Nudos españoles S.A. (Sociedad Alarmada)
● El pulso que mantiene el poder político progresista (PSOE-UP) con los jueces conservadores bajo la influencia del PP ha estallado esta semana dejando un resultado difícil de recomponer
SOMOS expertos en nudos. La política española tiene la rara habilidad de enredar más los cabos en vez de desanudarlos. El pulso que mantiene el poder político progresista (PSOE y UP) con los jueces conservadores bajo la inf luencia de la calle Génova desde el comienzo de la legislatura ha estallado esta semana dejando un montón de cascotes inservibles y difíciles de recomponer. Las consecuencias del atrincheramiento de un grupo de jueces conservadores y elegidos por el PP en un poder judicial cuyo mandato caducó hace cuatro años no podía acabar bien. El filibusterismo de estos jueces para propiciar el segundo bloqueo –la elección de dos miembros del Tribunal Constitucional– sólo agravaba la cuestión. El acto de rebeldía que supuso que los magistrados rebeldes ignoraran el plazo legal para elegir a los miembros del tribunal de garantías suponía una declaración de guerra abierta. Nudos que hacen más nudos.
CONTRA SU PROPIA INDEPENDENCIA
Fue una malísima noticia que el PP se asustara ante las advertencias de su ejército de papel y diera marcha atrás en el último minuto en el pacto de renovación del CGPJ, el gobierno de los jueces, el que nombra a otros jueces y renuevan un TC que se pronunciará sobre leyes sociales de calado, algo que el PP parece temer. De otra forma es difícil explicar tanto entusiasmo en esta celada. La responsabilidad de lo ocurrido está en ese bando. Sin ambages. Es sencillo: el PP está tratando que el Constitucional, inédita y peligrosamente, frene reformas legales en trámite en vez de someterlas a su escrutinio una vez aprobadas, que es a lo que se dedica. Sorprende tanto que un grupo parlamentario sea partidario de autoarrebatarse competencias e independencia como que el TC considere hacerlo, algo no descartado hasta mañana. Este cuestionamiento al funcionamiento del sistema constitucional conocido hasta ahora es la demostración de que el PP ignora dónde están los límites y dónde se cruzan las líneas que llevan al límite al sistema.
CRISIS INFLAMADA
La actuación del PP, de la mano de Vox, no oculta que el gobierno ha contribuido a inflamar la crisis tratando de desenredar uno de los nudos troncales. Quizás no había otro camino y hay que preguntarse qué ha de hacer un gobierno y un parlamento ante el bloqueo de la renovación de uno de los órganos judiciales por el principal partido de la oposición en comandita con un grupo de puñetas en osada rebeldía. Políticamente tiene lógica y legitimidad que el legislativo legisle utilizando su mayoría parlamentaria para modificar leyes. Pero políticamente han asumido mucho riesgo metiendo en el mismo saco de la reforma del Código Penal la desaparición del delito de sedición, la rebaja sustancial del de malversación y la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial mediante una enmienda con el objetivo de eliminar la obligatoriedad de los tres quintos para que el CGPJ pueda elegir a los dos miembros del TC así como para eliminar el plácet que hasta hoy tiene que conceder el TC para validar a los miembros elegidos por el Consejo. Es un galimatías, sí, pero lo que se dirime sólo es poder. El control del órgano de los jueces integrado por jueces cuya independencia se ignora. Y lo que se oculta –aunque ya no– es el intento de controlar la justicia para favorecer determinadas decisiones políticas, económicas y sociales. La razón asiste al PSOE toda vez que el CGPJ lleva cuatro años con su mandato vencido, el mismo tiempo que lleva el PP incumpliendo la ley. Pero tratar de resolver el asunto por el procedimiento de urgencia, sin informes consultivos y evitando el trámite y las enmiendas a un proyecto de ley puede ser legal pero también es una declaración de intenciones que hurta el debate sereno y a fondo sobre los delitos modificados y la renovación del órgano judicial.
GOBIERNO ILEGÍTIMO, OKUPA DE LA MONCLOA, TERRORISTAS ALIADOS… ¡‘CRASH’!
El PP, que siempre se pasa de frenada. Ha reaccionado tratando de impedir una votación parlamentaria. Hay que leerlo dos veces. Lo ha hecho recurriendo al TC tratando de evitar que en la cámara que en la que reside la soberanía nacional –que no es solo un concepto festivo para repetir con solemnidad impostada y el cuello almidonado los seis de diciembre– se arbitre el juego de mayorías y minorías en función de la representación popular de cada uno y los pactos políticos alcanzados. Y pretende que lo haga el TC adoptando medidas cautelarísimas, o lo que es lo mismo negando incluso a la parte afectada el derecho a ser escuchada por el tribunal. Cuando se empieza una legislatura calificando al gobierno de ilegítimo nada puede acabar bien. La palabra pronunciada por los diputados no es baladí. El lenguaje siempre preconfigura la realidad y la opinión publicada, que a su vez performa el debate en la sociedad. El comienzo de la legislatura ya anunciaba este final. Todo ha ido a peor. Daba igual lo que ocurriera, este era en origen un gobierno usurpador de las instituciones; su desempeño, ilegítimo; sus coaligados, un peligro para España; los partidos que lo apoyan en el Parlamento, ilegales pese que su participación en política viene regida por la Ley de partidos impulsada por el PP; y el presidente simple y llanamente un okupa en La Moncloa. Esa ha sido la tesis y la estrategia desde el minuto uno. Ahora que embocamos el último año de legislatura la mezcla de ficción –la legitimidad del Gobierno– con la realidad –el indeseable apoyo en ERC y Bildu por legales que sean– han construido un relato terrible y con un final apocalíptico.
CATÁSTROFES INSTITUCIONALES
El jueves nos dejó una larga lista de catástrofes institucionales. Una reforma legal aprobada por los diputados pero pendiente de
REGRESO A 1
2017 PERO SIN PLUMAS
El independentismo vuelve a la carretera. ERC va a aprobar en febrero su propuesta de referéndum pactado con el Estado cuyo resultado necesite un 55% mínimo de síes y una participación del 50% para ser vinculante. Hay demasiadas claves
agolpadas en esta déjà vu tan aburrido como previsible. De entrada, la propuesta pretende hacerse en el marco legal pero bajo la utopía de un cambio constitucional que lo permita. La sociedad catalana ha virado: el apoyo a algo parecido al procés es menor. El independentismo está profundamente dividido y a la gresca por los votos. El presidente Aragonès ha pasado a ser el gran traidor para parte del independentismo radical más irredento. Item más: si se produce otra escalada será con un marco legal diferente y más debilitado. Pedro Sánchez sabe que un hipotético apoyo de ERC ante un hipotético triunfo electoral que lo deje dependiente de esos votos va a pasar por la aprobación del referéndum. Se admiten apuestas, aunque en esta suerte el Gobierno está bien sujeto por la Constitución. No conseguirán la independencia pero van a seguir contaminando la agenda política española por mucho tiempo.
LA MOCIÓN DE 2
FEIJÓO
Las mociones de censura en España son constructivas, es decir tienen como objetivo sustituir a un presidente por otro y darle continuidad a la legislatura. Pero, como todo en política, tiene sus matices. Aun perdiendo puede servir para marcar posición, evidenciar quién es la alternativa, para establecer el marco y la agenda política o incluso para disponer de un relato. Santiago Abascal, de Vox, parece dispuesto a presentar su segunda moción de censura con Pedro Sánchez. La primera fue en 2020 y fue rechazada. Aquella fue contra Casado y esta es contra Feijóo. Así está de envenenado el ciclo del aire en la derecha española. Feijóo,