La subida del Impuesto de Sucesiones, freno al relevo generacional
La intención del Gobierno de eliminar las diferencias en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones pone en peligro las bonificaciones en muchas autonomías para favorecer el relevo generacional
La llegada de jóvenes al campo se estrella con el proyecto del Gobierno de anular las bonificaciones autonómicas al tributo que grava las herencias y las donaciones.
La “armonización fiscal” que tiene en su agenda el Gobierno inquieta en el sector agrario. La posibilidad de suprimir las bonificaciones que tienen muchas autonomías en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones amenaza con convertirse en otra losa para el relevo generacional en el campo, cuyo índice de envejecimiento sigue siendo la gran asignatura pendiente no sólo de la agricultura española, sino también de la Unión Europea. El debate no es nuevo, aunque ha reverdecido con la enmienda a los presupuestos que introdujo ERC en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Aunque la denominada “armonización fiscal”, es decir la subida de impuestos en las Comunidades que han apostado por una menor presión recaudatoria sobre el bolsillo de los ciudadanos, no salió adelante, el Gobierno quiere acometerla en los próximos meses. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dejó claro hace apenas unos días que abordará con las comunidades las diferencias fiscales, en concreto en el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio, cuya recaudación está cedida a las autonomías “pero en los que el Gobierno de España tiene capacidad regulatoria”. Durante los últimos años, han sido muchas las comunidades autónomas que han introducido bonificaciones en el pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en algunos casos son de carácter general y en otras específicamente para el sector agrario en aras de facilitar la ansiada llegada de jóvenes a la actividad agraria. Los beneficios son muy diversos, y pueden llegar hasta el 99% del Impuesto, afectar solo a las herencias o incluir también las transmisiones “inter vivos”. Por ejemplo, Castilla y León tiene una bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones para la trasmisión de explotaciones agrarias para cónyuges, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de la persona fallecida, que debe tener la condición de agricultor profesional. En otros territorios, la exención del 99% afecta también al Impuesto de Donaciones, como ocurre en Galicia, Andalucía, Extremadura o Comunidad Valenciana, con algunas variantes. La dificultad de acceso a la propiedad de la tierra es uno de los principales lastres para la incorpora
ción de jóvenes a la actividad agraria, cuyos resultados arrojan datos poco esperanzadores. Según el último informe del Fega, apenas un 8,80% de los perceptores de las ayudas directas de la PAC en 2019 tenía menos de 40 años. En el otro lado, un 38% tenía más de 65 años. Este último colectivo acaparó el 26,41% del importe total que distribuye Europa en nuestro país, con 937 millones de euros. Asaja Andalucía ha sido una de las organizaciones agrarias más activas para que en esta Comunidad mejorase la fiscalidad en la transmisión de fincas rústicas y se acabase “con un agravio comparativo”. El Gobierno de Juanma Moreno aprobó a principios de 2019 la bonificación del 99% del Impuesto tanto para Sucesiones como para Donaciones. “Siempre hemos dicho que era una losa tremenda que frenaba la renovación generacional en el campo porque era muy difícil para los herederos poder asumir esa fiscalidad. No se admitía ni siquiera el pago con parte de la herencia, la dación en pago, y muchos terminaban renunciando”, afirma el director de Asaja Andalucía, Felix García de Leyaristy. El responsable agrario destaca que hay que tener en cuenta el grado de envejecimiento que tiene el sector agrario. Aquí, uno de cada tres agricultores ha superado la edad de jubilación y sólo uno de cada 20 tiene menos de 25 años. Nos parecía un disparate que la continuidad de una
explotación agraria se viese truncada por la fiscalidad no porque no hubiese gente dispuesta a trabajar. Estaban desapareciendo explotaciones agrícolas”.
