El tribunal rechaza la solicitud de la suspensión del juicio de Fumapa
● La Fiscalía pide seis años de prisión para Pérez-Sauquillo, ex dirigente de Invercaria, en una nueva causa de la empresa pública
Reyes Rocha
El cuarto juicio de Invercaria comenzó ayer con el rechazo del tribunal a la suspensión de la vista propuesta por la defensa del ex presidente de dicha empresa pública, Tomás Pérez-Sauquillo, quien alegó que el principal testigo de cargo, Cristóbal Cantos, está pendiente del recurso de una querella presentada por Pérez Sauquillo contra él. En esta querella, presentada justo antes del juicio del caso de aceitunas Tatis y cuyo archivo está recurrido, el ex dirigente de Invercaria imputó falso testimonio y estafa procesal a Cantos que destapó el caso.
Según explicó el presidente del tribunal durante la primera sesión celebrada ayer, que Cantos tenga un procedimiento pendiente “no es causa de suspensión porque los hechos investigados no impiden la celebración del juicio”.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de seis años de prisión y 25 años de inhabilitación para Pérez-Sauquillo por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con los préstamos que por importe de 359.581,6 euros concedió esta empresa pública de la Junta a la empresa Fumapa.
El Ministerio Público solicita las mismas penas de seis años de prisión y 25 de inhabilitación para los miembros del consejo de Administración de Invercaria Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete, y Ramón Martín López; mientras que a los administradores de Fumapa, los empresarios Fulgencio Canales Rodríguez y Francisco Gutiérrez Cañizares, les ha pedido dos años y medio de cárcel y seis inhabilitación para cada uno.
A estos dos últimos acusados, los fiscales los consideran inductores de los delitos de prevaricación y malversación, apreciando una circunstancia atenuante en su conducta prevista en el artículo 65.3 del Código Penal, para “cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor”, lo que permite imponer la pena inferior en un grado.
Además de las penas de cárcel y de inhabilitación, la Fiscalía reclama que los seis acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la agencia IDEA con 300.000 euros, puesto que, según apunta en el escrito de conclusiones provisionales, “el perjuicio total a la mercantil Invercaria y a la agencia IDEA asciende a 359.581,60 euros, cantidad que, puesta en relación con los fondos propios del año 2008 destinados a inversiones, suponen un daño relevante en las cuentas de la entidad y en los posibles fondos destinados a otros proyectos en fase semilla”.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que Fumapa es una sociedad constituida en 1988 dedicada a la fabricación y venta de carpintería me
El ex presidente de la entidad “era consciente de la irregularidad de la ayuda”, según el fiscal
tálica y aluminio y cristal. En fechas no determinada, los socios de Fumapa, Fulgencio Canales Rodríguez y Francisco Gutiérrez Cañizares, lograron una reunión en La Carolina con el presidente de Invercaria, Pérez-Sauquillo.
Después, en abril de 2008, los empresarios se reunieron con Pérez-Sauquillo y el personal de Invercaria para la concreción de la petición de inversión. En esa reunión no entregaron “más de dos folios manuscritos, que contenían una serie de gastos entre 2005 y 2008, así como un inventario de inmovilizado de Fumapa y Fumafra”, mercantil esta última constituida por los mismos socios.
A finales de 2006 tanto Fumapa como Fumafra presentaban fondos propios negativos por 27.644 y 165.037 euros, respectivamente, y ambas estaban en una situación “comprometida”. El entonces presidente de Invercaria, Pérez-Sauquillo, a pesar de ser “consciente de la irregularidad del inicio del trámite y de la inviabilidad de tal ayuda, hizo llegar el interés en que se analizara la inversión, dándose traslado de estos documentos a personal del departamento de Promoción, cuyo director era en esas fechas Cristóbal Cantos”.
Según la Fiscalía, Invercaria era en octubre de 2009 “consciente de la comprometida situación económica de Fumapa, de sus problemas con Hacienda y la Seguridad Social a través de una reunión mantenida con su personal y donde hasta entonces no se habían afrontado los pagos de principal e intereses del préstamo”.