Dudas con la futura ley de Vivienda
● Los expertos en el sector no descartan que tenga un efecto contrario al deseado y se encarezcan los precios
El Gobierno anunció a comienzos de semana el acuerdo sobre la ley de Vivienda, último escollo en la negociación para lograr la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022. A la espera de conocer el texto final, el Ejecutivo ya ha avanzado algunas medidas de esa normativa, que ha generado incertidumbre en el sector inmobiliario y los expertos del sector no descartan que tenga el efecto contrario.
El objetivo del Gobierno es contener los precios del mercado inmobiliario de alquiler y facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo entre los jóvenes. Para lograrlo, la futura legislación fijará un límite de precios en las zonas tensionadas, contempla un recargo del 150% del IBI para pisos vacíos y obligará a reservar un 30% de las nuevas promociones para destinarlo a vivienda de protección oficial.
El proyecto debe aprobarse primero en el Consejo de Ministros y después pasar el trámite parlamentario en el Congreso, por lo que el presidente de TecniTasa, José María Basáñez, se mantiene “muy prudente” a la hora de analizar “algunas generalidades que han trascendido”. No obstante, considera que la ley restringirá la oferta de vivienda y conllevará a un encarecimiento de los precios.
“Si a igualdad de demanda restringimos la oferta, por las leyes básicas de la economía de mercado, sube el precio. En general, todo lo que limite la propiedad privada y el libre mercado no es bueno para los precios”, explica Basáñez.
Asimismo, el profesor de Finanzas y experto en Real Estate de Esade, Joan Carles Amaro, sostiene que no existe “una necesidad imperiosa” para sacar adelante la ley de Vivienda, puesto que este sector ya cuenta “con un marco normativo suficiente”. “No tengo muy claro que realmente nos hiciera falta una regulación, además de la que ya hay, ni tampoco tengo muy claro que las medidas que se han anunciado tengan la finalidad perseguida de entrada”, señala.
El sector inmobiliario aguarda la publicación del texto, que deja entre más dudas que certezas.
“Qué se va a definir como gran tenedor y qué como zona tensionada. Esto marcará bastante el impacto de la medida”, apunta Amaro. Éstas no son sus únicas interrogantes, ya que también está a la espera de ver el efecto de la regulación de los precios del alquiler, que en otros países “no ha terminado de funcionar demasiado bien”. A pesar de su escepticismo con la mayoría de las medidas anunciadas hasta ahora, el experto en Real Estate cree que las bonificaciones a los propietarios que rebajen el alquiler en la renovación del contrario está “menos alejada de la ortodoxia”.
Basáñez también espera la definición de grandes tenedores que prepara la ley, que de entrada se refiere a los propietarios de diez o más inmuebles. “Técnicamente, sólo afecta a los fondos y empresas de vivienda y grandes tenedores de vivienda en alquiler en España, que no será ni el 10%. Dentro de los particulares, los que tienen más de 10 viviendas son muy pocos. Posiblemente el ámbito al que se está refiriendo esta ley no afectaría ni al 5% de las viviendas que están en alquiler”, apunta el presidente de TecniTasa.