El porcino de capa blanca, motor de la economía y del medio rural
El sector porcino de capa blanca se ha convertido desde hace años en uno de los mejores exponentes de la pujanza agroalimentaria de nuestro país y del reconocimiento que nuestras producciones agrícolas y ganaderas alcanzan fuera de nuestras fronteras.
Con una facturación de 18.000 millones de euros en 2020, el sector representa más del 42,6% de la Producción Final Ganadera, el 16,3% de la Producción Final Agraria y el 9,5% del PIB Industrial. A nivel internacional, España se ha posicionado como el segundo mayor exportador, solo por detrás de EEUU y por delante de países como Alemania, Dinamarca o Canadá, con unas ventas en el exterior superiores a los 7.600 millones de euros.
Esta brillante trayectoria no ha sido fruto de la casualidad sino del esfuerzo y la inteligencia mostrada por todos los integrantes de la cadena del porcino, probablemente uno de los mejores ejemplos dentro del sector agroalimentario de que la colaboración es la mejor garantía de éxito no solo para alcanzar la excelencia en aspectos como productividad, eficiencia y seguridad y calidad alimentaria, sino para adelantarse a dar respuesta a los retos del sector.
■ España es referente mundial en bioseguridad, reducción de la huella ambiental y en bienestar animal
Gracias a la Interprofesional Interporc, que aglutina a todos los eslabones productivos, España se ha convertido en un referente mundial en bioseguridad, reducción de la huella ambiental y bienestar animal, aspecto este último en el que el sector es pionero en el establecimiento de un sello que va mucho más allá de la exigente normativa y que está avalado por expertos independientes.
No menos importante es la dimensión social de la actividad porcina. Más del 40% de las 86.000 granjas y 2.600 industrias están ubicadas en el medio rural, donde actúan como un potente generador de empleo, lo que contribuye a fijar población en la España vaciada.
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El porcino, sin embargo, no escapa a las campañas que desde algunos ámbitos animalistas y ambientalistas tratan de desprestigiar a la producción ganadera de nuestro país ante la opinión pública y forzar a los ayuntamientos a frenar el desarrollo de la actividad porcina. Sin duda, el crecimiento del sector no debe atenerse solo a criterios económicos, sino que debe tener en cuenta la sostenibilidad medioambiental, y así debe exigirse, pero siempre dentro del máximo respeto a la legalidad para evitar decisiones municipales o autonómicas que frenen un futuro esperanzador.