El Congreso eleva a ley el Decreto de Sequía

El Congreso ha aprobado por unanimidad el proyecto de ley que recoge las medidas urgentes para paliar las situaciones generadas en las cuencas, a excepción de las andaluzas, por la falta de lluvias

El proyecto de ley recoge las nuevas medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía

Cinco meses después de que el Congreso de los Diputados decidiera tramitar como proyecto de Ley el decreto aprobado por el Gobierno en el que se incluían medidas para paliar la situación de sequía de distintas cuencas, la Cámara Baja decidió aprobar por unanimidad el pasado 29 de noviembre, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley definitiva por el se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en las cuencas hidrográficas y que modifica el texto refundido de la Ley de Aguas.

Una de las novedades que destaca sobre el texto del decreto aprobado por el Gobierno en el mes de junio es la propuesta de que estas medidas para paliar los efectos de la sequía no queden circunscritas solamente a las cuencas del Júcar, Segura y Duero, sino que se puedan aplicar, en su caso, en el resto de demarcaciones.

Precisamente, el mismo día de aprobación del proyecto de Ley, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir solicitó su incorporación a la norma por una situación que califica de “fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural”, ante lo cual el PSOE anunció que se presentaría una enmienda al Senado.

Además de la aplicación de las medidas que aprobó el Congreso, el organismo regulador de la cuenca andaluza solicitó también que se adopten medidas excepcionales que garanticen una mejor gestión de los recursos disponibles, mientras persista la situación de déficit hídrico, modificar temporalmente las condiciones de uso del dominio público hidráulico, activar fuentes alternativas de recursos, como aguas subterráneas, para atender demandas más urgentes, la reducción a la mitad de los plazos previstos en la tramitación de los procedimientos afectados por la aplicación de las medidas excepcionales, la reasignación de recursos para atender usos prioritarios, el cambio de condiciones para controlar la calidad del agua y facilitar el intercambio en las cesiones de derecho.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir también reclama que se mantenga el régimen de caudales ecológicos para las zonas incluidas en la Red Natura 2000 y en los humedales de importancia internacional del Convenio de Ramsar, y recuerda a los ayuntamientos y mancomunidades con una población mayor de 20.000 habitantes que tienen que disponer de un plan de emergencia que prevea medidas de ahorro que aseguren una disminución del consumo de agua de abastecimiento durante la sequía.

El hecho de que la cuenca del Guadalquivir no se incluyera de primeras

entre las zonas de aplicación de las medidas incluidas en el nuevo texto aprobado por el Congreso, obtuvo respuestas en Andalucía. Los diputados socialistas por Málaga, Miguel Ángel Heredia, y por Sevilla, Antonio Pradas, calificaron esta circunstancia de “indecente”, ya que “las cuencas andaluzas acumulan ya dos meses en situación de emergencia”.

Pradas y Heredia recordaron que el Grupo Parlamentario Socialista, en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, presentó una enmienda que fue aprobada para ampliar el decreto de las tres cuencas iniciales -Júcar, Segura y Duero- a todos los territorios afectados, incluido Andalucía, dentro del artículo 1 en un nuevo apartado 5, aunque “el PP votó en contra de esta enmienda socialista”.

Asimismo, indicaron que “otra enmienda a la que el PP se ha opuesto, en este caso con el voto también negativo de Ciudadanos, ha sido reducir el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales agrarios afectados por la sequía”, por lo que “esta propuesta socialista no ha salido adelante”.

Las medidas contra la sequía

El nuevo texto aprobado por el Congreso de los Diputados a finales de noviembre plantea medidas de apoyo a los titulares de explotaciones agrarias situadas en los ámbitos territoriales afectados por la sequía, como son en la actualidad las demarcaciones hidrográficas del Júcar, Segura y Duero, cuando hayan tenido una dotación inferior o igual al 50 por ciento de la normal o cuando hayan sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos de al menos un 20 por ciento de producción normal en las zonas desfavorecidas y de un 30 por ciento en las demás zonas, de conformidad con los criterios establecidos por la Unión Europea.

En concreto, se incluyen exenciones fiscales o moratorias a la seguridad social a los agricultores tanto en las cuencas del Júcar, el Segura y el Duero, afectadas por la sequía hidrológica, como en el resto de las cuencas de todo el territorio nacional afectadas por la sequía meteorológica, así como ayudas a través de un fondo que se creará para compensar pérdidas y líneas de crédito preferenciales por un importe global de 1.000 millones de euros.

Igualmente, el proyecto de Ley, que ha incluido 18 de las 33 que presentaron, introduce el suministro de agua mediante recursos no habituales -pozos de sequía, cesión temporal de derechos, agua desalinizada- en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, los abastecimientos de Almería en la parte suministrada por el trasvase TajoSegura.

Con la norma se busca también aumentar el tipo de gravamen del canon por uso de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, que en la actualidad está fijado en el 25 por ciento, previsto para la protección y mejora del dominio público. Además, con carácter excepcional y limitado temporalmente hasta el 30 de septiembre de 2018, se podrán autorizar contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas entre los concesionarios de la cuenca del Segura siempre que el volumen susceptible de cesión sea igual al volumen concedido al titular que se cede su derecho.

EFE