LOS BONOS DEL BUEN SÁNCHEZ

PASEANDO por los jardines de la Moncloa el presidente y la vicepresidenta segunda del Gobierno resolvieron en un rato el arduo conflicto sobre los Presupuestos del Estado. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz zanjaron las largas y tensas negociaciones de sus subordinados en el PSOE y Podemos acerca de las Cuentas de 2022, ninguneando a varios ministros de los dos lados para erigirse en los auténticos y únicos salvadores de la gente sencilla y vulnerable. Dos estrellas exclusivas en el universo patrio.

En el 80% de las viviendas de alquiler no se aplicará el control de precios y el PP no lo impondrá en sus territorios

Pero la montaña del sueño progresista parió un ratón: un impuesto de sociedades del 15% (como quería Podemos, que a cambio renunció a aumentar las ayudas a la maternidad y crianza) que permitirá recaudar sólo 400 millones de euros, y un proyecto de ley de Vivienda que cabrea a los arrendadores de pisos sin ayudar de verdad a los arrendatarios y promete un bono a los jóvenes con dificultades para vivir de alquiler sin aumentar la oferta de viviendas en alquiler y con dudoso efecto práctico sobre el mercado.

Vamos con la vivienda. El control de precios de las casas en alquiler sólo afectará a los propietarios de más de diez inmuebles, lo que deja fuera a la inmensa mayoría –más del 80%– de los pisos de alquiler, cuyos inquilinos no serán protegidos salvo por las desgravaciones fiscales a sus arrendadores y, en el sector juvenil, por el bono mencionado. Aun así tropezamos con dos inconvenientes en esta medida tan social de la izquierda en el poder. Uno, que la política de vivienda es competencia de las comunidades autónomas y las cinco que gobierna el PP no van a aplicar los topes de precios, según se ha apresurado a anunciar Pablo Casado cuando ni siquiera hay proyecto de ley al respecto, y resulta que concentran a 21 millones de españoles (Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia y Castilla y León). Y dos, que el incremento del IBI sobre las viviendas vacías es cosa de los ayuntamientos, y también el Partido Popular domina cuatro de las ocho grandes capitales, en las que subir los impuestos es lo último que se piensa. Que conste que el PP sobreactúa como siempre, porque tan constitucional es el derecho a la propiedad como su función social (¡están en el mismo artículo de la Constitución!) y el derecho a una vivienda digna.

Finalmente, las experiencias internacionales sobre control de alquileres no son concluyentes. En unas ciudades han bajado y en otras han subido. Ni sobre ayudas: a veces acaban en el bolsillo del propietario.

Y luego está el bono cultural. Mañana.