Más vale prevenir que lamentar

Tras tres años de sequía, ha sido necesario tirar de reservas para poder satisfacer las demandas de agua. Ni siquiera las últimas lluvias han hecho que la situación mejore, por lo que el volumen de los embalses, se encuentra aproximadamente al 30 por ciento de su capacidad. Con este escenario, donde planea la amenaza de las restricciones, los agricultores somos conscientes de que tenemos que adaptar los cultivos, con el consiguiente impacto negativo que esto conlleva no sólo para el sector agrario sino para todo el complejo agroalimentario asociado.

Cultivos con grandes necesidades de agua como el maíz, el arroz o la remolacha, así como cultivos hortícolas se sembrarán en menos hectáreas y además, será necesario apostar por cultivos de secano en zonas que ahora son de regadío. Si tenemos en cuenta que una hectárea de regadío produce hasta seis veces más que una hectárea de secano y genera una renta cuatro veces superior, la caída de nuestros ingresos brutos será más que evidente, por no hablar de la pérdida, muy elevada y difícilmente cuantificable, de competitividad y de cuota de mercado que sufrirá nuestra agricultura.

Bien es verdad que para paliar los efectos de la sequía, se recurre a los seguros agrarios o a moratorias en el pago de las cotizaciones a la seguridad social, pero existen medidas que evitarían llegar a este extremo, ¿no sería mejor que se pusieran en marcha para no generar un impacto económico y social negativo?

Lógicamente, un país con un clima árido o semiárido, como es el caso de España, requiere una estrategia de planificación para tener recursos garantizados. Es por esto que además de medidas de corte financiero haya que tomar medidas estructurales que permitan incrementar la oferta de agua, máxime cuando muchas de ellas se encuentran ya incluidas en la planificación hidrológica de nuestras distintas cuencas hidrográficas.

A lo que me refiero es que no basta con activar los planes de actuación en las distintas demarcaciones cuando hay una situación de alerta, sino que son necesarias estrategias de fondo para anticiparse y evitar las pérdidas derivadas de la escasez de agua, sobre todo en las regiones que viven de la agricultura de regadío.

Por esta razón, aunque resulte una medida impopular entre determinados sectores, avanzar en obras hidráulicas resulta

imprescindible. Si no fuera por los embalses actuales difícilmente se hubieran podido atender en estos años de sequía meteorológica –pero no hidrológica- las necesidades de nuestros cultivos y de las restantes demandas de agua casi con normalidad.

Concretamente, a nivel nacional la capacidad de las reservas debe aumentarse en al menos un 25 por ciento, por lo que culminar la regulación en algunas cuencas hidrográficas mediante las infraestructuras necesarias -embalses y/o trasvases intracuencas e intercuencas-, siempre que sea sostenible y una vez superados los condicionantes económicos, sociales y medioambientales, es hoy más necesario que nunca.

Mientras esperamos a que estos avances se produzcan, flexibilizar la cesión temporal de derechos del uso del agua entre cuencas es una buena solución para paliar la caída del volumen de los embalses. De esta forma, no sólo se eliminan las tensiones por el reparto del agua, haciendo que la cuenca necesitada reciba recursos de forma ágil, sino que la cuenca que cede obtiene fondos que puede destinar a mejorar sus infraestructuras.

El uso alternativo de aguas superficiales y subterráneas es otra de las medidas preventivas que hay que impulsar. Al potenciar el uso temporal de pozos y aguas subterráneas en épocas de sequía y realizar recargas de acuíferos en los años húmedos, se garantizan recursos en los años de falta de lluvias. Al fin y al cabo, un acuífero es como un embalse subterráneo que no necesita ser construido y que no tiene ni siquiera pérdidas de agua por evaporación. La ventaja es que puede ser utilizado de modo alternativo y con mayor intensidad en periodos de sequía, dejando los recursos superficiales de escorrentía y los almacenados en embalses para los años de normalidad pluviométrica.

Además de estas medidas complementarias de gestión de la demanda, se debe seguir avanzando en la modernización de regadíos de acuerdo a una doble eficiencia –hídrica y energética- resulta también una medida clave para hacer frente a la sequía. Cuanto más se avance en este sentido, menos agua se utilizará. De hecho, por mucho que haya colectivos que de un modo subjetivo e interesado puedan decir lo contrario, las cifras hablan por sí solas.

En las últimas décadas la modernización ha permitido que la demanda de agua para uso agrario caiga del 80 por ciento hasta el 63 por ciento, situándose por debajo de los 15.000 hectómetros cúbicos anuales, según los datos del propio Instituto Nacional de Estadística. Estos resultados demuestran que esta colaboración público-privada ha resultado muy eficaz. Podemos sentirnos orgullosos y decir de forma contrastada que producimos más y mejor, y sobre todo, con menos agua.

En resumidas cuentas, la gestión de las sequías requiere no sólo de las necesarias soluciones de emergencia contempladas en los decretos de sequía, que además suelen tener mayor coste económico, sino también de medidas de fondo para evitar que sus efectos perniciosos vuelvan a suceder. Como en todos los ámbitos, más vale prevenir que lamentar ¿Serán la Administración y toda la sociedad capaces de tomar conciencia de ello?