Consideraciones sobre el IGFEI a la industria del frío

AEFYT, Asociación del Frío y sus Tecnologías, es la organización empresarial representativa de la industria del frío en España. Una de las preocupaciones de la industria que representamos es ofrecer al mercado usuario del frío –industrias (química, farmacéutica, manufacturera y un largo etcétera), así como a la distribución alimentaria y hostelería– todo tipo de tecnologías eficientes y de bajo o nulo impacto ambiental. Respondemos a una demanda económica y social, que busca el equilibrio ambiental y productivo a largo plazo. Como profesionales en la materia luchamos por la sostenibilidad de una industria que es imprescindible en la sociedad actual.

Desde AEFYT hemos apoyado la firma de los Acuerdos de París y de Kigali que contemplan la reducción paulatina del uso de gases refrigerantes de efecto invernadero. También fomentamos a través de acciones de información y cursos de formación la aplicación del Reglamento F-Gas en vigor en la Unión Europea, que desarrolla al detalle esta reducción de los gases de efecto invernadero en el marco del objetivo 20-20-20.

Para su cumplimiento, la industria del frío está haciendo un gran esfuerzo con el objetivo de encontrar tecnologías eficientes capaces de ofrecer los mismos niveles de rendimiento que los refrigerantes actuales. Los avances en referencia a los sistemas críticos y transcríticos de dióxido de carbono y de amoniaco son claros, pero todavía necesitamos tiempo para que sus niveles de rendimiento en diferentes condiciones climáticas estén plenamente probados. La realidad del mercado es que no todos los refrigerantes comercializados actualmente disponen de un sustituto directo de menor PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico). Además, los usos y aplicaciones de algunas de las nuevas alternativas del grupo L2 -ligeramente inflamables- están restringidos a la espera de la aprobación y publicación de un nuevo reglamento de seguridad que modifique su tratamiento.

Si ésta es una situación compartida por el resto de países de la Unión Europea -y del mundo entero-, en España es todavía más crítica.

En el año 2017 entró en plena vigencia la aplicación del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI). Un impuesto supuestamente medioambiental que, en nuestra opinión, no está cumpliendo sus objetivos ambientales por los motivos que ahora expondremos, y está causando un gran daño a la competitividad de nuestra industria del frío.

No estamos en contra de los impuestos medioambientales que gravan la contaminación; sin embargo, consideramos que el gravamen debe ser siempre proporcional al impacto ambiental que se ocasiona. En el caso del IGFEI, no es ni proporcional ni justo, puesto que el gravamen es mayor del 500 por ciento del valor del refrigerante -de cinco a diez veces el precio- y, además, penaliza desigualmente a los diferentes contribuyentes al efecto de calentamiento atmosférico. Hay que tener en cuenta que la contribución al calentamiento global por emisiones de gases fluorados es inferior al uno por ciento del total por lo que no tenemos por menos que sentirnos una cabeza de turco y nos preguntamos qué paga el resto de los actores contaminadores.

El IGFEI es un impuesto innecesario ya que existe un Reglamento Europeo -el ya mencionado Reglamento F-Gas-. Éste regula el cese paulatino en el uso de refrigerantes con alto PCA de manera que permite al sector adaptar el cambio hacia nuevas tecnologías de menor impacto ambiental. Y lo hace con una intensidad basada en el principio de optimizar la relación beneficio/coste con la decisión adoptada. ¿Qué sentido tiene este impuesto cuando la legislación ya obliga a la reducción de los gases de alto PCA?

Muestra de la escasa eficiencia del IGFEI desde el punto de vista medioambiental es que, a raíz de su creación, en España han proliferado nuevos canales de venta -importaciones fraudulentas provenientes de China, Portugal y Francia, ventas por Internet, etc.-, muy difíciles de controlar. Esto ha originado la existencia de un mercado negro que se estima del orden del 40 al 50 por ciento del mercado legal. Existe, por lo tanto, un mercado de un gran volumen de refrigerantes que se están manipulando sin trazabilidad ni garantías medioambientales.

Todo ello ha tenido una grave incidencia en la competitividad de las empresas que actúan en la legalidad, con el consiguiente quebranto económico, y acarreando el cierre y la sumersión de muchas de ellas.

Además, la recaudación obtenida por el impuesto ha sido menor de un tercio de lo previsto, a lo que hay que añadir la pérdida de recaudación por IVA e Impuestos de Sociedades, más los costes que ha supuesto la implementación de las medidas administrativas subyacentes a todo impuesto especial.

Las empresas instaladoras, el punto más débil de la cadena de comercialización, son las más perjudicadas al verse obligadas a ejercer de contribuyentes del impuesto, con los costes financieros que ello conlleva, así como a asumir el riesgo de impago de dicho impuesto, las garantías en caso de fuga, las inevitables mermas que se producen en el manejo de los HFC en las operaciones de mantenimiento y, sobre todo, a situarse en una posición competitiva desfavorable frente a empresas instaladoras de Portugal y Francia.

A esta situación, que está afectando especialmente al denominado sector del frío comercial -galerías de alimentación, supermercados, hipermercados y hostelería-; aunque también al industrial en instalaciones de pequeño y mediano tamaño, se une una nueva preocupación: la escasez de gases y el consecuente incremento de precios que observamos ya en los primeros meses de este año.