Armonización a la baja
La supresión de la bonificación “sería una vuelta atrás y supondría un palo al proceso de cambio, que iba por buen camino porque nosotros no sólo queríamos que fuera en primer grado, sino que afecte a tíos y sobrinos porque en el campo hay muchas herencias de ese tipo y tampoco tiene sentido. Estamos de acuerdo que se armonice, pero a la baja, no al alza que es lo que quiere el Gobierno. Nosotros haremos todo lo posible para que no ocurra”. Leyaristy no ve sentido a suprimir una reforma fiscal que en Andalucía ha permitido aumentar la recaudación en 600 millones de euros. El director de Asaja Sevilla reconoce que “no sé hasta qué punto la Comunidad va a poder maniobrar. Lo que tengo entendido es que la Ley te permite bonificar hasta el 99% pero no eliminarlo porque el 1% restante es del Estado. Ahora desde Madrid dicen que no es un 1% sino el 70% por lo que la autonomía se quedaría con un 30%”. Lo que está claro es que la supresión del Impuesto ha contribuido enormemente al traspaso de fincas rústicas por donación. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2019, año en el que entró en vigor la exención del Impuesto en esa Comunidad, los traspasos de tierras por esta modalidad inscritos en los Registros de la Propiedad se dispararon un 70%. “Lo que está ocurriendo es que con la alerta que se ha generado, porque todo el mundo sabe que el Gobierno quiere revertir esa eliminación del Impuesto de Sucesiones, se están haciendo las donaciones
con más urgencia. Esa ventana la están aprovechando todo el que puede”, añade García de Leyaristy. “Es curioso que al sector agrario se le exija que se ponga las pilas, que se le diga que tiene que ganar competitividad porque está muy atomizado. Pues oiga, haga una política fiscal que favorezca eso no una que impulsa la disgregación. Te exigen por un lado, pero en la letra chica van por otro”, concluye.
PP: “Perjudicaría muy seriamente”
Milagros Marcos, portavoz de Agricultura, Pesca y Alimentación del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, considera “imprescindible” la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para evitar que el campo se vacíe de jóvenes. “Las subidas de impuestos afectan a cualquier negocio porque nadie trabaja para no ganar. Si además estamos hablando de que hay que impulsar el relevo generacional, que se incorporen los jóvenes, y lo que hacemos es gravar el traspaso de las tierras de padres a hijos lo que vamos a conseguir es que cada vez que se jubile un agricultor, las tierras se queden sin cultivar. Entre eso y el problema que tienen de rentabilidad en estos momentos y los retos ambientales, perjudica muy seriamente”. En su opinión, para afrontar la “gran preocupación del sector”, lo que hay que hacer es facilitar la incorporación de jóvenes “pero para eso hay que tener a qué incorporarse, tiene que haber tierras, hay que facilitar el acceso a la tierra. Si no es imposible”. Para Asaja Castilla y León, la supresión de las bonificaciones dificultaría el relevo generacional. La organización agraria pone el acento en el tema de Donaciones, ya que en esta Comunidad está exento el 99% para la transmisión de las explotaciones agrarias en las herencias. “La elevada carga impositiva es con frecuencia el principal obstáculo para que los padres no vendan o donen las fincas rústicas a sus hijos agricultores, pasando a formar parte de la herencia familiar, que en muchas ocasiones llega cuando la vida laboral del agricultor se acerca al momento de la jubilación. El aumento de la esperanza de vida, factor por otra parte muy positivo, está haciendo que las fincas agrícolas las hereden los hijos coincidiendo con la incorporación a la agricultura de los nietos, saltándose por tanto una generación. Asaja Castilla y León considera que la supresión de este Impuesto, que la Junta ha prometido eliminar, permitirá la donación sin tributar entre familiares directos y se abre la posibilidad real de que los agricultores puedan recibir sin obstáculo alguno las tierras y otros inmuebles rústicos en propiedad, al jubilarse los padres, sin esperar al momento de la herencia. “El disponer de la tierra en propiedad da solvencia económica a la explotación, permite aportarla como garantía real en créditos financieros, y tomar decisiones de inversión y mejoras que no son posibles cuando se cultivan en condición de arrendatario o cesionario en precario”.