España intenta por cuarta vez el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar
● Albares destaca la protesta como una de las principales de la negociación entre ambas partes
“Bossano no descarta un acuerdo para la utilización hispanobritánica del aeropuerto de Gibraltar”. Este titular aparecía ya en el número 1 de Europa Sur ,el 22 de enero de 1989, hace ya casi 34 años. Sin embargo, el tema del que habla está en 2022 tan a la orden del día como entonces. O, mejor dicho, vuelve a estarlo después de que la Comisión Europea (CE) lo haya puesto sobre la mesa en las negociaciones con Reino Unido para la firma de un tratado internacional que regule las relaciones de Gibraltar con la Unión Europea (UE), especialmente con la comarca, tras el Brexit.
El uso compartido del aeropuerto del Peñón, que tiene un marcado carácter militar además del civil, está incluido en la propuesta en firme que la CE entregó hace semanas al Gobierno británico para intentar poner fin de una vez a unas negociaciones que comenzaron hace 431 días, según desveló el pasado miércoles el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, durante una comparecencia ante la prensa con el canciller británico, James Cleverly. Antes de eso ambos se habían reunido para tratar de acelerar el proceso sobre la Roca y después, incluso mantuvieron una cena de trabajo ya con sus respectivos equipos para rematar “acuerdos bilaterales”.
Albares destacó el aeródromo como parte del posible acuerdo, al nivel de la equiparación de los pensiones de los españoles que han cotizado en Gibraltar con las de los residentes en la Roca. Cleverly no dijo nada al respecto, pero en una entrevista con este periódico el pasado 4 de diciembre, el embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliott, sí se pronunció: “No prevemos ese uso conjunto. Lo que sí que hay en las conversaciones es la posibilidad de que el aeropuerto se abra a vuelos europeos a través de una solución que habrá que encontrar y que respete las posiciones de soberanía, tanto de España como de Reino Unido y Gibraltar. Eso, si tuviera éxito, debería verse reflejado en el tratado que estamos intentando acordar porque podría facilitar la prosperidad de la que se habla y que es una ambición muy genuina”.
El martes 13 de diciembre, un grupo de unos 90 viajeros vio impedida temporalmente su entrada en España desde Gibraltar cuando pretendían ser conducidos hasta Málaga para tomar un vuelo hacia Londres tras el cierre del aeródromo gibraltareño por el mal tiempo.
España mantiene los controles de entrada en el espacio Schengen desde Gibraltar pero ha flexibilizado sus criterios al aceptar las tarjetas de embarque como justificación de acceso.
CONTROVERTIDO
El uso conjunto del aeropuerto gibraltareño es una vieja reclamación del Campo de Gibraltar que tanto el Gobierno de España como la Junta han hecho suya en muchas ocasiones a lo largo de los últimos años.
En un diagnóstico financiado y encargado en 2021 por la consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, con el apoyo de la Mancomunidad de Municipios, aparecía como uno de los principales retos a afrontar para que la comarca se deshaga del lastre de las deficientes infraestructuras e impulse un desarrollo económico y social muy necesario en la era del coronavirus y tras la culminación del Brexit.
El Gobierno de España, bajo distintos signos políticos, lo ha puesto sobre la mesa en varios momentos y con diferentes escenarios, pero el asunto es tan antiguo como controvertido y nunca se ha materializado al completo. El Gobierno de Gibraltar siempre ha conseguido evitarlo.
La explicación se encuentra el artículo X del Tratado de Utrecht de 1713, por el que España cedió a Reino Unido “la ciudad y el castillo de Gibraltar, junto a su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen”. En ningún momento cedió el istmo, las aguas territoriales o el espacio aéreo suprayacente.
Reino Unido, por su parte, acepta que dicho territorio no fue cedido mediante dicho el Tratado de Utrecht, pero, entre otros argumentos, sostiene que su soberanía sobre la sección sur del istmo se basa en la prescripción, ya que ha estado bajo su control por un periodo largo y continuado de tiempo sin que España lo cuestionara.