La Ley de Cambio Climático evita abordar los temas clave

El Gobierno presenta un borrador de la Ley de Cambio Climático con poca concreción en las medidas a adoptar en los próximos años y sin atacar los principales problemas existentes en el sector como el carbón o la nuclear

El Gobierno ha presentado el borrador de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la hoja de ruta que España deberá seguir en los próximos años en materia energética para conseguir la descarbonización total de la economía en el año 2050. Para ello, se hace necesaria una transformación profunda del sistema energético en su conjunto, de las formas en que se edifica y del tipo de movilidad en las ciudades y en el transporte. En materia de renovables, el documento propone fijar unos objetivos nacionales de un 35 por ciento de renovables en energía y de un 70 por ciento en electricidad para 2030, hasta lograr un sistema eléctrico cien por cien renovable en 2050. Para impulsar el desarrollo de instalaciones a partir de estas tecnologías, el Gobierno propone fijar unas cuotas de penetración de dichas fuentes por periodos de cinco años y realizar subastas anuales por un mínimo de 3.000 megavatios entre 2020 y 2030, es decir, un total de 30.000 MW de los entre 50.000 y 60.000 MW que serán necesarios.

Esta medida ya ha suscitado la crítica de la CNMC, que considera que las subastas no serán necesarias al existir un interés suficiente para invertir en el sector, al igual que no hay subastas para instalar otro tipo de negocios. La nueva Ley también pretende fomentar el uso del biometano, hidrógeno y otros combustibles sintéticos fabricados con materias primas renovables, el uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte aéreo, y permitir la inyección de gases renovables en la red de gas natural. Respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, el Gobierno busca reducirlas un 20 por ciento en 2030 y un 90 por ciento en 2050. Una de las medidas más polémicas que plantea el borrador -y que ha causado el rechazo del sector-, es la de prohibir la matriculación y venta de turismos y vehículos comerciales impulsados con combustibles fósiles a partir de 2040, para conseguir, en 2050, un parque de vehículos sin emisiones de CO2. En esta línea, los titulares de instalaciones de suministro de combustible y carburantes estarán obligados a instalar puntos de recarga eléctricos.

Con este borrador, muy amplio en los contenidos y poco concreto, el Gobierno da un primer paso aunque deja abiertas las grandes cuestiones como el futuro de las centrales nucleares o del carbón. Ahora quedará ver qué llega finalmente de todo esto al Congreso de los Diputados este mes de diciembre.