La Junta investiga a la alcaldesa de Torrecampo por saltarse el protocolo y ponerse la vacuna
La Junta de Andalucía ha iniciado una investigación para aclarar por qué la alcaldesa de Torrecampo, la socialista Francisca Alamillo, se habría vacunado contra el covid19 saltándose supuestamente los protocolos, tal y como denuncia el Partido Popular. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Córdoba explicaron ayer que algunos de los datos aportados por la regida “no cuadran” para justificar su inmunización junto a los trabajadores y usuarios de la residencia municipal torrecampeña.
En primer lugar, al tratarse de la presidencia de la fundación o patronato que rige el centro geriátrico, Alamillo no tendría vinculación laboral con el centro, por lo que no sería justificable, “como ella dice, que entre como mínimo una vez a la semana a la residencia, ya que las medidas sanitarias actuales hablan de que solo el personal laboral puede acceder”.
Por otra parte, la Junta aprecia incongruencias en las “dos versiones” que la primera edil socialista aporta sobre la vacunación en redes sociales: que sobraron varias dosis y a ella le pusieron una y que el Área Sanitaria Norte la obligó. A juicio de la Junta, es “falso”, pues “la vacuna no es obligatoria para nadie”.
“La dosis que me ponen no le ha sido hurtada a ningún trabajador del centro y, por supuesto, a ningún residente”, es la explicación que la regidora ofreció en su perfil de Facebook tras la polémica suscitada por su vacunación. Según el relato de la primera edil, el día 18 de diciembre a las 21:00 el Área Sanitaria Norte informa a los directores de residencias que se va a empezar a vacunar a los centros de mayores y que deben enviarles una relación de trabajadores y usuarios a la mayor brevedad posible para poder gestionar el proceso.
En el caso de la residencia de Torrecampo, de la que es presi
denta, el 19 de diciembre, a las 17:00, se remite un documento a la directora de Enfermería indicándole las personas (residentes y trabajadores) que desean vacunarse y las que no, quienes estaban en situación de baja, quienes no han comunicado nada y quienes finalizan en breve contrato y pueden seguir o no. Igualmente, se comunica la relación que le vincula a la residencia. También, según su versión, manifestó un “deseo expreso”: “No ser vacunada hasta que me corresponda por el grupo de población al que pertenezco”.
Cuando comienzan a realizarse los test de antígenos, y teniendo en cuenta que dice visitar la residencia semanalmente como componente del organigrama de la misma “y no como cargo político”, la enfermera gestora de casos autoriza realizarle la prueba.
El día 12 llegan a la residencia las vacunas y las enfermeras vacunan sobre el documento que poseen en ese momento. A la cita no acude una trabajadora y otra que en principio se la iba a poner porque no está prestando servicios por fin de contrato. “Al final, sobran dos vacunas y las enfermeras pidieron a la dirección del centro que llamara a dos personas rápidamente”, relata la primera edil. “El director dijo que en 30 segundos se presentarían dos personas”.
Ante esta situación y teniendo en cuenta que “habían indicado que las personas de baja no se vacunan”, la dirección del centro llama a una auxiliar y a la regidora, según su versión: “Como presidenta, puesto que acudo centro todas las semanas”. “Por lo tanto, la dosis que me ponen no le ha sido hurtada a ningún trabajador del centro y, por supuesto, a ningún residente”, justifica.