La titular de Empleo insiste: el Gobierno andaluz no participará
La consejera de Empleo, Rocío Blanco, se apartó ayer de las esperanzas dadas en los últimos días por el vicepresidente Juan Marín e insistió en que la Junta de Andalucía “no tiene instrumentos financieros ni mecanismos legales” para conceder una ayuda de veinte millones de euros a Abengoa, en línea con lo dicho por sus compañeros Elías Bendodo y Juan Bravo. Además, Blanco alertó sobre los riesgos que se cometieron en el pasado con los fallidos préstamos y avales en los casos ERE, Isofotón e Invercaria. Lo hizo en su comparecencia en comisión parlamentaria para informar sobre perspectivas de futuro de la empresa Abengoa y el mantenimiento del empleo en Andalucía, a petición del grupo socialista. La consejera expresó su preocupación por el futuro de la multinacional andaluza y de sus aproximadamente 1.800 trabajadores en Sevilla, si bien insistió en que la “crisis de esta empresa no es por culpa de la Junta” y, de hecho, ya ha sido rescatada en dos ocasiones desde 2015 evitando el cierre definitivo. “Los problemas de Abengoa vienen de atrás y no se solucionan con una aportación de la Junta de 20 millones”, reiteró. El diputado del PSOE Juan José Martín lamentó el “jarro de agua fría” de la Junta para las más de 2.500 familias que dependen de esta multinacional andaluza y le pidió que “dé un paso adelante” buscando soluciones como ha hecho en otros casos como, por ejemplo, con Canal Sur, al que aportó recientemente once millones del fondo Covid-19. Acusó a la Junta de crear expectativas e ilusionar a la empresa y a los más de
7.000 trabajadores entre directos e indirectos para finalmente no “concretar nada” y defendió que se conceda ese dinero a una empresa puntera e innovadora como Abengoa. La consejera le recordó que cuando gobernaba el PSOE en Andalucía en 2017 el anterior consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, defendió el mismo planteamiento que el que sostiene ahora el Gobierno andaluz en relación con los apoyos públicos a Abengoa en el sentido de que cualquier mecanismo debe ser legal y transparente y validado por los servicios jurídicos .