Transporte público, el filtro para limpiar el aire urbano

La contaminación atmosférica mata. Constituye la principal amenaza para la salud medioambiental y humana, pues reduce la esperanza y merma la calidad de vida. De hecho, según un informe elaborado por la Agencia Europea del Medio Ambiente (Aema), en Europa es la causa de 428.000 muertes prematuras al año. Yendo más allá, y atendiendo a otro estudio, los efectos contaminantes son detonantes de una de cada seis muertes en el mundo.

Son datos escalofriantes que nos deberían hacer pensar y abrir un debate profundo para plantear soluciones. Concretamente, en España la contaminación atmosférica origina la muerte de más de 30.000 personas al año. No faltan los expertos que vaticinan que en el futuro, como consecuencia de los eventos meteorológicos cada vez más extremos que provoca el cambio climático, habrá refugiados y flujos migratorios huyendo del ya innegable calentamiento global.

Tan cierto es que los efectos de la contaminación han pasado a formar parte de las prioridades para la Organización Mundial de la Salud (OMS) como que una de sus causas más significativas reside en el tráfico rodado, responsable del 50 por ciento de las emisiones contaminantes en los centros urbanos -de las que más del 90 por ciento corresponden al tránsito de coches y motos-.

Pues bien, las vías de actuación más efectivas para reducir la contaminación del aire pasan, sobre todo, por potenciar el transporte público. Lo decimos nosotros, como Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC), pero coinciden en esta tesis organizaciones como Ecologistas en Acción, o expertos de la talla de Hans Bruyninckx, director ejecutivo de la Aema, quien llegó a asegurar que con decisiones valientes e inversiones inteligentes en un transporte más limpio es posible mejorar la calidad de vida.

No sólo es que otra movilidad más sostenible resulta posible, sino que tras la educación, la sanidad y las políticas sociales, el transporte público es el cuarto pilar del Estado del bienestar, además de un bien de primera necesidad, porque para muchos se trata de la única forma de poder moverse.

Las grandes ciudades españolas tienen el aire sucio. Lo saben. Lo sufren. Quieren remediarlo. Y parecen ir tomando nota, como demuestra el hecho de que, poco a poco, en los principales centros urbanos la peatonalización y las áreas de prioridad residencial vayan ganando terreno frente a los espacios reservados para el coche.

Las grandes ciudades españolas tienen el aire sucio. Lo saben. Lo sufren. Quieren remediarlo. Y parecen ir tomando nota, como demuestra que, poco a poco, en los principales centros urbanos la peatonalización va ganando terreno

Sin embargo, el filtro con el que limpiar el aire únicamente puede lograrse con un cambio de los hábitos de movilidad, lo que llamamos un cambio modal y que, sin duda, pasa por potenciar el transporte público. Una mejora que se traduciría en un aumento de usuarios y, por ende, en una reducción de los niveles de contaminación. Sólo un autobús puede evitar la contaminación que generan 50 coches.

Es más, si los autobuses, metros o trenes de cercanías ofrecieran un todavía mayor nivel de servicio, más de tres millones de españoles podrían empezar a usar el transporte público. Ese número de viajeros representaría un incremento del 66 por ciento con respecto al actual. Pero la realidad es que 2017 cerró con un aumento medio del 3 por ciento. Es decir, potenciar el sistema multiplicaría, aproximadamente, por 20 el crecimiento de los usuarios.

Para ello, uno de los factores que más pueden favorecer el cambio modal, junto a una adecuada planificación urbana y a las restricciones al uso del vehículo privado, es la calidad del transporte público. Y dentro de ésta, el tiempo de los recorridos y la frecuencia de paso son los aspectos más determinantes.

Sea como fuere, el transporte público en España goza de una gran aceptación, incluso entre quienes no lo utilizan. De esta manera se explica que el 81 por ciento de los que todavía no lo usan consideran que se trata de la mejor solución a los problemas medioambientales y de congestión de tráfico.

Alcanzar los 7,5 millones de usuarios del transporte público en España, más allá de ser posible, serviría de aliado para lograr la necesaria sostenibilidad medioambiental. No obstante, el aumento de viajeros obliga a retomar los niveles de inversión previos a la crisis, después de que ésta cayera prácticamente a la mitad entre 2008 y 2014. De ahí, la urgencia de desarrollar una ley de financiación del transporte público en España, que es el único país europeo que no cuenta con una legislación de ámbito estatal sobre esta materia. Se trataría de ordenar los recursos que tenemos y de distribuirlos mejor. A fin de cuentas, es una cuestión de asignar las responsabilidades a cada Administración para que puedan conocer con antelación los recursos de los que disponen para no verse abocadas a la improvisación. De igual modo, el objetivo pasaría por desarrollar un marco estable y previsible para que las empresas puedan programar sus planes de acción.

Mientras las congestiones de tráfico y sus consecuentes efectos de contaminación han llevado a reconsiderar el paradigma de la movilidad urbana, la Comisión Europea propuso eliminar gradualmente los coches contaminantes y realizar una transición hacia una logística de emisiones cero en los centros urbanos antes de 2030.

En este contexto, y teniendo en cuenta la contribución de los medios de transporte colectivo para la reversión del calentamiento global y la disminución de la congestión del tráfico en los núcleos urbanos, la futura Ley de Cambio Climático debería incluir una parte específica relativa al transporte público.

Vivimos en la Tierra como si tuviéramos otro planeta al que ir. Pero no. Parafraseo a Terry Swearingen al tiempo que pienso que los activistas no son quienes advierten de que el aire está sucio, sino quienes lo limpian. Actuemos, ya, y limpiémoslo promoviendo el uso del transporte público.

Es urgente desarrollar una ley de financiación del transporte público en España, que es el único país europeo que no cuenta con una legislación de ámbito estatal sobre esta materia. Se trataría de ordenar los recursos que tenemos