DRAMA DE LAS PENSIONES
NO se asusten los pensionistas por el titular del artículo. No me refiero al drama de los pensionistas, que tienen (tenemos) asegurado que las pensiones se mantendrán en un nivel proporcional al del coste de la vida para los próximos años, sino al drama del sistema de pensiones y sus implicaciones para la economía española. Algunos datos que contextualizan la situación:
1) El proyecto de Presupuesto para 2023 recoge un gasto en pensiones de 190.687 millones de euros, un 41,5% del gasto del Estado. Este elevado peso es consecuencia del aumento de la cuantía de las pensiones y del número de pensionistas, que pasó de 7,3 millones en 2005 a 9 millones en 2022. Un aumento notable que se intensificará en los próximos años en los que se jubilará el grueso de la generación del baby boom. A esta dinámica de envejecimiento se suma la continua reducción del número de jóvenes, que en un sistema contributivo tendrán que sostener la financiación de las pensiones.
2) El elevado aumento del gasto en pensiones se debe no sólo al aumento del número de pensionistas, sino también de la esperanza de vida, lo que determina el aumento de los años que se percibe la pensión y, por tanto, la relación entre la pensión recibida y lo cotizado, ya que el aumento de la esperanza de vida no se ha traducido en un aumento significativo de la edad de jubilación. 3) Desde 2012 hasta 2021 las pensiones contributivas han aumentado un 24,3%, mientras que en el mismo periodo el IPC lo ha hecho en un 14,1%, por lo que en la última década la capacidad adquisitiva de los jubilados ha aumentado significativamente, y además bastante más que la renta media de los españoles (16,2%). 4) El aumento del gasto en pensiones ha ido generando un aumento de la deuda de la Seguridad Social desde 17.173 millones de euros a inicios de 2017 a 99.183 en agosto de este año.
En resumen, la posición económica de los jubilados en la última década ha mejorado significativamente, el aumento de las pensiones está provocando desajustes en las finanzas públicas, y hacia el futuro se prevé un notable aumento de los jubilados y la reducción de la población en edad de trabajar. En este contexto, el Gobierno se comprometió en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
La reforma de las pensiones que se inició el año pasado y que se debe finalizar antes del final de mes no es sostenible a medio plazo
a una reforma del sistema de pensiones que condiciona la recepción de los fondos Next Generation. Ya en el pasado año se decidió un aumento anual de las pensiones de acuerdo con el IPC, lo que implicará que en 2023 se incrementen en un 8,5% (mientras que los salarios negociados este año hasta noviembre lo hacen en un 2,7%), lo que supondrá un aumento del gasto público de 15.300 millones de euros según el Banco de España, generando un compromiso financiero hacia el futuro para un país con un elevado nivel de deuda pública (116% del PIB) y de déficit estructural. Antes de final de año el Gobierno debe completar la reforma de las pensiones, pero la propuesta de elevación de la base reguladora no es aceptada por los sindicatos ni por los socios parlamentarios del gobierno, la propuesta de base máxima de cotización es rechazada por la CEOE, y la Comisión Europea plantea objeciones a la sostenibilidad del mecanismo de equidad intergeneracional, prefiriendo un mecanismo automático de ajuste cuando aumente la presión financiera sobre la Seguridad Social.
Las anteriores consideraciones nos ponen de manifiesto la dificultad de alcanzar una reforma del sistema de pensiones que debe conjugar intereses dispares y restricciones financieras, por lo que requeriría un acuerdo político amplio para que fuese aceptado por la mayoría de la sociedad. Los pensionistas votan más con el bolsillo que otros colectivos porque sus ingresos dependen de decisiones políticas, y su peso electoral es decisivo, por lo que ningún partido político puede ganar unas elecciones con su oposición. Por este motivo se instituyó el Pacto de Toledo, porque si el debate sobre las pensiones se dirimiese en la plaza pública los intereses partidistas impedirían alcanzar soluciones económicamente razonables. En el marco del Pacto de Toledo se alcanzaron diversos acuerdos en las décadas de los ochenta y noventa del pasado siglo, pero los responsables políticos no fueron lo suficientemente valientes para abordar una reforma en profundidad del sistema coherente con las perspectivas demográficas y de las finanzas públicas. En la situación política actual, de polarización y confrontación, es inimaginable la posibilidad de un pacto de Estado como requeriría una reforma de las pensiones ponderada y sostenible.