El Economista - Agua y Medioambiente
Europa vuelve a llamar la atención a España por los planes hidrológicos
La Comisión Europea llevará ante el Tribuna de Justicia de la UE los planes hidrólógicos de cuenca de Canarias y ha instado la trasposición de varias directivas medioambientales
La legislación medioambiental española ha vuelto a llamar la atención de Europa, y no para bien. En el último mes, la Comisión Europea ha emitido dos dictamines motivados a España por no haber traspuesto varias directivas medioambientales y llevará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a nuestro país por no haber revisado los planes hidrológicos de cuenca para las siete demarcaciones hidrográficas en las Islas Canarias, una revisión que debería haber realizado antes del 22 de diciembre de 2015.
En concreto, se trata de los planes hidrológicos de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife. En esos documentos se recogen las medidas que afectan a cada una de las demarcaciones para conseguir los objetivos de calidad medioambiental. Bruselas recuerda que España tenía hasta el 22 de diciembre de 2015 para “revisar y actualizar” estos planes y hasta el 22 de marzo de 2016 para informar a la Comisión Europea de que esta revisión se ha realizado y completado.
Este proceso en los planes hidrológicos de cuenca es obligatorio desde la entrada en vigor a finales del año 2000 de la Directiva Marco del Agua, que ponía de plazo para que los estados miembro realizaran la revisión “a más tardar quince años después de la fecha de entrada en vigor de dicha Directiva y, posteriormente, cada seis años”. España ya lleva más de dos años de retraso en la primera revisión obligatoria.
“Las autoridades españolas tampoco han velado por el cumplimiento de las obligaciones de información y consulta públicas en relación con el establecimiento de estos planes”, agrega la Comisión Europea.
No es la primera vez que la Comisión Europea llama la atención a España sobre este asunto. En abril de 2017 envió por primera vez un requerimiento para que se realizara la revisión de los planes, y seis meses después, en octubre, le remitió un dictamen motivado.
Además de por la falta de actualización de los planes hidrológicos de cuenca en las demarcaciones de las Islas Canarias, la Comisión Europea abrió a principios de marzo procedimientos de infracción contra España por no haberle informado sobre los planes de gestión de riesgo de inundaciones en las cuencas fluviales de las Islas Canarias y Cataluña.
En este caso, Bruselas envió una carta de emplazamiento, la primera fase del procedimiento de infracción comunitario, y amenazó con enviarle un dictamen motivado en caso de no recibir una respuesta satisfactoria en este ámbito en el plazo de dos meses.
La legislación medioambiental en materia de eficiencia energética y de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles ha sido motivo también de que la Comisión Europea continuara con los procedimientos de infracción abiertos contra España. En este caso, Bruselas ha instado al Gobierno español a trasponer a la legislación nacional la normativa comunitaria referente a estos temas.
En el primer dictamen motivado que sobre legislación medioambiental que ha hecho llegar al Ejecutivo español, Bruselas solicita a España la “trasposición correcta de los requisitos sobre contadores individuales en edificios de pisos, establecidos en la Directiva sobre eficiencia energética”.
Dicha directiva exige la instalación de contadores de calefacción y de agua caliente en todos los edificios de pisos existentes, con la especificación de que sea en aquellos casos en los que sea rentable y técnicamente factible, mientras que las medidas de trasposición nacionales establecen esta obligación solamente para aquellos edificios construidos a partir del año 2007.
En octubre de 2007, la Comisión Europea ya remitió una carta de emplazamiento y ahora ha ido más allá remitiendo el dictamen motivado al Gobierno español. “Las autoridades españolas disponen de dos meses para
España debe trasponer las Directivas sobre eficiencia energética y combustibles
subsanar las deficiencias señaladas en el dictamen motivado; de lo contrario, la Comisión puede llevarlas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
En lo referente a la calidad de los combustibles, España no es el único país que no ha traspuesto la normativa comunitaria. La Comisión Europea remitió un dictamen motivado a diez Estado miembro (Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Finlandia, Grecia, Letonia, Rumanía y Reino Unido) por no incorporar las normas sobre la calidad de la gasolina y el gasóleo a su ordenamiento jurídico.
La normativa europea establece normas para calcular y notificar las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y de otros tipos de energía procedentes de fuentes no biológicas. Dichas normas tienen como fin “obtener información con un nivel suficiente de exactitud, de forma que la Comisión pueda evaluar el comportamiento de los suministradores de combustible a la hora de cumplir sus obligaciones a tener de la Directiva sobre calidad del combustible”.
Esa Directiva busca conseguir una reducción del 6% como mínimo en la intensidad de gases de efecto invernadero del combustible y la energía suministrados en el año 2020. Esta normativa tenía que haber estado incorporado a la legislación nacional en abril de 2017.