La Iglesia admite que hay 220 sacerdotes denunciados por abusos en 20 años
● El portavoz de los obispos, Luis Argüello, afirma que 151 de esos casos ya están resueltos ● Asegura desconocer el número de víctimas, las fechas o los lugares donde se produjeron
La Iglesia española dio a conocer ayer, por primera vez, los datos de denuncias a sacerdotes por abusos sexuales a menores desde el año 2001 y reconoció que, en estos 20 años, un total de 220 clérigos han sido denunciados, de los que 151 casos han sido ya resueltos y 69 siguen abiertos.
Los datos, procedentes de la Congregación para la Doctrina y la Fe, fueron remitidos el pasado 20 de abril a la Conferencia Episcopal Española (CEE), que los había requerido anteriormente, y los dio a conocer ayer el portavoz de los obispos, Luis Argüello, en la rueda de prensa posterior a la Asamblea Plenaria de los obispos.
Una plenaria que comenzó el lunes en medio de la polémica por las palabras de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien acusó a la Iglesia española de ocultar los casos de abusos sexuales a menores que se habían producido en el seno de esta institución.
Estas declaraciones ofendieron a los obispos que, de manera inusitada, emitieron un comunicado en el que acusaban a la ministra de querer “ensuciar” la labor de la Iglesia.
El cruce de acusaciones continuó con una carta de Belarra dirigida al presidente de la CEE, Juan José Omella, en la que le advertía de que la Iglesia española está lejos de cumplir con los compromisos exigidos por el papa Francisco.
Y en defensa de los obispos salió el nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, quien afirmó que nadie podría ver falta de transparencia en esta institución ni “poner en duda la credibilidad de la Iglesia en sus declaraciones y actividades”.
Los obispos quisieron hacer gala de esa transparencia e hicieron públicos ayer los datos de las denuncias, pero aseguraron desconocer el número de víctimas, los lugares o años en los que se cometieron esos abusos.
Tampoco saben las denuncias que han recibido hasta la fecha las oficinas de atención a las víctimas que han abierto las diócesis en este último año, aunque Argüello asegura que son escasas.
Para conocer algo más de la actividad que realizan estas oficinas, la CEE acordó la creación de un “servicio” de coordinación que ofrecerá asesoramiento y actuará de “cauce” para la relación con las congregaciones religiosas, la asociaciones civiles que representan a las víctimas de abusos, e incluso con la administración pública y la Fiscalía.
En la reunión de la Asamblea Plenaria, los obispos abordaron también la reciente aprobación de la ley de eutanasia y presentaron su propuesta de testamento vital y un modelo de documento en el que el firmante pide que no se realice en su persona la prestación de la muerte provocada o el suicidio asistido.
La CEE hará una campaña de difusión para que las personas se animen a dar el paso de inscribir esta declaración de últimas voluntades “en favor de la vida y de los cuidados hasta el último momento de la existencia” y que lo inscriban en los registros habilitados en cada comunidad autónoma.