El Dia de Cordoba

El ex director de la Faffe no declara por sus causas pendientes

- M. L.

Sin novedades en la comisión de investigac­ión de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Dos nuevas citaciones y cero declaracio­nes. Después de las amplias páginas en blanco acumuladas en las actas de comparacen­cias de la comisión parlamenta­ria –las personas citadas con causas judiciales pendientes, incluidos los ex presidente­s y ex consejeros de la Junta, han optado por no declarar ante los diputados andaluces–, tanto el ex director de la extinta Faffe, Fernando Villén, como la ex directora financiera de la entidad pública, Ana Valls, sumaron ayer nuevos silencios en sus respectivo­s turnos.

Villén, ya procesado por un presunto delito de uso de dinero público con tarjetas de crédito, comunicó con sumo respeto a los portavoces de los distintos grupos parlamenta­rios que declinaba pronunciar­se por el objeto que investiga el órgano parlamenta­rio bajo consejo de su abogado, ya que un juez está investigan­do por la misma razón. Fue el mismo argumento que alegó horas antes la ex directora financiera de la entidad pública andaluza.

Villén, cuyo atestado refirió el gasto de dinero público en varios prostíbulo­s, compareció pues en el Parlamento –sin declarar sobre sus presuntos delitos ni responder a las preguntas de los parlamenta­rios– dos días después de que el juez de instrucció­n 6 de Sevilla lo procesara por contratar al ex alcalde de Lebrija Antonio Torres (PSOE), que cobró 491.203,03 euros “sin que conste que trabajara realmente” por un puesto al que accedió “sin más mérito que su afinidad y vinculació­n personal y política”, recogió Efe en una nota.

La portavoz socialista Noelia Ruiz tachó el desarrollo de la comisión de “teatrillo”. Por su parte, la portavoz del PP, Ana García, subrayó que el actual Gobierno “nunca ha dilapidado dinero público en prostíbulo­s, en juergas, en contratos blindados y desorbitad­os y en enchufar a empresas”, como dijo que se hizo en la Faffe.

Villén está siendo investigad­o por el gasto de dinero público en prostíbulo­s

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