Transición Ecológica pone en marcha el Plan de depuración

El Ministerio de Transición Ecológica se ha fijado un objetivo en materia del ciclo integral del agua: mejorar el sistema de depuración y saneamiento de los municipios españoles para evitar nuevas sanciones de Europa y cumplir con la Directiva comunitaria sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Así se ha manifestado el departamento que dirige Teresa Ribera, que ha lanzado a consulta pública el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización ( plan DSEAR), en el que deja claro que “trabaja de forma absolutamente prioritaria” en resolver el incumplimiento de la Directiva en nueve aglomeraciones de más de 15.000 habitantes, por el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha condenado a España.

Son muchas las veces que Europa ha llamado la atención a nuestro país por el incumplimiento de la normativa en materia de agua, pero en julio de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España a una multa de 12 millones de euros, a la que se suma una sanción colectiva de 11 millones de euros por cada semestre de retraso en atender las obligaciones fijadas en la directiva.

Esos son los nueve casos por lo que España tiene que pagar, pero hay muchos otros municipios que siguen sin contar con la infraestructura necesaria para depurar y tratar adecuadamente las aguas urbanas, y que pueden ser caso de nuevas sanciones económicas. De las casi 2.100 poblaciones de más de 2.000 habitantes que deben depurar sus aguas en España, cerca de 550 están en situación de incumplimiento, según los datos públicos de las comunidades autónomas.

Por ese motivo, resultado del todo prioritario que el secretario de estado de Medioambiente, Hugo Morán, coja el toro por los cuernos y dé pasos adelante en esta materia que durante tantos años parece haberse quedado aparcada.

El plan que ahora ha preparado el Ministerio va a establecer los criterios para dar prioridad a estas actuaciones sobre otras de entre las 3.500 medidas de saneamiento y depuración contempladas en los planes hidrológicos. Todas ellas suponen una inversión de 10.000 millones en los próximos 18 años. Esta inversión se reparte entre las distintas Administraciones del Estado. Así, las comunidades autónomas tendrán que hacer frente a un desembolso de dos tercios del total -alrededor de 6.000 millones-, mientras que el otro tercio se reparte entre el Estado y los ayuntamientos.

Transición Ecológica va a establecer los criterios para dar prioridad a estas actuaciones sobre otras de entre las 3.500 medidas de saneamiento y depuración contempladas en los planes hidrológicos