Seguridad jurídica, más reciclaje de residuos electrónicos

La necesidad de recuperar materias primas, algunas de ellas críticas por su escasez, y contribuir al ahorro energético y el cuidado del medio ambiente ha dado pie, desde hace más de dos décadas, a directivas europeas sobre recogida y reciclaje de todo tipo de residuos. Normativas que han marcado un camino verde para todos los países de la UE, con los fabricantes e importadores al frente.

Primero fueron el vidrio y los envases -concretamente, en el año 1994-, y más tarde los neumáticos, las pilas, los medicamente y los aparatos eléctricos y electrónicos, estos últimos en 2002. En todos los casos, legisladores y expertos consideraron que el principio de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) es la fórmula más adecuada para hacer frente al reto medioambiental de garantizar su correcto reciclaje.

Introducido en 1990 por Thomas Lindhqvist, ministro de Medio Ambiente de Suecia, el concepto RAP se basa en el principio “quien contamina, paga”. Según este, los productores son responsables del reciclaje de los productos que ponen en el mercado al finalizar su vida útil, así como de cumplir los objetivos obligatorios de recogida y valorización. Esto implica la recogida y canalización selectiva de los residuos, su descontaminación, tratamiento y la recuperación del volumen máximo de materias primas aprovechables.

Las más de dos décadas transcurridas desde las primeras regulaciones han permitido analizar las deficiencias del sistema e identificar los modelos de gestión más eficaces. En este sentido, el modelo colectivo -por el cual los productores se asocian para transferir a entidades sin ánimo de lucro, como Recyclia, su obligación de organizar y financiar el reciclaje de los aparatos electrónicos y pilas que ponen en el mercado- se ha convertido en la práctica más habitual para la recogida y el reciclaje de todos los flujos de residuos regulados. La razón no es otra que el haber demostrado su eficacia y viabilidad, tanto medioambiental como económica, sin necesidad de un mayor gasto público.

Basta con revisar las últimas cifras de los sistemas colectivos de gestión de aparatos electrónicos de nuestro país, sin duda el flujo de residuos más complejo, dado el valor y la escasez en el mercado de muchas de las materias primas con las que están fabricados y por su proliferación a un ritmo tres veces superior al del resto de los desechos urbanos.

Así, el 97 por ciento de los fabricantes ya está adherido a alguno de los sistemas colectivos que operan en nuestro país,

El modelo colectivo se ha convertido en la práctica más habitual para la recogida y el reciclaje de todos los flujos de residuos regulados, al haber demostrado su eficacia y viabilidad, tanto medioambiental como económica

lo cuales reciclaron 247.000 toneladas de aparatos en desuso en 2017. Esta cifra equivale al 48,7 por ciento de los puestos en el mercado en los tres últimos años, logrando así superar el objetivo obligatorio de recogida del 45 por ciento establecido para este tipo de residuos en la Directiva de 2012.

Igualmente, la experiencia ha permitido identificar las prácticas fraudulentas a eliminar. En el caso de aparatos electrónicos, las fugas ilegales de residuos. Según un informe de la Universidad de Naciones Unidas, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), en 2016, el mundo generó 44,7 millones de toneladas de residuos electrónicos. Se desconoce el destino de nada más y nada menos que del 76 por ciento.

El problema es que no todos los fabricantes actúan en el terreno de la legalidad y los que cumplen con lo establecido ven, en ocasiones, como su esfuerzo favorece, no sólo a los que no cumplen y no pagan, sino también a los que sustraen los equipos desechados y, aún más, a quienes compran esos residuos robados, que hacen pingües negocios con sus componentes rentables abandonando el resto, sustancias contaminantes incluidas, en cualquier parte.

Este panorama, agudizado por la picaresca que genera la coyuntura económica, hace imprescindible que las administraciones europeas y españolas asuman el principio de responsabilidad compartida y ejerzan su parte. El productor es responsable del 100 por ciento del residuo al que tiene acceso, pero sobre el resto no tiene margen de actuación. Son los gobiernos europeos, el español y los autonómicos, y los propios ayuntamientos, quienes deben verificar que los productores de equipos estén asociados a un sistema colectivo, controlar los flujos de residuos, intensificar la vigilancia de los puntos limpios, y perseguir y sancionar no sólo a los fabricantes e importadores que se lavan las manos, sino a los ladrones de residuos y, sobre todo, a quienes se benefician de esos robos.

Con estándares armonizados de recogida, transporte, tratamiento, vigilancia y control de los flujos de residuos, empezando por las aduanas, se evitarían las diferencias entre los Estados miembros y se garantizaría la adecuada gestión del máximo volumen posible de aparatos con el mayor beneficio ambiental. Se pondría freno, además, a la frustración de los ciudadanos, cada vez más convencidos e implicados en el cuidado del medio ambiente, al sentir que su esfuerzo por depositar los residuos en los lugares adecuados acaba muchas veces malogrado y, lo que es peor, que los propios desechos terminan fuera de los circuitos adecuados para su reciclaje.

En definitiva, los sistemas colectivos llevan años contribuyendo eficazmente al desarrollo sostenible y a la sensibilización para lograr que los ciudadanos den valor al gesto de desplazarse hasta un punto limpio con el viejo aparato o depositar una pila en un contenedor.

Para que este trabajo mano a mano con los fabricantes e importadores para que la sostenibilidad no sea un concepto abstracto sino una realidad, es imprescindible que estos últimos -y por delegación los sistemas colectivos- cuenten con la seguridad de ejercer su labor en un entorno de igualdad y se les dote de la capacidad de certificar la trazabilidad de los residuos controlando directamente sus diferentes flujos.

Para que los sistemas colectivos no sean un concepto abstracto es imprescincible contar con la seguridad de ejercer su labor en entornos de igualdad y dotarles de capacidad para certificar la trazabilidad de los residuos