Un juez investiga un fraude de 16,5 millones en ayudas públicas
● En la causa hay 13 imputados de la empresa Green Power, líder en energías renovables, y de la asociación Aicia, vinculada a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sevilla
La Fiscalía Anticorrupción y un juzgado de Sanlúcar la Mayor están investigando a la empresa Green Power Technologies y a la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (Aicia), vinculada a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, por un presunto fraude de subvenciones en relación con las ayudas que por importe de 16,5 millones de euros ha recibido esta empresa ubicada en Bollullos de la Mitación y dedicada al diseño e instalación de equipamientos para la explotación y transformación de energías renovables.
La investigación, que está abierta desde el año 2019 en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor, se inició a raíz de una denuncia anónima presentada en la Fiscalía de Sevilla y en la que se exponían presuntas irregularidades en relación con las ayudas europeas, estatales y autonómicas otorgadas a Green Power Technologies.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) llevó a cabo una inspección de la empresa en el año 2017 y realizó un informe sobre el destino de las subvenciones otorgadas. En la causa ya han declarado recientemente como investigadas 13 personas y las dos entidades, Green Power y Aicia, según han confirmado a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El titular del juzgado número 5 de Sanlúcar, Salvador SánchezGey, explica en el auto de imputación que las irregularidades se centran en la ejecución de proyectos de I+D cofinanciados por el presupuesto europeo en el periodo 2009-2015. En concreto, se trata de 28 proyectos europeos (CDTI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En el auto de imputación, al que tuvo acceso este periódico, el juez detalla media docena de conductas irregulares, como la obtención de ayudas y subvenciones “incumpliendo o falseando las condiciones establecidas para su concesión, generando un impacto financiero para el ente público”, e inf lando los presupuestos, dado que “constan indicios de que la sobrevaloración de los gastos superan al coste incurrido por la empresa con respecto a las subvenciones solicitadas”.
La justificación de los gastos realizados por Green Power es “puramente teórica”, precisa el juez, que añade que las “declaraciones de gastos inf ladas se producirían al declarar personal y materiales de otros departamentos de la empresa sin vinculación con el proyecto de investigación”.
La investigación se inició por una denuncia anónima y la OLAF inspeccionó la empresa
El juez advierte además de la “ausencia de un sistema de codificación contable de gastos que permita conocer los costes reales soportados en cada proyecto” y de las “subcontrataciones sin informar de la vinculación” con la Aicia, que “no sólo podría haber obtenido remanentes importantes sino que en algunos proyectos se encargó de la ejecución real pese a que la beneficaria era Green Power”. En otros proyectos, la empresa no declaró que fuera a subcontratar ninguna parte del proyecto, pero la OLAF ha constatado subcontrataciones “no declaradas ni autorizadas que suponen un incumplimiento de las reglas de subcontratación” y supondría admeá que Green Power “no tendría la capacidad de ejecutar por sí sola los proyectos que presenta a confinanciación como propios”.
Por último, el juez destaca la justificación económica de horas de trabajo consumidas mediante la “inclusión ficticia de trabajadores o personal colaborador”.