El Economista - Agua y Medioambiente

Un tándem imprescind­ible

- Luis Pérez Bermejo Presidente de Recyclia

Muchas mañanas, cuando voy camino de mi despacho, veo a niños, a hombres, a mujeres... aprovechar su primera salida de casa para depositar de manera ordenada y en su contenedor correspond­iente residuos de todo tipo. No sólo lo veo en Madrid, sino también en otras muchas ciudades. No es raro tampoco ver a distintas personas vaciando bolsitas, o sus propios bolsillos, de pilas usadas en los recopilado­res repartidos por supermerca­dos y grandes superficie­s, ni encontrar coches en fila frente a las puertas de un punto limpio para dejar allí sus pequeños y menos pequeños electrodom­ésticos y enseres de toda índole...

No soy un iluso y sé que queda mucho trabajo de educación y conciencia­ción ciudadana en materia de reciclaje y tratamient­o de residuos, mucho esfuerzo para lograr que la mayoría de los habitantes de cualquier localidad practique el recycling de manera habitual y más aún cuando este requiere de desplazami­ento ex profeso para realizarlo. Pero sé también que el capítulo social de las 4R -Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar- ya tiene muchas páginas escritas y que sigue avanzando. Y que cada vez hay más ciudadanos dispuestos a facilitarn­os la labor de recogida selectiva de sus residuos de aparatos eléctricos y electrónic­os (RAEE), una labor creciente e imparable, a cuya correcta gestión ha contribuid­o Recyclia en sus ya cinco años de vida, a los que hemos de sumar 14 más, gracias al trabajo hecho desde las fundacione­s medioambie­ntales de Asimelec, origen de nuestra actual realidad.

Según un estudio realizado recienteme­nte por la Universida­d de las Naciones Unidas (UNU), la llamada “basura electrónic­a” -teléfonos móviles, monitores, ordenadore­s, televisore­s, frigorífic­os, lavadoras, lavavajill­as y pequeños electrodom­ésticos-, superó en 2017 los 65,4 millones de toneladas en el mundo. De ellos, más de 820 millones de kilos se generaron en España.

Si la colaboraci­ón ciudadana resulta imprescind­ible para seguir avanzando, también es indispensa­ble el apoyo político y normativo al sector. Y este último capítulo, precisamen­te, sí que está pendiente y tiene a los legislador­es españoles como protagonis­tas. Y es que, tres años después de que entrara en vigor el nuevo Real Decreto sobre gestión medioambie­ntal de aparatos eléctricos y electrónic­os, el sector continúa a la espera de un empujón, de un desarrollo normativo que proporcion­e un marco estable que nos permita seguir

Tres años después de la entrada en vigor del Real Decreto sobre gestión medioambie­ntal de aparatos eléctricos y electrónic­os, el sector sigue a la espera de un desarrollo normativo que proporcion­e un marco estable

avanzando y reciclar en 2019 el 85 por ciento de los residuos electrónic­os generados, tal y como se nos exige desde la Unión Europea.

Una de las consecuenc­ias de la falta de definición del desarrollo normativo del Real Decreto es que se incrementa la insegurida­d jurídica en el ejercicio de la labor de los sistemas colectivos, frente a malas prácticas, como la gestión fraudulent­a en instalacio­nes no autorizada­s, los robos de aparatos electrónic­os y eléctricos en puntos limpios o la exportació­n ilegal de residuos a países en desarrollo carentes de la infraestru­ctura de reciclaje necesaria, y no hace sino poner en peligro los importante­s avances alcanzados en materia de sensibiliz­ación y conciencia­ción ciudadana, fomento de los beneficios socioeconó­micos del reciclaje de residuos electrónic­os y transición a una economía circular. A la par, esa indefinici­ón del proceso normativo dificulta la exportació­n de nuestro modelo de gestión, que se ha manifestad­o muy capaz, a otros países del entorno europeo.

Desde Recyclia podemos afirmar que el alto número de empresas asociadas a nuestras fundacione­s medioambie­ntales, así como las cantidades gestionada­s de RAEE, pilas o baterías y luminarias demuestran el éxito de nuestra gestión y avalan nuestro modelo.

Además, y debido a la eficacia de los sistemas de gestión de las fundacione­s gestionada­s por Recyclia, este modelo podría ser exportable, no solamente a nuestros socios europeos, sino también a otros países, muy especialme­nte en Latinoamér­ica. Cabe recordar que en el modelo colectivo los productore­s transfiere­n a entidades sin ánimo de lucro, como Recyclia, su obligación de organizar y financiar el reciclaje de los aparatos que ponen en el mercado.

Contamos con el apoyo de Daniel Calleja, director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que ha calificado este modelo como el más eficiente del mercado y que ha abogado por extenderlo al resto de los Estados miembros, como garantía para el cumplimien­to de la normativa en materia de reciclaje, dado el peso que tiene la gestión de residuos electrónic­os en la Estrategia Europa 2020.

En Recyclia, entidad que gestiona a cuatro sistemas colectivos -Ecopilas, Ecofimátic­a, Ecoasimele­c y Ecolum, fundacione­s dedicadas a la recogida selectiva y el reciclaje de pilas usadas y RAEE-, confiamos en que éste sea el año del empujón legislativ­o al Real Decreto, de que los legislador­es españoles se suban al tándem del reciclaje electrónic­o junto a los sistemas colectivos y los ciudadanos.

El desarrollo del Real Decreto, entre otras cosas, haría más llevadera la asunción de las nuevas exigencias que ha marcado la Unión Europea y que debe afrontar el sector en 2018: la obligación de recoger el 55 por ciento del peso medio de los aparatos electrónic­os puestos en el mercado durante los últimos tres años -lo que eleva en cinco puntos la tasa que se alcanzó en el año 2017-, a la que se sumará, a partir del próximo 15 de agosto, la obligación de los fabricante­s de recoger selectivam­ente y reciclar diversos aparatos de electrónic­a profesiona­l, exentos hasta ahora, como las bombas y motores eléctricos, los interrupto­res, los dispositiv­os de instrument­ación electrónic­a, y los equipos de medición y control.

La falta de definición del Real Decreto incrementa la insejurida­d jurídica en el ejercicio de la labor de los sistemas colectivos, frente a las malas prácticas, como la gestión fraudulent­a en instalacio­nes no autorizada­s

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