El Gobierno perderá 91 millones tras aportar otros 350 al rescate de Abengoa
● El Estado es el máximo accionista de la multinacional y no conservará su participación al salvar la reestructuración sólo a la filial Abenewco1 ● Además avala 126 más que prestan los bancos
Alberto Grimaldi
El Gobierno central ha sido el principal impulsor de que la actual operación de rescate del grupo Abengoa. El Gabinete de Pedro Sánchez, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), prestará 50 millones a la filial Abenewco1 y avalará otros 126 de los 180 que prestan los bancos. A esos 176 millones hay que unir que también facilita avales técnicos, vitales para la actividad de la compañía de ingeniería, por valor de hasta 300 millones, que garantizará a través del Cesce. Pero esa importantísima aportación, que sumada supone 476 de los 550 que moviliza la operación de rescate de Abenewco1 –el resto lo ponen los bancos acreedores, 54 millones, y faltarían los 20 millones que la Junta de Andalucía ahora se niega a aportar–, tendrá consecuencias directas para el patrimonio del Estado, que es el principal accionista de Abengoa: perderá 91 millones de euros.
Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente entonces del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, comunicó al regulador de los mercados en diciembre de 2017 una participación significativa de Abengoa S. A., de 5.687.600.185 títulos de la clase A, que representan el 3,152% del accionariado de la multinacional andaluza, tanto de la clase A como de la clase B.
El Estado es el único accionista con participación significativa que consta en el registro de la CNMV. Los bancos vendieron sus participaciones tras la reestructuración de 2017, dado que tenían garantías adicionales sobre los activos propiedad de Abengoa, a través de Abenewco1 y que ahora ejecutan.
Esa participación significativa tiene un valor de 91.001.602,96 euros, al precio vigente de los títulos de la clase A –0,016 euros–, cuya cotización está suspendida por la CNMV desde el 14 de julio, “por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores”, según comunicó
Varios centenares de trabajadores de Abengoa participaron ayer en la concentración convocada por UGT ante la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, el Palacio de San Telmo, durante la jornada de huelga a la que estaban convocados los 1.100 trabajadores de la multinacional que representa el sindicato y que emplean las sociedades Abengoa Abenewco 1 SA, Abengoa Agua SA, Abengoa Energía SA, Abengoa Operation and Maintenance SA. La concentración tenía como objeto presionar a la Junta para que rectifique su posición y participe en el rescate de Abenewco1, la filial de Abengoa de la que dependen todos los negocios y los empleos. Durante la protesta, convocada bajo el lema por “la viabilidad de la compañía, el mantenimiento del empleo y pedir el apoyo de la Junta de Andalucía al plan de refinanciación de Abengoa”, el secretario general de UGT FICA Sevilla, Manuel Ponce, reclamó ayer “un paso adelante, no un paso atrás” de la Junta de Andalucía en el plan de refinanciación del grupo Abengoa. Ponce exigió “la incorporación y la participación de la Junta de Andalucía” al citado rescate financiero. La dirección de la multinacional sostiene, y así lo hizo constar el 6 de agosto cuando comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el plan, que la Junta se había comprometido a hacer una aportación de 20 millones de euros. El Gobierno andaluz, que ha eludido precisar si ese compromiso existe y si era verbal o escrito, se niega a participar por carecer de un instrumento legal para aportar esa cuantía. Ponce sostuvo que aportar esos 20 millones “es importante para la supervivencia de la empresa”, por lo que consideró que en el Ejecutivo “faltaría la concienciación total de la Junta” sobre el alcance del problema financiero que afronta Abengoa”. “El objetivo es tener la empresa viable, si no hay empresa, no hay forma de conseguir los objetivos laborales”, agregó el sindicalista, que así defendía los postulados del consejo de administración que preside Gonzalo Urquijo. el propio regulador ese día a las 13:57 horas en una información privilegiada.
Como todos los accionistas de Abengoa, en el mejor de los casos el Estado conservaría un 3,152% del 2,7% de Abenewco1 –que es la sociedad que salva esta operación de reestructuración–, que mantendrá la matriz histórica fundada en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares.
Pero para poder conservar esa parte ínfima de los 91 millones que ahora posee, Abengoa, que ya está en preconcurso, tendría que revertir antes de diciembre su desequilibrio patrimonial (-388 millones de euros). Y para lograr ese reequilibrio los proveedores históricos de Abengoa a los que se les adeudan 153 millones deben, al menos en un 96%, convertir ese débito en préstamos participativos. Si no lo consigue, la histórica Abengoa se liquidará, y el Estado
El Ejecutivo central aporta o avala 476 de los 550 millones que integran el rescate
Aunque la matriz histórica evitase la quiebra, su participación quedará muy diluida
perderá al completo su participación, como el resto de accionistas. Este diario solicitó a Abengoa que informe de cómo avanza ese requisito y no obtuvo respuesta.
El contrato de reestructuración en el que se basa este rescate compensaría parcialmente la pérdida del capital en Abengoa, aunque con los datos hechos públicos aún no se puede cuantificar. Así, el contrato prevé que las entidades proveedoras de los avales tienen derecho a una comisión del 3,52% del capital de Abenewco1 (pre-dilución).
La más que probable pérdida del dinero invertido por los accionistas de Abengoa S. A., es lo que llevó a un grupo de minoritarios a asociarse en Abengoashares y a emprender acciones legales contra el consejo de administración de la multinacional que preside Gonzalo Urquijo.
Abengoashares ha presentado una demanda en la jurisdicción Mercantil, en la que pidieron medidas cautelares para paralizar este rescate, que en primera instancia fueron denegadas y han recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla.