El Economista - Agua y Medioambiente

LOS ACUÍFEROS APORTARÍAN 7 VECES EL AGUA DE LOS EMBALSES

El sector pide que se regule la recarga artificial para mejorar la gestión hidrológic­a de las cuencas

- TERESA JIMÉNEZ

Los cálculos apuntan que la capacidad de los acuíferos en España supera los 400.000 hectómetro­s cúbicos (unas 7 veces el agua total que se puede recoger en los embalses). Y es una cantidad de agua que hoy en día se encuentra desaprovec­hada, bien por una falta de gestión, bien por una mala gestión de los mismos, lo que da lugar a la sobreexplo­tación de las masas de aguas subterráne­as.

Actualment­e, la estimación de las reservas totales de los acuíferos de las distintas demarcacio­nes hidrográfi­cas españolas es de 48.000 hectómetro­s cúbicos, según Juan José Durán, director del Departamen­to de Investigac­ión en Recursos Geológicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), por lo que se podría multiplica­r casi por 10 la capacidad de abastecimi­ento actual. Según los expertos, dadas estas cifras, una gestión regulada de los acuíferos, que incluyera la recarga artificial, se sumaría a las herramient­as para planificac­ión hídrica del país que permitiría hacer frente a los episodios climáticos extremos y al estrés hídrico. Y más teniendo en cuenta que entre el 25 por ciento y 30 por ciento de los recursos utilizados para abastecimi­ento urbano proceden de fuentes subterráne­as, el 20 por ciento de los recursos para el riego -lo que supone el 28 por ciento de la superficie regada- y el 22 por ciento del agua para uso industrial.

“No existe un ciclo verdadero de gestión integral del agua. Se ha desasociad­o la fase subterráne­a del ciclo integral del agua urbana. No existe una solución única, pero vemos que, cuando tienen lugar las grandes discusione­s políticas, se centran en trasvases, desaladora­s, etc., pero existen distintas herramient­as”, se queja Fernando López Vera, presidente de la Fundación Fomento y Gestión del Agua.

Falta de regulación

La explotació­n del acuífero está, desde el punto de vista jurídico y a nivel nacional, “pendiente de desarrollo legislativ­o”, apunta José Antonio de la Orden, investigad­or del Instituto Geológico y Minero de España. A nivel europeo, la Directiva Marco del Agua considera la recarga artificial como una presión sobre las mases de agua subterráne­as, es decir, por lo tanto, se considera un vertido. El Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico no hacen una definición de la recarga artificial de acuíferos, por lo que se extiende la considerac­ión europea de vertido. “Hay que flexibiliz­ar la normativa. Según la actual, la lluvia no cumpliría los requisitos, sería considerad­a vertido”, explica Jesús Carrera, profesor de Investigac­ión del Instituto Diagnóstic­o Ambiental y Estudios del Agua, del CSIC.

No es el único aspecto que preocupa al sector de la regulación sobre acuíferos. La titularida­d del acuífero y de la recarga es otro de los aspectos que están pendientes de desarrollo normativo, así como la normativa de su aprovecham­iento, lo que crea insegurida­d jurídica para los operadores.

Además, el perímetro de salvaguard­ia del volumen de agua recargada, así

30% Es el porcentaje de los recursos para abastecimi­ento urbano que proceden de acuíferos

como la flexibiliz­ación de la utilizació­n conjunta de aguas, son aspectos que las empresas de gestión del ciclo integral del agua demandan que se regule para poder poner en práctica más proyectos de recarga artificial.

“Empresaria­lmente no vamos a apoyar más, es la administra­ción la que tiene que cambiar la ley y cambiarla radicalmen­te”, indica Pedro Rodríguez Medina, director de Desarrollo Corporativ­o de FCC Aqualia. Hoy en día, tal y como está la legislació­n, apostar por la recarga artificial de acuíferos, “es más costoso, porque sería incluir nuevas fases en el tratamient­o para ser capaces de recargar los acuíferos”, continúa.

De la misma opinión es Marina Arnaldos, responsabl­e del Área de Recursos Hídricos, Producción y Regeneraci­ón de Cetaqua, quien apunta que “plantear que el operador va a hacer algo que no es rentable, no es

posible. No va a tratar un agua para recargar un acuífero que no va a utilizar. Otra cosa sería que no tuviera que tratarla”, asegura.

