Críticas a los candidatos, tanto en el Congreso como en la judicatura
El Gobierno ha propuesto a Juan Carlos Campo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, uno de los dos nombres que el Ejecutivo ha designado para renovar la institución. El otro es el de Laura Díez Bueso, catedrática de Derecho Constitucional y, como Campo, de marcado perfil político, lo que ya ha provocado las críticas en tropel de los partidos de la oposición.
De 61 años y ministro de Justicia hasta hace un año, Campo nació en Osuna, aunque toda su carrera como juez y político la ha desarrollado desde la provincia de Cádiz. Por su parte, Díez Bueso ha ocupado diversos cargos públicos en Presidencia del Gobierno durante cuatro años.
Con estos nombramientos, Pedro Sánchez planta cara al PP en el doble ámbito del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El obstáculo de la renovación del Constitucional es que el relevo de cuatro de sus miembros corresponde a dos vocales de parte del Gobierno y a otros dos que nombra el CGPJ. Esta última institución, de mayoría conservadora, se resiste a elegir a sus dos vocales, lo que abre la duda
La propuesta del Gobierno fue recibida con críticas generalizadas en el Congreso, donde los grupos, con la excepción del PSOE, censuraron la politización de este órgano. Entre los críticos figuró el socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, informado el lunes a última hora y que no pudo discutir “los nombres y su idoneidad”, lamentó Jaume Assens,
de si eso es un impedimento legal para renovar a los otros dos. Corresponde ahora al TC validar la propuesta del Gobierno.
Fuentes socialistas explicaron a este medio hace una semana que Sánchez estaba decidido a renovar el Constitucional, que pasará a tener mayoría progresista, a pesar de los impedimentos que le estaba poniendo el CGPJ. Lo que casi nadie sabía es que Campo estuviera en la mente del presidente.
Campo es un hombre de confianza de Sánchez, que lo nombró ministro de Justicia en enero de 2020, aunque lo sacó del Consejo que acusó al PSOE de “cinismo” por el veto previo a Victoria Rosell como vocal en el CGPJ. PP y Vox recriminaron por su parte a Pedro Sánchez de autoritarismo. Cuca Gamarra, portavoz de los populares en la Cámara, denunció que “el Gobierno se nombra a sí mismo magistrado del Constitucional” e interviene en el órgano que comprueba la constitucionalidad de sus actos, algo que no
de Ministros en julio de 2021 para sorpresa, incluso, del afectado.
Su carrera judicial no estaba dirigida hacia la política, pero en los 90 asesoró, como independiente, a la entonces consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, Carmen Hermosín, en el traspaso de las competencias de Justicia. A partir de ahí inició una relación con el PSOE que le ha llevado a ser una de las personas de referencia del partido en el turbulento mundo de las relaciones entre la política y la justicia.
Desde que fuese nombrado director general de Relaciones con