La administración impulsa las compras ‘verdes’

La Ley de Contratos del Sector Público podría ser un revulsivo para el sector

La nueva Ley de Contratos del Sector Público pretende ser un revulsivo para las compras verdes, es decir, aquellas de productos y servicios respetuosos con el medio ambiente, que durante su ciclo de vida ofrecen el nivel de calidad del servicio adecuado y generan un impacto ambiental global menor, que requieren de menos recursos, evitan o reducen la generación de residuos y emisiones, no contienen elementos tóxicos, facilitan su posterior reciclaje e incorporan materiales reciclados. Y lo será si se cumple, ya que las compras de bienes y servicios por parte de la Administración Pública suponen el 20 por ciento del PIB.

La nueva norma se enmarca dentro de los criterios de la Estrategia Europea 2020, e incorpora a la normativa española tres Directivas europeas que aún estaban pendientes: la Directiva 2014/24/EU sobre contratación pública, la Directiva 2014/25/EU sobre contratación por entidades que

operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; y la Directiva 2014/23/EU relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

La Ley introduce novedades en la adjudicación de los contratos, como el hecho de que éstas se deberán realizar utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, en los que se incluye el coste del ciclo de vida de los productos y servicios, teniendo en cuenta desde la investigación y desarrollo de los mismos, la fabricación o producción, el transporte, la utilización y el mantenimiento, la adquisición de materias primas necesarias y la generación de residuos.

Además, se establecen criterios cualitativos en la evaluación de la mejor relación calidad-precio se pueden incluir criterios medioambientales y sociales. Los primeros pueden conllevar desde la reducción del nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, el empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética o la utilización de energía procedentes de fuentes renovables, entre otros. Mientras que las características sociales se referirán a la inserción socio-laboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social.

La Ley de Contratos del Sector Público no es la única iniciativa del Gobierno en la que se impulsa la contratación medioambientalmente responsable. La Estrategia Española de Economía Circular también pretende fomentarla. De hecho, en su línea de acción 14, establece la incorporación de criterios de economía circular en la contratación pública.

Sobre el papel, tanto la nueva Ley de Contratos del Sector Público como la estrategia de economía circular deberían impulsar las compras verdes, pero su desarrollo es lo que llevará a que así sea o no. De hecho, desde el sector de tratamiento de residuos, se pide que se vaya más allá, impulsando las materias primas secundarias, lo que sí supondría un avance en alargar el ciclo de vida de los distintos productos.

“La administración no solo es importante por el elevado porcentaje que representa sino por el efecto ejemplarizante que puede tener en el sector privado a la hora de incorporar criterios ecológicos para la adquisición de productos y servicios”, argumentan desde uno de los sistemas integrados de gestión de residuos.