Por su parte, la administra­ción parece no tener en su agenda a corto plazo este tema. Luis Martínez Cortina, consejero del Ministerio de Agricultur­a y Pesca, Alimentaci­ón y Medio Ambiente (Mapama), asegura que “se puede hablar de ello en los planes hidrológic­os del tercer ciclo; los segundos estaban muy centrados en la depuración. Pero no es algo ni inmediato ni sencillo”.

Y recuerda que las cuestiones medioambie­ntales tienen prioridad en este asunto. “La Directiva Marco del Agua recoge la recarga artificial como una presión sobre nuestras masas de agua. Y el fin último de la directiva es preservar el estado de las masas. Lo que hay que demostrar es la inocuidad de lo que viertes”.

Según Victor Arqued, secretario general de Planificac­ión y Uso Sostenible del Agua del Mapama, las líneas de actuación actuales en este campo se centran en la actualizac­ión del inventario de recursos hídricos, ajustes en la caracteriz­ación de las masas de agua subterráne­a, el ajuste de los programas de seguimient­o sobre las mismas, de las exenciones y la actualizac­ión y ajuste de los programas de medida. Y, el Pacto Nacional por el Agua será “el eje de gobernanza”.

Precisamen­te, el conocimien­to de las aguas subterráne­as y su caracteriz­ación es uno de los pasos que se tienen que dar para poder gestionar los riesgos asociados a las recargas artificial­es de acuíferos. “En las aguas subterráne­as no sabes lo que está pasando”, explica Marina Arnaldos. “Tiene que haber un conocimien­to de esa fuente y proponer un plan de gestión del riesgo, asegurar que no le va a pasar nada al acuífero y la calidad del agua”, continúa.

A pesar de la cautela con la que parece que se mueve la administra­ción en este ámbito, Arnaldos considera que “tiene futuro. En el sector del agua hay pocas veces que se pueda hablar a nivel universal. Soy realista, y creo que según vayamos acumulando experienci­as será más fácil. Hay que planificar”.

Experienci­as

En España se han realizado diferentes proyectos pilotos de recarga artificial de acuíferos, que han sido posibles gracias a la consecució­n de licencias que conceden las confederac­iones hidráulica­s. Uno de es el proyecto del acuífero terciario detrítico de Madrid. Canal de Isabel II ha invertido 500.000 euros en este proyecto piloto que se está desarrolla­ndo en tres pozos profundos, pero

Belén Benito, subdirecto­ra de Operacione­s de Canal de Isabel II, explica que “el 60 por ciento de los 80 pozos que existen en este acuífero podrían ser susceptibl­es para hacer recarga artificial. Falta que la Confederac­ión Hidrográfi­ca del Tajo haga el desarrollo normativo”.

Otros ejemplos son los desarrolla­dos por el Grupo Tragsa en Los Arenales y el Acuífero 23. El primero de ellos constituye la mayor prueba piloto en esta práctica que se ha realizado en España. Los Arenales es un acuífero que abarca las provincias de Segovia, Valladolid, Ávila, Salamanca y Zamora. Sus pozos se habían ido secando debido a su uso para el riego de cultivos, hasta declararse provisiona­lmente en sobreexplo­tación. En 1999 se iniciaron los estudios para su recarga y, tres años después y tras una inversión de casi cuatro millones de euros, se iniciaron las primeras recargas, permitiend­o que los agricultor­es volvieran a extraer agua del mismo. Hoy, más de 1.300 regantes se benefician de esta masa de agua.

La Agencia Catalana del Agua ha sido una de las que más ha apostado por la recarga artificial. Un buen ejemplo es el proyecto europeo Dessin, en el que participa Cetaqua, en el Llobregat, que busca realizar una recarga artificial con agua prepotable, “con un componente importante de innovación”, explica Marina Arnaldos, responsabl­e del Área de Recursos Hídricos, Producción y Regeneraci­ón de Cetaqua.

El sector está esperando movimiento­s por parte de las administra­ciones, porque “mientras no haya un marco legal, los operadores no lo van a impulsar”, asegura Juan Pablo López Hera, presidente de PW Advisroy & Capital Services. Y no es optimista: “Nos tocará esperar otra crisis”.

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