Fuentes socialistas afirman que los avales pasaron por el Consejo entre 2010 y 2011
Jorge Muñoz
La juez de instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, que investiga los avales y préstamos que por un importe de más de 80 millones recibió la empresa malagueña Isofotón, ha reclamado todas las actas de los consejos de Gobierno de la Junta entre 2005 y 2015, que abarca los periodos de las presidencias de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.
En una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, la juez atiende la petición realizada por los fiscales delegados de Anticorrupción Fernando Soto Patiño y María Nazaret Salguero para incorporar a la mencionada causa de Isofotón todas las actas de los consejos de Gobierno celebrados entre los años 2005 y 2015, ambos incluidos.
La juez instructora ha requerido a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía para que aporte dichas actas, librándose para ello el oportuno escrito al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, cuyos agentes serán quienes se hagan cargo de su recopilación.
De esta manera, la Fiscalía Anticorrupción sigue la línea de investigación que se llevó a cabo en la macrocausa de los ERE, en la que la entonces instructora Mercedes Alaya reclamó todas las actas de los consejos de Gobierno de la Junta que comprendió el periodo de una década, en una causa en la que acabaron siendo investigados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el denominado “procedimiento específico” de los ERE. Los ex presidentes andaluces fueron condenados en la sentencia dictada en noviembre de 2019 y que está actualmente recurrida ante el Tribunal Supremo.
Fuentes socialistas aseguraron ayer a este periódico que los avales relacionados con Isofotón pasaron por el Consejo de Gobierno entre los años 2010 y 2011 –en la etapa de Griñán–, pero a partir de 2013, coincidiendo con el Gobierno de Susana Díaz, no se ha detectado ni una sola referencia a la empresa malagueña en el órgano de decisión de la Junta.
En la macrocausa de Isofotón, la instructora ha citado a declarar, a partir de hoy y en las próximas semanas, a un total de 38 personas, entre las que figuran 12 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía. La juez instructora considera que los hechos investi
La Fiscalía sigue la línea de investigación llevada a cabo en la macrocausa de los ERE
gados “podrían ser constitutivos” de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, procediendo a imputar en concreto a cuatro ex consejeros –Francisco Vallejo, Martín Soler, Manuel Recio y Antonio Ávila–, a tres ex viceconsejeros –Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román y Luis Nieto Ballesteros–, al ex jefe del gabinete jurídicode la Junta Francisco del Río Muñoz –que fue uno de los tres únicos cargos absueltos en la sentencia del caso de los ERE–, al ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón y al ex director de Promoción de Invercaria Juan María González Mejías, sobrino de Felipe González. Además, la instructora ha citado como investigados a los ex directores de IDEA Antonio Valverde Ramos y Miguel Ángel Serrano Aguilar, al ex director de Invercaria Francisco Álvaro Julio –entonces director de inversiones estratégicas de IDEA–, así como a los “responsables de la trama empresarial que se beneficia de las ayudas públicas irregulares”: los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano Serrano y a Óscar López García.
De otro lado, la juez ha aceptado la personación del Partido Popular como acusación popular en esta macrocausa, una vez que la formación política ha depositado la fianza exigida de 6.000 euros para poder personarse.
La juez instructora todavía no ha resuelto acerca de la petición de nulidad de las actuaciones planteadas por las defensas de las personas investigadas, que denuncian que se han vulnerado los plazos procesales de la instrucción, además de que se ha actuado durante cinco años “a espaldas de los investigados”. El abogado Juan Carlos Alférez, que representa a un directivo de IDEA, ha pedido a la juez la nulidad de tres autos dictados en octubre de 2017, octubre de 2018 y junio de 2020, en los que se prorrogó por 18 meses la instrucción, al estimar que estos autos se dictaron “fuera de plazo”, puesto que la instrucción debió finalizar el “6 de junio de 2017”.