HACIA LA TOMA DEL ANÓMALO PODER JUDICIAL

EL PSOE que conocimos tras la instauración de la democracia, el que lideró Felipe González. sobre todo, ya no existe. El que ahora gobierna en coalición con Unidas Podemos –insólito y chirriante engranaje– es un partido desfigurado y sometido a la ambición de un dirigente sin escrúpulos políticos, Pedro Sánchez, cuyo gran objetivo es mantenerse en el poder. Y con ese fin, y el abominable apoyo de sus aliados antisistema, secesionistas y abertzales, realizará las reformas que considere así representen una burla al derecho y a la Constitución. En ese marco se insertan la pretendida adaptación del Código Penal a los intereses de los golpistas catalanes, las turbias concesiones al nacionalismo vasco, la ocupación partidista de la Fiscalía General del Estado o la anunciada modificación de la Ley del Poder Judicial, un asunto éste, no menor, que acaba de irrumpir de forma premeditada en el trágico escenario de la pandemia y prueba el pancismo gobernante.

El órgano de gobierno de los jueces lleva bloqueado desde hace casi dos años por la incapacidad y el sectarismo tanto del PSOE como del PP, como anteriormente lo estuvo el Tribunal

Constitucional. La carencia de sentido de Estado, un mal ya endémico que viene de años atrás, alcanza en esta paupérrima legislatura cotas de peligrosidad impensables. La inestabilidad afecta a todas las instituciones y, por añadidura, a la lucha contra la mayor catástrofe sanitaria de nuestra era, a la posible recuperación económica, a la cohesión territorial y a la convivencia. Una situación nefasta, pero, sin embargo, propicia para que los cabecillas de un Ejecutivo fragmentado y débil aceleren su estrategia para acaparar los poderes que previamente pretenden destruir.

Y ahora toca el Consejero General del Poder Judicial, como mañana puede tocar la Ley Electoral. Pero, dicho esto, conviene aclarar que el gran problema de fondo no radica en la detestable iniciativa parlamentaria de socialistas y podemitas para cambiar a su favor el sistema de elección de los miembros del citado organismo, que redundará en un parche que en el futuro será modificado con otro parche, sino en el propio CGPJ, que sólo existe en dos países: Italia, de donde se copió, y Portugal, donde lo encabeza el presidente de la República. En Alemania, Francia o Reino Unido las funciones las asume, en general, el Ministerio de

Justicia, y no por eso los jueces son dependientes del Gobierno de turno, y si se produce alguna cacicada el afectado o afectados pueden recurrir a los tribunales.

Se trata de un asunto totalmente deformado ante la opinión pública. El CGPJ no es un poder judicial, no imparte justicia, es un órgano meramente político. Una mala idea –en opinión de muy destacados juristas– que ha producido numerosos conflictos entre las formaciones políticas, cada vez más polarizadas, y también entre los propios jueces que pretenden acapararlo a través de sus asociaciones, definidas como progresistas o conservadoras, que compiten entre sí para controlar los ascensos; asociaciones que, por algo será, sólo existen en España. Mal arreglo y perverso uso.

El PSOE que conocimos tras la instauración de la democracia y el de González ya no existe