente son muy variados, pero incluyen los gastos de indemnizaciones por razón de servicio –dietas, desplazamientos o comisiones de servicio– para los trabajadores y cargos de las consejerías y las agencias administrativas. En el apartado de ayudas, destacan las subvenciones para autónomos impulsadas en 2019, las de alquiler mencionadas previamente y las aprobadas el pasado 27 de julio para víctimas de violencia de género, personas sin hogar, víctimas de desahucios y a las entida
des que faciliten una solución habitacional a estos colectivos. También se someterán a control financiero permanente las ayudas asociadas a la casilla del 0,7% social del IRPF. En el apartado de gasto se incluyen los contratos del SAS tramitados por el procedimiento de emergencia, así como el gasto del personal docente en la Consejería de Educación, con algunas excepciones.
El BOJA publicado ayer contiene un segundo acuerdo referido a la aplicación de control financiero en agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del
sector público, pero está centrada en tres de las entidades de la administración paralela más relevantes. Se trata de Veiasa, la sociedad encargada de realizar las ITV en la comunidad; Cetursa, que controla la estación de esquí de Sierra Nevada, y Sandetel, el organismo que controla el funcionamiento de los sistemas informaticos y de comunicaciones de la Administración autonómica.
Estas entidades han sido de actualidad recientemente por entrar en el baile de competencias de la remodelación del Gobierno. Veiasa pasó del departamento de Ha
cienda, controlado por el PP, al de Transformación Económica, dirigido por Ciudadanos. Esta consejería, que tiene al frente a Rogelio Velasco, perdió Sandetel en beneficio de Presidencia, controlada por Elías Bendodo, hombre fuerte de los populares en el Ejecutivo andaluz. Al tratarse Cetursa y Veiasa de entidades “generadoras de posibles ingresos” para la Administración, pasan a someterse al control financiero, justifica el acuerdo publicado en BOJA; mientras que en el caso de Sandetel se menciona su volumen de actividad y personal.