Abengoa presiona con otra prórroga para que la Junta aporte a su rescate
● La multinacional andaluza extiende otra vez el plazo de las condiciones que suspenderían el contrato de reestructuración ● Los demás acreedores autorizan este nuevo retraso
Alberto Grimaldi
Abengoa sigue convencida de que logrará el respaldo de la Junta de Andalucía a su plan de rescate. Pese a que el Gobierno andaluz mantiene aún sus recelos a otorgar la ayuda de 20 millones que la multinacional sostiene que se había comprometido a prestar o avalar.
El pasado 30 de septiembre, la dirección de la empresa que preside Gonzalo Urquijo alargó 15 días la formalización del contrato de reestructuración, con vistas a conseguir que el Ejecutivo autonómico encontrase una fórmula jurídica y financiera que permita su participación. Agotado ese plazo, en una información relevante remitida a primera hora de tarde de ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía comunicó que vuelve a extender ese plazo, ahora hasta el 23 de octubre, el viernes de la semana próxima.
El pasado 29 de septiembre, un día antes del primer plazo fijado para cumplir las condicio
Los consejeros del PP se mantienen en que no hay fórmula legal pese a que Marín abre la puerta
nes suspensorias del contrato de reestructuración –entre las que está que participe la Administración autonómica–, la Junta de Andalucía confirmó que no participaría en el rescate de Abengoa. Y es que desde hace meses viene expresando dudas sobre cómo puede ayudar a la compañía manteniendo los principios de seguridad jurídica y sin incurrir en arbitrariedad. Ese día, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, se mostró rotundo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al afirmar que el Ejecutivo autonómico no iba a facilitar los 20 millones de euros que la multinacional anunció el pasado 6 de agosto que formarían parte de su nueva reestructuración financiera para evitar la quiebra.
Una semana después, con Bendodo presente, fue el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, quien volvió a ratificar el rechazo, pero lo circunscribió a ese momento: “A
día de hoy no hay ningún instrumento financiero” que permita a la Junta participar.
Pocos días después, el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, cambió el tono y hasta el lenguaje, entreabriendo la puerta, primero el sábado pasado en unas declaraciones públicas, y el pasado martes, tras el Consejo de Gobierno de esta semana.
En lo fundamental, el mensaje es el mismo, que sólo pueden participar si hay garantías jurídicas, pero se matizaba que aún se tra
bajaba en ello por parte de los servicios jurídicos de la Administración autonómica. Ello denota que todavía habría negociaciones con Abengoa, lo que ha permitido extender de nuevo el plazo.
Este cambio de postura se ha producido después de que se produjese el viernes pasado una protesta, convocada por UGT, de parte de los trabajadores de Abengoa ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, para reclamar al Ejecutivo de Juanma Moreno que participase.
Sin embargo, ayer, de nuevo
un consejero del PP, la titular de Empleo, Rocío Blanco, volvió al argumentario original de que no existe un instrumento que permita a la Junta participar en esta tercera reestructuración financiera de la compañía (ver información adjunta en esta misma página).
Paralelamente, los accionistas minoritarios –agrupados en Abengoashares– que han emprendido acciones contra el consejo de administración de Abengoa por esta operación de rescate, dado que perderían prácticamente toda su inversión, han re
clamado a la Junta, y también al Instituto de Crédito Oficial (ICO), que no participen sin esas garantías jurídicas, entre las que incluyen que el plan no se ejecute sin ser aprobado por una junta general de accionistas.
Abengoashares también ha confirmado que ya ha formalizado el recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla contra el auto que denegó su solicitud de suspensión cautelar del rescate por el “daño irreparable” que produciría en caso de llevarse a cabo ya que los accionistas perderían todos sus ahorros.