España quiere cumplir en depuración

El nuevo Plan DSEAR se centra en realizar las actuaciones necesarias para evitar nuevas sanciones europeas

El objetivo del Ministerio de Transición Ecológica en materia del ciclo integral del agua está claro: mejorar el sistema de depuración y saneamiento de los municipios españoles para evitar nuevas sanciones de Europa y cumplir con la Directiva comunitaria sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Así se ha manifestado el departamento que dirige Teresa Ribera, que ha lanzado a consulta pública el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización ( plan DSEAR), en el que deja claro que “trabaja de forma absolutamente prioritaria” en resolver el incumplimiento de la Directiva en nueve aglomeraciones de más de 15.000 habitantes, por el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha condenado a España.

Son muchas las veces que Europa ha llamado la atención a nuestro país por el incumplimiento de la normativa en materia de agua, pero en julio de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España a una multa de 12 millones de euros, a la que se suma una sanción colectiva de 11 millones de euros por cada semestre de retraso en atender las obligaciones fijadas en la directiva.

Esos son los nueve casos por lo que España tiene que pagar, pero hay muchos otros municipios que siguen sin contar con la infraestructura necesaria para depurar y tratar adecuadamente las aguas urbanas, y que pueden ser caso de nuevas sanciones económicas. De las casi 2.100 poblaciones de más de 2.000 habitante que deben depurar sus aguas en España, cerca de 550 están en situación de incumplimiento, según los datos públicos de las comunidades autónomas.

Por eso, el plan que ahora ha preparado el Ministerio vaya a establecer los criterios para dar prioridad a estas actuaciones sobre otras de entre las 3.500 medidas de saneamiento y depuración contempladas en los planes hidrológicos. Todas ellas, suponen una inversión de 10.000 millones de euros en los próximos 18 años.

Esta inversión se reparte entre las distintas administraciones del Estado. Así, las comunidades autónomas tendrán que hacer frente a un desembolso de dos tercios del total -alrededor 6.000 millones de euros-, mientras que el otro tercio se reparte entre la Administración General del Estado y los ayuntamientos. La Dirección General del Agua ya ha echado cuentas, y tiene previsto destinar a este plan 477 millones de euros hasta 2023 en 86 actuaciones. De estas, 49 ya están en marcha (13 en ejecución, 29 en fase de redacción de proyecto, 3 en fase de adjudicación de obras y otras cuatro en fase de adjudicación del proyecto).

El objetivo último del Plan DSEAR es “garantizar una gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua” y aportar transparencia a los escenarios de gestión, según indican desde el Ministerio de Transición Ecológica. Entre otros factores, prestará especial atención al aprovechamiento del potencial de tratamiento de las aguas residuales para avanzar en la economía circular, eficiencia energética y en materia de generación de energía -como el

El ‘Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización’ se centra en realizar las actuaciones necesarias para evitar nuevas sanciones europeas

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