Transporte público: antídoto contra la contaminación

Fumar mata. Lo dicen los médicos y la lapidaria frase que se lee en cada cajetilla. Al igual que se fiscaliza el tabaco con el objetivo de modificar el comportamiento de los fumadores, la misma iniciativa podría aplicarse en torno a la contaminación y al que la promueve, el vehículo privado. Porque la contaminación mata, hasta 25.000 personas al año nada menos. De ahí la conveniencia de aplicar medidas de corte fiscal que oxigenicen el parque y garanticen una movilidad sostenible, actuando no sólo contra el problema, sino fomentando la solución: el transporte público.

Ahora es el momento por tanto de actuar, después de que el Gobierno haya decidido incrementar el impuesto especial al gasóleo por contaminar más que la gasolina. En este sentido, teniendo en cuenta los cálculos realizados desde el Ministerio para la Transición Ecológica -pilotado por Teresa Ribera-, de los más de 2.100 millones de euros que se ingresarán tras equiparar ambos impuestos, como mínimo 500 millones deberían dirigirse al sistema de transporte público, tanto para contribuir a su financiación como para inversiones.

En concreto, estos recursos podrían ayudar en la renovación de la flota de autobuses hacia modelos 100 por ciento eco y mejorar aspectos de servicio cruciales para los usuarios -y los no usuarios-, como reducir la frecuencia de paso y disminuir los tiempos de desplazamiento. Las consecuencias serían claras: el crecimiento de usuarios del transporte público se podría multiplicar y se reduciría de forma significativa el número de coches en circulación, lo que a la postre disminuiría los niveles de contaminación y de congestión y serviría para luchar contra el cambio climático.

Y es que el tráfico rodado origina el 50 por ciento de las emisiones contaminantes en los centros urbanos y, de ellas, más del 90 por ciento corresponden al tránsito de coches. Con el agravante de que el parque automovilístico en España se encuentra muy dieselizado, pese a que los diésel emiten aproximadamente un 15 por ciento más de dióxido de carbono por litro de carburante. Precisamente por ello, aumentar la fiscalidad al diésel se trata de una medida eficaz para limpiar el nocivo aire de las ciudades que ha llegado incluso a que desde Bruselas nos hayan dado un tirón de orejas por nuestros elevados niveles de contaminación.

Además, esta subida respalda la propuesta de los expertos nombrados por el Ministerio de Energía para descarbonizar el país. Y aunque las petroleras tacharon de “chapuza” esta

Al igual que el tabaco, la contaminación mata. Hasta 25.000 personas al año nada menos. De ahí la conveniencia de aplicar medidas de corte fiscal que oxigenicen el parque y garanticen una movilidad sostenible

recomendación, no faltan las voces que aseguran que en España hay margen para subir la carga fiscal a los hidrocarburos.

En este contexto, las subidas y bajadas de impuestos sirven para propiciar o desincentivar el consumo de productos o servicios y modificar comportamientos. Y si pensamos en la lucha contra el cambio climático y el objetivo de reducir la contaminación cambiando la forma de movernos a medios más sostenibles, la fiscalidad puede ser un instrumento de enorme ayuda para forzar el cambio y para que cada vez más personas opten por el transporte público para sus desplazamientos diarios.

En cualquier caso, esta revisión de los impuestos medioambientales es uno de los tres ejes sobre los que se debe sustentar el cambio hacia medios de transporte sostenibles. El segundo eje de actuación es la Ley del Cambio Climático, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, que debería dedicar un apartado al transporte público, a su desarrollo y a la financiación que lo hará posible.

Además, esta ley tendría que incluir un artículo específico para asegurar una financiación estable del transporte público por parte del Estado a partir de los impuestos a los hidrocarburos. No sería nada insólito, ya que esta fuente ya se utiliza en países como Alemania, donde tienen establecido un impuesto llamado Mineralösteuer, un céntimo verde que grava el consumo de productos petrolíferos para financiar el transporte público.

Por otra parte, y como tercer gran eje de actuación, estarían los planes urbanos de movilidad, especialmente de las grandes ciudades, en los que se recoge la importancia del transporte público para conseguir ciudades más habitables, con menos contaminación y congestión; y donde se constata la desproporción que existe entre el uso que se la da al coche, que en las grandes urbes no alcanza el 25 por ciento en el reparto modal de los desplazamientos, y el 90 por ciento del espacio urbano asignado a éste.

Por ello, desde ATUC pedimos al Gobierno que desarrolle un Plan Nacional de Movilidad Urbana que siente las bases de la movilidad sostenible en las ciudades españolas, dejando atrás el localismo con el que exclusivamente se aborda en la actualidad y elevándolo a cuestión de Estado, de manera que se ofrezca la misma dimensión al problema de la contaminación que a su solución: el transporte público.

Si no creamos el marco legal óptimo para potenciar el transporte público como solución contra la contaminación y el cambio climático, difícilmente lograremos ciudades más saludables y para ello es imprescindible una mayor participación del estado, que debería empezar por una Ley de Financiación del Transporte Público, inexistente en nuestro país, y que debe ser la primera piedra de este nuevo y necesario enfoque nacional.

En definitiva, las medidas fiscales pueden servir de filtro para limpiar el aire y reducir el daño ambiental que provocan los coches y se encuentran totalmente en sintonía con la máxima de que “quien contamina, paga”. Y como los diésel contaminan más, es lógico -y justo- que paguen más. Pero de nada servirá que el impuesto sólo penalice al vehículo privado, si no se ayuda al mismo tiempo a potenciar el transporte público.

Las medidas fiscales pueden servir de filtro para limpiar el aire y reducir el daño ambiental que provocan los coches y se encuentran totalmente en sintonía con la máxima de que “quien contamina, paga”