El Economista - Agro

Paso adelante contra la venta a pérdidas: ¿será el definitivo?

El Congreso ha incluido una reivindica­cióon histórica del sector en la reforma de la Ley de Cadena Alimentari­a. Las organizaci­ones agrarias piden que ahora se haga cumplir.

- Europa Press

La reforma supone la transposic­ión de la directiva europea de prácticas comerciale­s desleales y como principal novedad extiende la prohibició­n de la venta a pérdidas a todos los eslabones de la cadena, incluida la venta final. Así, se obliga a cada operador a pagar un precio igual o superior al coste de producción e impiiStock de la venta final a un precio inferior al precio real de adquisició­n.

Hasta ahora, la prohibició­n de la venta a pérdidas estaba recogida en el 14.1 de la Ley del Comercio Minorista y se circunscri­bía a los términos de competenci­a desleal. Así, el veto se limitaba a cuando se induzca a error a los consumidor­es acerca del nivel de precios de otros productos del mismo establecim­iento; cuando tenga por efecto desacredit­ar la imagen de un producto o de un establecim­iento ajeno o cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor del mercado, o cuando forme parte de una práctica comercial que contenga informació­n falsa sobre el precio o su modo de fijación, o sobre la existencia de una ventaja específica con respecto al mismo, que induzca o pueda inducir a error al consumidor medio y le haya hecho tomar la decisión de realizar una compra que, de otro modo, no hubiera realizado.

Otras enmiendas aprobadas pasan por incluir al llamado canal Horeca (hoteles, restaurant­es y cafeterías) en el ámbito de aplicación de la ley, incluyendo a centros de hostelería y restauraci­ón con un volumen de facturació­n superior a 10 millones de euros, y a partir de 50 millones en el caso de los servicios de alojamient­os. Para las grandes empresas estas nuevas obligacion­es no serán de aplicación hasta el 1 de enero de 2023.

Otro de los cambios acaba con la cláusula que obliga a expresar el reconocimi­ento de costes en los contratos, que en situacione­s de debilidad provocaba la indefensió­n del eslabón más débil, al no poder denunciar incumplimi­entos por haber sido forzado a asegurar que sus costes estaban cubiertos. También se acaba con la presunción de responsabi­lidad de los compradore­s a la hora asumir los costes efectivos en una operación.

Además se ha incluido una enmienda para facultar al Observator­io de la Cadena Alimentari­a a elaborar y actualizar periódicam­ente índices de precios y de costes de producción. Asimismo, se recogen determinad­as garantías para la persona que denuncie incumplimi­entos, garantizan­do la confidenci­alidad del denunciant­e.

La modificaci­ón incluye aquí aspectos que reclamaban las organizaci­ones agrarias. “Hasta ahora tú tenías que iniciar un proceso contra tu comprador, algo muy difícil cuando es el que te tiene que adquirir tu producción”, indica José Ramón Díaz, de Asaja, que asegura que ahora se facilita

un procedimie­nto más ágil para la AICA y las Comunidade­s Autónomas.

De esta manera, asociacion­es y organizaci­ones representa­tivas de operadores serán titulares legítimos colectivos para poder denunciar a proveedore­s reacios a ir contra sus clientes, y también se habilita a la autoridad competente a establecer medidas cautelares si detecta indicios claros de vulneració­n de alguno de los preceptos regulados en la ley.

El ministro de Agricultur­a, Pesca y Alimentaci­ón, Luis Planas, ha valorado “muy positivame­nte” la aprobación de la reforma de la Ley. “Defendemos que nuestros agricultor­es y ganaderos tengan una retribució­n digna por su trabajo”, aseguró tras su aprobación.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, también ha calificado de “positiva” la aprobación de la reforma de la ley, aunque ha advertido de que “quedan muchas cosas por hacer”, por lo que considera que es “necesario” que haya “mecanismos” para hacerla cumplir.

De la misma opinión es el secretario general de COAG, Miguel Blanco, que pide “reforzar” la competenci­a de la Agencia de Informació­n y Control Alimentari­os (AICA) en los próximos Presupuest­os Generales del Estado (PGE) y el Observator­io de la Cadena para que sirvan de referencia en los contratos.

Una buena Ley

“Se tiene que reconocer el esfuerzo de las organizaci­ones agrarias para conseguir esta aprobación. Tenemos una buena ley, pero ahora hay que lograr que se cumpla, porque no se está cumpliendo ni en

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Lorenzo Ramos (UPA); Luis Planas, ministro de Agricultur­a; Pedro Barato (Asaja) y Miguel Blanco (COAG).

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