La Fiscalía avisa del aumento de los incendios agrícolas sin permiso previo
● Advierte de la contaminación de ríos por aguas residuales y vertidos de olivareras
La Fiscalía de Córdoba avisa de que durante el año 2020 se registró “un número importante” de incendios (sobre todo en período estival) relacionados con tareas agrícolas, ámbito en el que “se sigue utilizando el fuego sin autorización administrativa y sin medios preventivos”. Al respecto, el Ministerio Público expone en su memoria anual referida al pasado ejercicio que “se han tramitado numerosas diligencias de investigación que han tenido que ser archivadas por falta de autor o causa de ignición conocida”.
En concreto, indica que “debido a la extensión de la provincia y a que un tercio de la superficie es forestal, y la proliferación desordenada de construcciones ilegales que incrementan el riesgo de incendio y perturban la labor de los servicios de extinción, es este el problema más importante, encabezando desde hace dos décadas la lista de los incendios producidos en Andalucía”.
Para tratar de resolver la problemática, explica que se han celebrado reuniones con el Infoca para “establecer medidas concretas para implantar una nueva política de gestión de riesgos que asuma una cultura basada en que el riesgo cero no existe, que las soluciones pueden ser temporales, y que hay que establecer una estructura organizativa con implantación estable y, de importancia, elaborar una ordenanza municipal que obligue a los particulares a implementar esos planes, solucionando las carencias”.
En relación con los delitos contra el medio ambiente, destaca como
“más relevantes” los referidos a la contaminación de ríos por aguas residuales y vertidos del residuo de las cooperativas olivareras de la provincia, el alpechín, existiendo al respecto varios procedimientos por vertidos sin control en el río Guadalquivir, que han provocado que se vean afectadas especies autóctonas especialmente vulnerables, como el barbo gitano y la boga de río, así como otras especies exóticas invasoras, habiéndose tasado el daño a la calidad del agua en 589.600 euros para indemnizar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en un caso.
Asimismo, explica que se ha mantenido una relación directa con el Seprona y con la Policía Autonómica en el marco de la campaña de prevención de incendios, a la vez que “se ha incluido en las comunicaciones a los cuerpos policiales un nuevo factor de riesgo debido a la proliferación de construcciones en la interfaz urbano forestal”.
En cuanto a los delitos contra la ordenación del territorio, la Fiscalía señala que tienen “una fuerte presencia” en la capital, “donde desde finales de la década de 1970 el crecimiento de la ciudad se ha producido sin respetar el modelo de ciudad compacta mediterránea que contempla el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba, haciendo crecer la ciudad de un modo descontrolado a base de urbanizaciones de escasa calidad, sin equipamientos ni zonas verdes”.
En este sentido, reitera, como en otros años, que “se ha llegado a veces a construir en zonas inundables, de peligro extremo de incendio, así indicado en el PGOU e incluso en los alrededores de la ciudad califal Medina Azahara”, al tiempo que introduce que “en la ciudad existe un fuerte asociacionismo de los propietarios de viviendas en situación de ilegalidad, que demandan servicios básicos y realizan medidas de presión como manifestaciones, cortes de calles, etc”. Entretanto, comenta que la mayoría de los procedimientos se refieren a “edificaciones ilegales” en el término de la ciudad, aunque “también se observa presión urbanística en Cabra, Aguilar de la Frontera y Priego de Córdoba”.
Además, expone que durante 2020 se ha observado “un incremento de las sentencias condenatorias, rompiendo así la tendencia de años anteriores de absolución de estas conductas por parte de los juzgados de lo Penal y Audiencia Provincial”. Al hilo, el Ministerio Público asegura que debido a una sentencia del Tribunal Supremo (TS) dictada en virtud de un recurso de casación interpuesto por el fiscal “se ha observado un cambio de criterio del juzgador, siendo ahora más proclive a la condena, rompiendo la tendencia general a la absolución”.