Igualdad anuncia un plan de choque para relanzar los centros asistenciales
● Rocío Ruiz destaca la reducción aplicada por el Gobierno andaluz en la aportación económica de las personas usuarias
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, anunció ayer en Cabra un plan de choque para relanzar e incentivar la actividad en los centros de día de personas mayores y con discapacidad y los centros ocupacionales, que cuentan con más de 14.000 usuarios en toda Andalucía. El primer paso ha sido la reducción del copago que aportan los usuarios hasta el 25%, frente al 40% que se aplicaba desde 2002, así como la priorización de las propuestas del Programa Individual de Atención orientadas a la modalidad de centro de día.
Ruiz, acompañada por el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión, Marcial Gómez, y el delegado territorial de Igualdad, Antonio López, visitó los talleres ocupacionales y la residencia para personas mayores que gestiona la Fundación Promi en Cabra. Allí subrayó que estas instalaciones “son recursos vitales para prevenir situaciones más graves en la dependencia, y responden a nuestro modelo de atención de proximidad y cercanía”.
“Un modelo con el que estamos comprometidos y que ha sido reconocido y valorado de forma muy satisfactoria por el Observatorio de la Dependencia, ya que somos la segunda comunidad autónoma mejor valorada en la gestión del sistema de la dependencia, con un 7,1. Se trata de la mejor nota de los últimos cinco años y la segunda valoración más alta de España, solo detrás de Castilla y León”, abundó. Puso el acento en que los centros andaluces son “instalaciones seguras frente al covid-19 al tener garantizada la vacunación tanto las personas usuarias como los profesionales”.
Respecto a las medidas para impulsar la actividad en los centros y recuperar el nivel de actividad anterior a la pandemia, Ruiz destacó la importante reducción aplicada por el Gobierno andaluz en el copago. Dicha aportación pasa del 40% o 30% a ser del 25% para plazas con y sin transporte, lo que supone un ahorro medio de 980 euros al año para los usuarios.
En el caso de imposibilidad de incorporación presencial de la persona beneficiaria, se procederá a la reserva de plaza. En este caso, los centros deberán realizar tareas diarias de seguimiento domiciliario, o de carácter telemático adaptadas a cada situación concreta, con el objetivo de verificar que la personas queda debidamente atendida en todas sus necesidades.
Asimismo, se priorizan aquellas propuestas orientadas a la modalidad de centro de día, así como la tramitación del expediente de aquellas personas que, siendo atendidas a través de este servicio, se encuentran a la espera de su resolución en el ámbito de la dependencia.
Por otra parte, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha ampliado hasta el 31 de mayo las medidas económicas para estos centros, lo que garantiza la financiación de las plazas concertadas y ocupadas por personas beneficiarias en situación de dependencia.
Ruiz señaló que cuando los titulares de esas plazas no acudan de manera presencial, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda) abonará por esas plazas ocupadas la diferencia resultante entre el coste de cada plaza establecido y las cantidades que deberían abonar los titulares. Asimismo, mientras la persona reciba el servicio de manera no presencial, se le aplicará una reducción del 60% en la aportación correspondiente al servicio.
El plan de reactivación contempla también que, en los casos de reconfiguración de la prestación del servicio de ayuda a domicilio por razones sanitarias, se hará de forma personalizada y adaptada a cada situación concreta y proporcionando aquellas tareas que no estando previstas inicialmente se hayan prestado, como la realización de compras de alimentación o medicinas, elaboración de comida o promoción del contacto telemático con familiares confinados.
En todo caso, las posibles reconfiguraciones deberán garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las personas usuarias grandes dependientes (G III) y dependientes severas (G II) que tengan nulo o escaso apoyo familiar.
Durante este periodo, la Agencia de Servicios Sociales abonará el importe financiado de la relación de personas afectadas por esta situación según la intensidad máxima prevista en su Programa Individual de Atención. Abonos que quedan vinculados al compromiso de la entidad prestadora de mantener el empleo.
La consejera recordó que su departamento ha sumado 465 nuevas plazas de atención residencial desde que comenzó la legislatura, de las que 60 se han creado en Córdoba. Y quiso resaltar también el compromiso de su departamento con el mantenimiento del empleo y la continuidad de las entidades prestadoras de los servicios, al abonar durante el último año en Andalucía más de 1.257 millones de euros para la financiación de los servicios y prestaciones en materia de dependencia desde el inicio de la pandemia por covid-19. En el caso de la provincia cordobesa, se han abonado más de 167 millones de euros, que han permitido atender a 24.491 personas beneficiarias, una cifra récord.
Rocío Ruiz defendió que “Andalucía se han blindado las políticas sociales y se ha aprobado para el ejercicio 2021 el mayor presupuesto de la historia para políticas sociales y dependencia, 1.639 millones de euros. En lo que llevamos de legislatura se ha incrementado el presupuesto para dependencia en 270 millones de euros”.