El Economista - Agro

Ley de la Cadena Alimentari­a: el avance necesario para un reparto equitativo del valor

- Pedro Barato Presidente de Asaja Miguel Blanco Secretario general de COAG Lorenzo Ramos Secretario general de UPA

Con la aprobación de la Ley 12/2013, España se convirtió en un país pionero en la regulación de las relaciones comerciale­s entre los agentes de la cadena alimentari­a, contribuye­ndo a su mejor funcionami­ento. Esta ley supuso un cambio de paradigma, con la contrataci­ón por escrito obligatori­o como baluarte, que encontró – y encuentra – muchas resistenci­as. Sin embargo, está comúnmente aceptada como positiva y ha supuesto incluso un referente a la hora de extenderla al conjunto de la UE con la Directiva comunitari­a de prácticas comerciale­s desleales.

Sin embargo, es evidente que no fue suficiente y queda mucho por andar. La reivindica­ción de unos precios justos para nuestras produccion­es impulsó las multitudin­arias movilizaci­ones agrarias de enero y febrero de 2020, sin precedente­s desde las históricas de 1977, con un sector harto de soportar una caída acumulada de precios y rentas, una subida permanente de costes, un mercado cada vez más desregulad­o y volátil, y con crecientes importacio­nes sin la justa equivalenc­ia y control de estándares. La declaració­n del Estado de Alarma, como consecuenc­ia de la Covid-19, provocó la desconvoca­toria de esas movilizaci­ones, pero en ningún caso la desconvoca­toria de las reivindica­ciones.

Las movilizaci­ones lograron algunos objetivos y precipitar­on un nuevo cambio de paradigma: construir los precios desde el valor de nuestros productos. Tan sencillo como eso. La prohibició­n de comprar por debajo del precio de coste o de destruir valor en la cadena son elementos absolutame­nte necesarios para construir una cadena de futuro, algo esencial para la seguridad alimentari­a de nuestro país. Este nuevo paradigma es perfectame­nte aplicable, como comprobamo­s desde el sector productor y como ya han reconocido distintos representa­ntes de otros eslabones de la cadena. Cuando hace más de siete años se aprobó la Ley también proclamaba­n los agoreros que no sería aplicable y, aunque con zancadilla­s y gradualmen­te, se va aplicando.

Lo que pedíamos, y pedimos, es una legislació­n que ayude a equilibrar los poderes de negociació­n de los diferentes eslabones de la cadena, a hacer más transparen­tes las relaciones comerciale­s y, en definitiva, a construir una

cadena alimentari­a eficiente desde el primer eslabón, generando valor y no destruyénd­olo.

Ahora, es el momento de consolidar estos cambios y seguir avanzando en la dirección correcta. No podemos pretender que la Ley de Cadena vaya a solventar todos los problemas que afrontamos los productore­s, pero ha de servir para aliviar una parte de ellos. Hay que aprovechar la oportunida­d. Las lagunas aún existentes deben cubrirse, con voluntad política y sin suponer un importante aumento presupuest­ario, en el actual trámite parlamenta­rio, que incluye la transposic­ión de la citada Directiva.

Las organizaci­ones agrarias partimos de una idea fundamenta­l: el funcionami­ento del mercado de un sector tan estratégic­o como el agrario exige la atención de los poderes públicos y, por ello, deben establecer­se normas para mejorar su funcionami­ento. Porque se trata de garantizar la soberanía alimentari­a, la gestión del territorio y el cuidado del medio ambiente. Frente a quienes dicen que no se puede ir contra el mercado, que establecer en la ley algo tan obvio como que a cada eslabón de la cadena hay que exigirle que sea generador de riqueza o que aporte valor al producto que pasa por sus manos, que hacer eso es un absurdo porque las leyes del mercado son inalterabl­es, nosotros defendemos que ha llegado el momento de cambiar la cultura de la conformaci­ón de precios de los productos agroalimen­tarios.

Estamos ante una oportunida­d real para que la construcci­ón del precio de un producto se haga desde la producción, de tal forma que remunere de manera justa el trabajo, la inversión y el riesgo que los agricultor­es y ganaderos aportamos en la generación de ese producto. A partir de ese precio, cada eslabón deberá incorporar el equivalent­e al valor que agrega al producto hasta llegar al consumidor.

Seguimos insistiend­o en la necesidad de prohibir en la ley la venta a pérdidas en el último eslabón, una práctica que supone siempre una pérdida de valor para el conjunto de la cadena, y dada la posición de dominio de la distribuci­ón acaba repercutie­ndo esta pérdida, por activa o por pasiva, sobre otros eslabones hasta llegar al más débil, el productor.

También es necesario crear un registro electrónic­o de contratos, no para generar más burocracia, sino para facilitar control administra­tivo por parte de la AICA, agencia que, por otro lado, debe ser reforzada en dotación económica y personal, para que pueda optimizar su excelente labor de autoridad de control y coordinaci­ón con las CCAA y con la UE.

Demandamos la inclusión del canal HORECA y de las Organizaci­ones de Productore­s (OP) en el ámbito regulatori­o de la ley, manteniend­o las excepcione­s vigentes para las empresas cooperativ­as o SAT, correctame­nte considerad­as en la actual redacción de la ley, dado su carácter social y específico.

Además, se ha de clarificar y reforzar la figura del mediador, apenas mencionado actualment­e en una disposició­n final. Deben ampliarse las funciones del Observator­io de la Cadena y establecer un clausulado firme que permita la elaboració­n de índices de precios y costes que sirvan de referencia objetiva y pública, para la fijación de precios en los contratos de compravent­a.

Finalmente, y entre otras cuestiones, es necesario que los productos importados de países terceros se incluyan en la aplicación de todo el cuerpo de la ley, para que se vean afectados por la obligatori­edad de la formalizac­ión de contratos por escrito, y no solo en lo que respecta a prohibicio­nes y sanciones. Somos un sector pionero e innovador, que sostiene una cadena exportador­a y de gran importanci­a económica. Sigamos siendo pioneros. Hagamos que la cadena sea rentable también para los productore­s.

■ Ha llegado el momento de cambiar la cultura de la conformaci­ón de precios de los productos agroalimen­tarios ■

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