Diplomacia verde y nuevas barreras al comercio de productos agrarios
El Pacto Verde europeo, que en el ámbito agroalimentario se sustancia en las estrategias De la Granja a la Mesa y Biodiversidad 2030, no solo supondrá un cambio de paradigma en la agricultura y ganadería, sino también en las relaciones comerciales del Viejo Continente con el resto del mundo.
La ambición medioambiental de la UE supondrá una reducción del 50% en algunos de los principales inputs que se utilizan en el campo, como los fitosanitarios o los fertilizantes. Las consecuencias, según los informes conocidos hasta ahora, conllevarán una importante reducción de la productividad de nuestros agricultores.
No son solo estos los riesgos que conllevan las dos estrategias. Las instituciones comunitarias quieren trasladar esas limitaciones a los países con los que tenemos relaciones comerciales a través de la denominada “Diplomacia verde”. Esto se llevaría a cabo a través de las denominadas Tolerancias de Importación (TI), es decir los Límites Máximos de Residuos (LMR) de Sustancias Activas que podrán tener los productos que provengan del exterior de la UE.
España debe fijar posiciones en las Tolerancias de Importación atendiendo a criterios científicos
La Tolerancia de Importaciones es un mecanismo básico para favorecer el comercio internacional y se basa en tomar como LMR aquel que fija la legislación estatal del país de origen de dichos productos, ya que este es el único que puede fijar controles sobre su producción agrícola nacional, ajustados principalmente a los requerimientos reales de su agricultura, en cuanto a cuestiones como su climatología o la existencia de una amenaza más virulenta de plagas o enfermedades en sus cultivos locales.
El nuevo marco que quiere establecer la UE puede significar que productos tratados con sustancias fitosanitarias cuyo uso está prohibido en territorio comunitario no puedan ser importadas, estableciendo más barreras no arancelarias en la comercialización de productos agrícolas. España tiene una dependencia de un 10% de productos importados de fuera de la UE. En el caso del maíz o la soja, claves para la alimentación animal, se acerca al 100%. Por ello, es clave que nuestro país defienda posiciones en las instituciones comunitarias basadas en criterios científicos y no sucumba a las presiones de los grupos ecologistas o de las propias organizaciones agrarias que, aunque reconocen los beneficios del comercio internacional para sus exportaciones, a la vez, solicitan competir en condiciones de igualdad a nivel global, para no generar nuevas trabas a las transacciones comerciales de productos y no poner en peligro el abastecimiento de alimentos.