La gestión del agua en las ciudades

La comparación de la eficiencia entre las empresas públicas y privadas para la gestión de los servicios de abastecimiento de agua presenta multitud de obstáculos que hace imposible realizar con suficiente rigor esta tarea en España

El agua es un elemento fundamental para la vida de las personas. La competencia en materia de prestación del servicio del ciclo del agua recae en España sobre los Ayuntamientos y viene regulada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Las Administraciones Públicas siempre han estado interesadas en garantizar este servicio a sus ciudadanos, tratando de modernizar la prestación y mejorando las calidades de todas las aguas utilizadas en el ciclo completo. Pese a que la competencia sea municipal para el servicio de abastecimiento no necesariamente tiene que prestarse directamente por el Ayuntamiento, sino que, en muchos casos, son operadores privados a través de concesiones de los servicios o empresas mixtas las que gestionan el servicio.

Los movimientos de los años noventa del pasado siglo tendentes a privatizar muchos de los servicios públicos, en especial los de abastecimiento y saneamiento de aguas, crearon modelos consolidados de prestación privada de servicios y la creación de grandes compañías multinacionales especializadas en este sector. Casos de incumplimiento de contratos, irregularidades, o simplemente las expectativas de beneficios creados en torno a estas empresas, han provocado el surgimiento de movimientos sociales de protesta contra estas prácticas privadas sobre servicios públicos esenciales.

En estos últimos años se ha planteado de nuevo la posible conveniencia de lo que se ha denominado “remunicipalizar” el servicio para, de esta forma, supuestamente, mejorar su prestación. El rescate de concesiones a través de empresas públicas o la prestación directa por parte de las corporaciones locales de servicios previamente privatizados han dado resultados interesantes en muchos casos como el referente de París, aunque no debemos considerar esta cuestión como cerrada.

Las cuestiones relacionadas con la comparación de la eficiencia entre las empresas públicas y privadas para la gestión de los servicios de abastecimiento de agua a los municipios presentan multitud de obstáculos que hacen, en la actualidad, poco menos que imposible realizar con suficiente rigor esta tarea en España.

Estas dificultades han llevado a algunos investigadores a centrarse en la aplicación de las tarifas aplicadas en el agua de consumo urbano como índices apropiados de estas comparaciones. Pero ciertamente, es muy difícil que estas

comparaciones den resultados relevantes. La aprobación de las tarifas de abastecimiento urbano responde a factores no directamente relacionados con los costes de los servicios, sino con cuestiones sociales (tendencia política de los responsables públicos) o históricas (si las tarifas de arranque son bajas, costará mucho incrementarlas, con independencia de que existan o no mayores costes de los servicios y si son altas, se transforman en beneficios empresariales sin necesidad de mucha explicación).

No es extraño que no existan muchos estudios alternativos a esos procedimientos de comparación de empresas. A esta cuestión no son ajenas los pocos requisitos regulatorios que existen sobre este sector en España. ¿Existe alguna exigencia acerca de presentar costes diferenciados por municipios por parte de las empresas debido a que las competencias o las tarifas sean municipales? ¿Se exige que cada una de las fases del ciclo del agua tenga diferenciada su contabilidad de costes e ingresos? En España nos encontramos con un auténtico desbarajuste, fomentado por la propia organización del Estado Autonómico, que no permite tener una idea adecuada del funcionamiento económico de un sector que, aunque considerado clave, el agua, deja mucho que desear respecto a su trasparencia informativa y responsabilidad pública.

En estos momentos estamos trabajando desde la Universidad de Alicante por hacer una aproximación a esta tarea comparativa desde la perspectiva de los datos obtenidos de la publicación en el Registro Mercantil de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias de las Sociedades Anónimas, tanto públicas como privadas, que prestan sus servicios de aguas a través de esta modalidad societaria. A estas hemos añadido (en el bien entendido que son aproximaciones desde sistemas de contabilidad distintos) algunas corporaciones públicas.

Somos los primeros que subrayamos las limitaciones del estudio, entre otras cosas debido a que hemos incorporado en el análisis a empresas que gestionan el servicio en una gran cantidad de municipios (sin diferenciar los costes e ingresos en cada uno de ellos) o servicios que alcanzan varias fases del ciclo hidráulico (tratando sus datos como si fuera lo mismo gestionar la red de alcantarillado que el funcionamiento de una depuradora, por no mencionar como se integran en una misma empresa la gestión del agua y la basura, como es el caso de Palma de Mallorca). Pero los propios límites del estudio ponen en evidencia la necesidad de realizar cambios legales que nos permitan tener una información seria sobre un sector público tan relevante como es la gestión del agua en nuestras ciudades (es evidente que esta necesidad debe hacerse también extensiva al consumo de agua en la agricultura).

Pensamos que el debate sobre la prestación de los servicios públicos de algo tan relevante como el agua debería hacerse con rigor y que, por lo tanto, lo primero que debería exigirse es que las empresas presentaran sus cuentas lo más precisos posible sobre el ciclo del agua o con los costes diferenciados por municipios. No es muy aceptable que, tras las leyes de transparencia existentes en España, por ejemplo, muchos otros ayuntamientos sigan sin preocuparse de esta información. Estudiosos y ciudadanos estaríamos muy agradecidos a lo que creemos, por otra parte, que es un derecho que tenemos.

Es necesario realizar cambios legales que nos permitan tener una información seria sobre un sector público tan relevante como la gestión del agua en las ciudades, y es evidente que debe extenderse al consumo de agua en la agricultura