El Economista - Agua y Medioambiente
CAMBIO CLIMÁTICO, LA GRAN APUESTA LEGISLATIVA DE 2018
Tres de las nueve leyes que prevé el Gobierno para este año afectan al cuidado del medio ambiente
El recién estrenado 2018 marcará un antes y un después en la apuesta española por el medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó durante la presentación del Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado, que en 2018 se dará “un gran impulso” al medio ambiente. No en vano, de
las nueve leyes que el Ejecutivo tramitará a lo largo de este año, tres de ellas se centrarán en la defensa del medio ambiente.
Sin duda alguna, la estrella del programa normativo del Gobierno es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo borrador estará listo a lo largo del primer trimestre del año, según ha anunciado el Ejecutivo en distintas ocasiones. El texto, que depende de los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y de Energía, Turismo y Agenda Digital, tiene como objetivo “establecer un marco normativo que recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y los objetivos en materia de energía.
Se trata de una iniciativa que parte directamente del presidente del Gobierno, con la que Mariano Rajoy pretende asegurar que España cumple con los compromisos adquiridos en la Conferencia del Clima de París de 2015. De hecho, según apuntó Rajoy en la cumbre sobre el cambio climático que se celebró en París en el mes de diciembre, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética “garantizará el cumplimiento de los compromisos de España en el año 2030”.
La Ley lleva esperándose más de un año, desde que la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, la anunciara en la COP22 de 2016, que se celebró en Marrakech (Marruecos). Según Teresa Ribera, directora del Instituto de Desarrollo y Relaciones Internacionales (IDSRI), España “está muy atrasada” en el nivel de debate de cómo alcanzar la meta de cero emisiones en el año 2050. De hecho, el pistoletazo de salida para la redacción de la nueva norma se dio en julio de 2017, con la apertura de una consulta pública, en la que se han recibido 328 aportaciones de distintos ámbitos, y con la creación de un comité de expertos para la transición energética que tendrá que evaluar las implicaciones sociales y económicas de este cambio en el modelo energético del país.
Mientras el Gobierno sigue el proceso, Unidos Podemos intenta adelantar al Ejecutivo con la elaboración de un texto de Proposición de Ley que pretende presentar en el Congreso este mes de enero.
No sólo de retraso en la puesta en marcha de esta Ley, sino también de bloqueo es de lo que acusan algunas organizaciones al Gobierno. Y lo hacen por algunas de las decisiones que se han tomado desde el Ministerio de Energía en las últimas semanas. Así, Greenpeace España y SEO/BirdLife consideraron la actitud mantenida por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, durante el último Consejo Europeo de Energía, como de “bloqueo hacia la transición energética” y aseguran que la defensa de las subvenciones públicas a las centrales térmicas de carbón “le desligitima para liderar la decisiva Ley de Cambio Climático”.
De momento, el Mapama presentó a diputados y senadores los principales bloques de los que constará la nueva ley, y que se han definido a partir de las aportaciones que se recibieron en la consulta pública. Así, estos serán la participación de España en las cumbres del clima, los objetivos que se van a poner en cuanto a reducción de emisiones, la financiación de las políticas necesarias para conseguir los objetivos, la adaptación a las políticas europeas en materia climática o el modelo de transición energética.
Si bien ésta en una de las leyes en las que más énfasis está poniendo el Gobierno, por su transcendencia social y económica, otra de las normas en las que está trabajando el Ejecutivo es la ley por la que se establecen los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y de la energía suministrada en el
transporte. En este caso, se trata de introducir en la legislación española la Directiva 2009/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de abril de 2009, por la que se modifican las especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo y se introduce un mecanismo para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte.
La Directiva europea introduce un nuevo artículo 7 bis a la Directiva 98/70/CE, de octubre de 1998, que establece que como máximo el 31 de diciembre de 2020 deberán haberse reducido los gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida por unidad de energía del combustible o energía suministrada en el transporte hasta el 10 por ciento, un 6 por ciento con carácter obligatorio y el 4 por ciento restante con carácter indicativo, en comparación con el nivel medio de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010. Así, para lograrlo se impulsará el uso de biocombustibles que cumplan criterios de sostenibilidad, combustibles alternativos y reducciones en la quema en antorcha y venteo en los emplazamientos.
La tercera gran iniciativa normativa del Gobierno en materia medioambiental será la ley que modifica la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, en lo que afecta al régimen sancionador. Con ello, se modificarán los umbrales de las multas a imponer en función de la gravedad de la conducta para adaptar la actual redacción a la experiencia acumulada y se ampliará el plazo para tramitar y resolver dichos expedientes.
Reales Decretos
Además de las tres leyes, el Ejecutivo tiene previsto tramitar hasta un total de 12 Reales Decretos, de los 240 que se incluyen en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado.
En este plan está previsto la redacción de un Real Decreto sobre la reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se creará el Registro de Productores de Productos (REPP), con lo que se actualiza la legislación a la Directiva 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 29 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 84/62/CE en lo que se refiere a la reducción de bolsas de plástico ligeras.
Esta norma se esperaba para este año, pero finalmente se retrasa la normativa que pondrá fin a las bolsas de plástico gratuitas de un solo uso en los comercios. Este Real Decreto impondrá medidas como el cobro de un precio mínimo en las bolsas de plástico a partir del 1 de marzo de 2018,
según el proyecto de Real Decreto del Mapama. En el texto también se incluye que desde el año 2020 se prohibirán las bolsas de plástico ligeras que no sean compostables y las bolsas de plástico fragmentable.
Otro de los Reales Decretos previsto para este año es el de Reducción de Emisiones Nacionales de Determinados Contaminantes Atmosféricos y la Elaboración del Inventario Nacional de Proyecciones de Emisiones, que llevará a España a cumplir con la Directiva 2016/2284/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE.
En tercer lugar, el plan anual contempla la aprobación del Real Decreto con el que se modificará el anexo I de la Ley 41/2010 de 29 de diciembre que regula la protección del medio marino en cumplimiento de la Directiva 2017/845/UE de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2008/56 del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta normativa comunitaria se refiere a las listas indicativas de elementos que deben tomarse en consideración a la hora de elaborar estrategias marinas.
Por otro lado, otro Real Decreto introducirá mejoras en la composición del Consejo Nacional del Agua para permitir su adecuada adaptación por un lado
La oposición critica que la Ley de Cambio Climático se está retrasando
a la nueva estructura. También durante 2018 se aprobará el Real Decreto de reducción de emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos y la elaboración del inventario nacional de proyecciones de emisiones. Esta norma acometerá la reducción de las emisiones a la atmósfera de ciertos contaminantes -dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles no metánicos, amoniaco y partículas finas- y cumplir con unos niveles de emisión máximos desde 2020 a 2029 y a partir de 2030.
En el plan normativo del Ejecutivo también están varios Reales Decretos que regulan la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario; se modificará el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; o cambios en el Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y que permitirá transponer la futura directiva que revisa la Directiva 1999/31/CE sobre depósito de residuos en vertederos.
Al mismo tiempo, el Gobierno aprobará el próximo año dos normas relacionadas con Parques Nacionales, dos con la conservación de Áreas Protegidas, uno con los colaboradores meteorológicos del Estado y otro sobre el registro único español de infractores de caza y pesca.