Sumar se querella contra el presidente del CGPJ el mismo día que Bolaños se reúne con él
● El fiscal asegura que buscaban realizar acciones violentas o atentados con explosivos
Sumar interpuso ayer una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del organismo por su “inaceptable intromisión” en la función legislativa del Congreso, al autorizar y participar en el Pleno extraordinario que propició la declaración institucional contra la ley de amnistía.
Todo ello, el mismo día en el que el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, se reúne con Guilarte por primera vez. El socialista se desmarcó de la querella y aseguró que quiere “tender puentes” en esta nueva etapa. Después de dejar claro que esta decisión “no es del PSOE”, señaló que hará “el mayor esfuerzo posible” para renovar el CGPJ, que lleva cinco años con el mandato caducado y lo hará con el “máximo diálogo”. Bolaños respondió así al ser cuestionado sobre si se plantea cambiar la ley para acometer esta renovación si persiste la negativa del PP a pactar el recambio de los vocales.
La denuncia de Sumar acusa a estos miembros del CGPJ de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitación de ejercer cargo público, por promover una resolución “ilegal”, “arbitraria” y que excede las competencias del CGPJ. Y se dirige contra sus ocho promotores, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. También contra Wenceslao Olea –que votó a favor–y apunta a Guilarte, que optó por votar en blanco, como cooperador necesario al permitir la convocatoria de dicho pleno en la que estos juristas lanzaron su resolución contra la futura ley de amnistía.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer imponer penas de entre ocho y 27 años de prisión a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por un delito de pertenencia a organización terrorista, achacando también a ocho de ellos delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos.
En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, el fiscal Miguel Ángel Carballo sostiene que los acusados se integraron en un Equipo de Respuesta Táctica (ERT), un grupo de personas de diferentes CDR que habrían conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos.
“Su objetivo final como organización era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España”, destaca en su escrito de 61 páginas el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo.
Para todos los acusados la Fiscalía pide las accesorias legales y además penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior en diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.
Cabe recordar que la ley de amnistía explica que quedan excluidos de la misma únicamente “los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el capítulo VII del Título XXII del Código Penal siempre y cuando haya recaído sentencia firme”, por lo que los 12 CDR podrían acogerse a la misma. El fiscal señala que, “aunque inicialmente la razón de la creación de los CDR era asegurar la celebración del referéndum, en realidad dichos grupos o estructuras fueron concebidos con una finalidad que pretendía una existencia más allá de la citada fecha, lo que suponía adopción de la idea original de Poble Lliure”.
“Nos encontramos ante grupos compuestos por una pluralidad de personas que tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada. Dicha intención se manifiesta a través del rechazo a seguir los cauces legalmente establecidos por el Estado de Derecho para las reivindicaciones políticas y sociales”, relata.
Los miembros de esta facción radicalizada, tuvieron “participación activa” en la materialización de algunas de las acciones “más contundentes” de los CDR. Entre ellas, el fiscal enumera cortes de carretera, un vertido de aceite en la calzada de la C-55 en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba a los presos del procés desde el centro penitenciario de Lledoners, o el levantamiento de las barreras de los peajes.
También les acusa de la creación y desarrollo de los Cecor (centro de coordinación) para las acciones de los CDR, que asumieron el encargo recibido de un denominado
CNI Catalán para que aportasen la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament de Cataluña, y defenderlo posteriormente. “Como detalles acreditados del citado plan”, el fiscal indica que la ocupación se realizaría por la puerta principal del Parlament ya que, supuestamente, se les facilitaría el acceso desde el interior.
Después, un reducido grupo de personas, cooperaría con el CNI para el establecimiento de bases de intendencia, para permanecer en el interior del edificio al menos una semana, “montando antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones, todo ello bajo un presupuesto estimado en 6.000 euros”. Para ello, eran esenciales los “servicios” del acusado Ferrán Jolis, debido a sus “amplios conocimientos” en informática y telecomunicaciones, “a efectos de confeccionar una red securizada e indetectable que permitiese las comunicaciones entre el interior y exterior del Parlament”.
Los delitos por actos terroristas quedan excluidos de la ley de amnistía